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La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada por 2 delitos fiscales, en el marco del caso Nóos (del griego 'mente' o 'intelecto'), un proceso por corrupción en el que están implicados su esposo y otras 16 personas, sentenció ayer un panel de jueces.
El tribunal panel rechazó el argumento de la fiscalía y un abogado de la Hacienda, de que el caso no debería ser juzgado ya que las autoridades estaban de acuerdo en que no cometió ningún delito y que debería enfrentar sanciones administrativas por evasión fiscal.
Pero los 3 jueces del caso rechazaron el argumento, de acuerdo con un comunicado del tribunal. Ratificaron el fallo previo de un juez investigador que llevó el caso durante 4 años y determinó que debía ser juzgada bajo las pruebas presentadas por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
Eso significa que Cristina, de 50 años, deberá responder por 2
delitos de evasión fiscal, que conllevan una pena máxima de 8 años de cárcel, por (supuestamente) no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido Iñaki Urdangarín, medallista olímpico de balonmano, reconvertido en empresario.
Conocida la decisión, el Palacio Real dio a conocer, en un comunicado, que respeta las decisiones de la Justicia, pero se negó a hacer otras declaraciones.
Cristina trabaja para un banco español en Suiza, donde vive con su familia, y ha estado excluida de eventos reales desde hace años debido al caso.
Su abogado, Miquel Roca, dijo a la prensa que estaba decepcionado por el fallo, pero que Cristina recibió la noticia "con la máxima serenidad y con todo el respeto que cualquier resolución judicial siempre merece".
Comparecerá ante el tribunal el 9 de febrero cuando comiencen los testimonios de los acusados, y se prevé que será la última en responder preguntas en actuaciones que deben finalizar el 26 del mismo mes.
Durante el proceso, los jueces deberán determinar si la pareja cometió abuso penal con la firma consultora de bienes raíces Aizoon es descripta en documentos judiciales como una "fachada" para financiar vacaciones de lujo, fiestas en su mansión en Barcelona y clases de salsa.
Es la primera vez que un miembro de la familia real española enfrenta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.
Urdangarín y otros enfrentan cargos de malversación de hasta 6,2 millones de euros (6,8 millones de dólares) en contratos presuntamente inflados o incumplidos.
El esposo de la infanta, el ex duque de Palma, está acusado de usar el título nobiliario para obtener los contratos para el Instituto Nóss que regenteaba con su socio Diego Torres.
El caso se ventila en Palma de Mallorca, capital de las islas Baleares, porque muchos de los negocios de Urdangarín que se investigan estaban radicados en las islas.
Alegó desconocimiento
En una comparecencia a puertas cerradas en 2014, Cristina alegó desconocer las actividades empresarias de su esposo.
Sin embargo, el magistrado investigador resolvió que podría ser juzgada por fraude fiscal presuntamente cometido en 2007 y 2008.
Los detalles del estilo de vida principesco de la pareja, que surgieron de la investigación realizada entre 2011 y 2014, indignaron a un país en crisis económica y con un desempleo de 27%.
Se considera que el caso fue también uno de los motivos de la abdicación del rey Juan Carlos, anunciada el 19 de junio de 2014, lo que llevó a la coronación de su hijo Felipe VI.
Antecedentes del operativo Nóos o Babel
El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarín o como Operación Babel, es un episodio de presunta corrupción política.
Comenzó en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos (entidad dirigida por Diego Torres e Iñaki Urdangarín dedicada a actos deportivos), Iñaki Urdangarín, ex duque consorte de Palma de Mallorca, y su exsocio Diego Torres.
Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos.
El 11 de enero de 2016 se celebró la vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares.
