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Los gobiernos de Venezuela y España escalaron ayer en un conflicto que incluyó el llamado a sus respectivos embajadores para elevar protestas de un Ejecutivo al otro, luego de que el martes el presidente venezolano, Nicolás Maduro calificara con dureza a su par español, Mariano Rajoy, tras la decisión del Parlamento ibérico de reclamar la liberación de opositores encarcelados en el país caribeño.
La Cancillería venezolana convocó anoche al embajador de España en Caracas, Antonio Pérez-Hernández y Torra, después de que el presidente Maduro anunciara anteanoche que prepara medidas de “respuestas integrales” para “dar la batalla” a Madrid, lo que desató el malestar en el Gobierno español, cuyo Ministerio de Exteriores convocó ayer al representante venezolano, Mario Isea.
Entre el conjunto de “respuestas integrales” a la actuación de España, Maduro citó medidas de carácter político, económico, social, diplomático, popular y mediático. “Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil Cortes que vengan de Madrid, así lo anuncio y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid; si nos buscan nos encuentran; ya nos encontraron pues, se acabó”, aseveró Maduro.
r sus propios problemas incluyendo el desempleo, la corrupción y los desalojos. “Vayan a opinar de su madre pero no opinen de Venezuela”, enfatizó. “Quiero tener buenas relaciones con toda España, con quienes gobiernan; quiero tener buenas relaciones con todos y con todas, pero ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo?”, recalcó y aseveró que Rajoy “tiene racismo histórico, racismo social”.
Maduro dijo que había ordenado a la canciller y al consejo de vicepresidentes de Gobierno que analicen la agresión de la que, aseguró, son víctimas los venezolanos “por parte de las élites corruptas y corrompidas de España”.
El embajador Isea fue recibido en el Ministerio por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez Olea, pues el canciller, José Manuel García-Margallo, acompaña al rey Felipe VI en una visita a las instituciones de la Unión Europea, en Bruselas.
El embajador Isea permaneció en la sede ministerial unos diez minutos y no hizo declaraciones a la prensa. La resolución del Congreso español pide la liberación “inmediata” del líder opositor venezolano Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros políticos del país encarcelados.
La declaración fue pactada por el conservador PP (Partido Popular) y el socialdemócrata PSOE (Partido Socialista Obrero Español), las fuerzas mayoritarias, y respaldada por varios grupos menores de centroderecha, mientras que fue rechazada por las formaciones de izquierda. En contra de la iniciativa del Congreso se pronunciaron los progresistas Izquierda Unida (IU), Bloque nacionalista gallego (BNG), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Amaiur, vinculado al movimiento independentista vasco.
El texto aprobado reclama al Gobierno español que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela y la comunidad internacional para lograr la puesta en libertad de estos líderes opositores. Al presentar la iniciativa en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, dijo en su discurso que “Venezuela era una democracia y dejó de serlo; se convirtió en una dictadura ante la mirada indolente del resto de Estados del mundo”, en lo que pareció una alusión crítica al resto de los países latinoamericanos.
El ex presidente del PP, José María Aznar, y el ex presidente socialista español, Felipe González, firmaron, junto a una veintena de ex presidentes conservadores -entre ellos el ex mandatario interino de Argentina, Eduardo Duhalde-, la Declaración de Panamá, durante la reciente Cumbre de las Américas, en la que se denuncia la “alteración democrática” que sufre Venezuela.
Este episodio se une a otros desencuentros en los últimos años entre los dos países. El más reciente fue a finales de octubre pasado, cuando Rajoy -en su condición de líder del PP- recibió a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. López está en prisión acusado de ser uno de los responsables de los hechos violentos durante las manifestaciones antigubernamentales de principios de 2014, que causaron 43 muertos y cientos de heridos.
Ese encuentro provocó el malestar de Maduro, quien llamó a consultas a su embajador en Madrid, que no volvió hasta finales de febrero. El martes, horas antes de la aprobación en el Congreso de la resolución sobre los opositores detenidos, el embajador Isea dijo en un acto público que desea que los partidos españoles “no hagan el juego” a quienes buscan la impunidad y quedar en libertad sin ser enjuiciados por delitos de violencia y terrorismo callejero.
