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Mientras que el avance del coronavirus amenaza con poner en cuarentena a las protestas, el presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, presentó ayer una propuesta de reforma que busca modernizar y devolver el prestigio al cuerpo de Carabineros (Policía), muy criticado por su papel en la represión de las protestas sociales que están a punto de cumplir cinco meses.
"Carabineros son y deben seguir siendo ese pilar fundamental de nuestra República, da eficacia a las leyes (...) y se han ganado un cariño y un respeto que en los últimos tiempos se ha visto afectado y que es un fundamental para todos los chilenos recuperar", dijo el mandatario, quien cuenta con unos niveles muy bajos de aprobación ciudadana.
La reforma, que será presentada próximamente ante el Parlamento y para la que el mandatario pidió el apoyo de las distintas bancadas, está inspirada en un informe realizado por una comisión especial interdisciplinaria y consta de un centenar de medidas que giran en torno a tres ejes "orden público y derechos humanos, modernización y cercanía".
Entre las propuestas más relevantes, se encuentran aumentar el grado de transparencia de la institución, crear protocolos para el uso de las escopetas antidisturbios y otras herramientas, o la capacitación de funcionarios.
"Mañana (por hoy) se cumplen cinco meses desde el 18 de octubre y todos sabemos que para Carabineros han sido tiempos extraordinariamente difíciles. Quiero agradecer a todos y cada uno porque a pesar de los errores, sabemos que han entregado un esfuerzo y han demostrado su compromiso", señaló el mandatario.
Piñera, que desde el inicio del estallido ha apoyado a la institución y ha rechazado cesar al director pese a las denuncias por abusos, insistió en que las violaciones son hechos aislados y pidió “no confundir conductas de una institución con errores y faltas de algunos de ellos”.
El cuerpo policial se encuentra en el punto de mira desde el inicio de la crisis y ha sido acusado por organismos internacionales como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Right Watch (HRW) de hacer un uso excesivo de la fuerza y cometer graves violaciones a los derechos humanos en las marchas.
Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó el pasado octubre como un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de la capital para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.
La crisis ya ha dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
Con una proyección de 100 mil infectados de coronavirus a fin de abril, y con severas restricciones de movimiento por parte del Gobierno nacional, las protestas han ido mermando en los últimos días. Sin embargo, dirigentes de agrupaciones y sindicatos dijeron que el aplazamiento no implica que en el futuro no habrá más movilizaciones.