Apelando a una posible sanción económica a los funcionarios responsables, el bloque del PJ en Diputados solicitó ayer que Fiscalía de Estado intervenga en 60 pedidos de informes que se hicieron el año pasado y que todavía no tienen respuestas.
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Apelando a una posible sanción económica a los funcionarios responsables, el bloque del PJ en Diputados solicitó ayer que Fiscalía de Estado intervenga en 60 pedidos de informes que se hicieron el año pasado y que todavía no tienen respuestas.
Se trata de distintas áreas del Gobierno provincial a la que la Legislatura les solicitó información que no fue respondida, cuando el plazo indica que no pueden superar los 20 días. Ante esto, el bloque opositor presentó, nuevamente, la intervención del fiscal de Estado, Fernando Simón, para que aperciba a los funcionarios que incumplieron con sus informes.
Una situación similar se dio el año pasado, cuando los justicialistas se quejaron de la falta de respuesta de los funcionarios del Ejecutivo. Ante esto, Simón intimó a una respuesta y sólo algunas áreas no presentaron su respuesta, por lo que fueron apercibidas.
Los amonestados fueron funcionarios del área de Economía, de Salud, dos en Seguridad, uno en Vialidad y otro en Registro de Adopción. Estos responsables son los que, según la ley 5736, podrían sufrir una multa si se comprueba que volvieron a incurrir en la misma falta. Según la ley, la multa corresponde al 25% del sueldo bruto correspondiente a la clase tercera de la Dirección General de Escuelas.