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Continúa en Santa Fe el juicio por la desaparición y muerte de Paula Perassi, la mujer de 36 años que fue vista por última vez en 2011 y cuyo cuerpo nunca apareció. La principal hipótesis es que la obligaron a abortar porque había quedado embarazada tras mantener una relación extramatrimonial.
En el marco del juicio a los nueve acusados, salió a la luz el último chat que la mujer, madre de dos hijos, mantuvo con un amigo el 17 de septiembre de 2011. Un día después la vieron con vida por última vez luego de salir de su casa en San Lorenzo, al norte de Rosario.
"Si no me ves más es porque pasó lo peor", advirtió Perassi. "Todo estará bien. No te va a pasar nada", intentó tranquilizarla José Luis Freijomil, un amigo de Gabriel Strumia, el empresario metalúrgico que era amante de Perassi y al que se está enjuiciando por la muerte y posterior desaparición de la mujer.
Las conversaciones entre Freijomil y Perassi eran habituales, al menos, por Facebook. El cruce le permitió al hombre enterarse de la relación extramatrimonial, conocer la noticia del embarazo e incluso llegar a sugerirle que lo interrumpiera. "¿Me podés decir qué hago? ¿Cómo m... hago para estar tranquila?", le planteó ella, entre molesta y asustada. "No voy a poner en riesgo mi vida para dejar felices a otros", advirtió, según lo publicado por Clarín.
En aquel momento, Perassi cursaba su sexta semana de embarazo. Le explicó a Freijomil que sólo confiaría en su ginecóloga, a la que conocía desde que era adolescente. Los estudios revelaron que existía la posibilidad de que tuviera dos embriones. Pero además confirmaba la presencia de dos quistes en el útero. "Tengo un riesgo alto. No puedo abortar. Me recomendó que lo tenga", detalló la desaparecida en los chats.
En la apertura de juicio oral y público, el fiscal Donato Trotta acusó a Gabriel Strumia, a su esposa Roxana Michl, a su empleado Antonio Díaz y a la partera Mirta Ruñisky por la desaparición de la mujer y el aborto sin consentimiento seguido de muerte, por lo que pidió que ellos sean condenados a la pena de prisión perpetua.
También pidió que se condene a los ex policías que investigaron el caso (Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli), a quienes acusó de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y destrucción de pruebas.
Finalmente, solicitó la pena de seis años de prisión por encubrimiento para el ex jefe policial de la localidad de San Lorenzo, Adolfo Puyol.
