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La detención de Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, imputada por enriquecimiento ilícito, es interpretada por analistas y opositores como un intento gubernamental por limpiar la imagen del mandatario, afectada por una denuncia que frustró sus aspiraciones de reelección.
“Una sanción penal contra una persona que probablemente se ha aprovechado de una relación para enriquecerse ilícitamente puede ayudar a que las sospechas que todavía permanecen sobre la palabra del presidente, puedan ser disipadas”, explicó el analista político Gustavo Pedraza a la red televisiva PAT.
Puntualizó que “es un tema que afectó a la figura máxima del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido en el poder). Todos los esfuerzos que va a hacer el MAS a partir de ahora es restaurar esa confianza y levantar cualquier mínima sospecha que haya sobre el presidente”.
Aprehendida el pasado viernes, Zapata pasó la noche en una celda policial a la espera de que el juez cautelar decida continuar su detención preventiva o su puesta en libertad.
En las primeras pericias, Zapata se acogió el derecho al silencio. De acuerdo a la legislación boliviana, la detención preventiva puede extenderse como máximo por 24 horas, periodo dentro del cual debe pronunciarse un juez cautelar.
Ramiro Guerrero, Fiscal General de la Nación, anunció ayer que, tras haberse cumplido los plazos procesales, se presentó "la imputación formal contra Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en el grado de complicidad.
Están también involucrados dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, cuya detención se instruirá en las próximas horas.
