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Un día después de que millones de manifestantes en todo Brasil salieran a las calles a exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff, el jefe de gabinete de ella reconoció ayer el descontento popular con la clase política del país, pero aseguró que la débil economía es la razón principal de que las protestan hayan tenido tanta convocatoria.
Las declaraciones de Jacques Wagner, hechas en una conferencia que siguió a una reunión de Rousseff con sus asesores, fueron el primer intento del gobierno para tratar de explicar lo que los principales diarios brasileños calificaron como las mayores marchas en la historia del país.
Se calcula que unas 3 millones de personas participaron en más de 100 marchas en todo el país, las mayores desde 1984, cuando muchos brasileños exigieron elecciones presidenciales directas cuando el país todavía era gobernado por la dictadura militar, de acuerdo con el diario Folha de San Pablo.
Los analistas coinciden en que las protestas del domingo representan una fuerte manifestación de insatisfacción que sólo complica la de por sí difícil posición de Rousseff. La mandataria lucha contra un posible juicio político en el Congreso en medio de la peor recesión en décadas y una extensa investigación por corrupción que se ha centrado en figuras clave de su Partido de los Trabajadores.
“Sorprendido por la fuerte respuesta del domingo, el gobierno ha sido puesto en alerta de que necesita actuar rápidamente”, para evitar el juicio a Rousseff, reportó Folha el lunes.
Wagner dijo que el gobierno estaba interpretando las movilizaciones del domingo como una señal de que “las personas están hartas de la clase política”.
Agregó que “todo contribuyó” a que la gente saliera a las calles. Opinó que “lo principal son las vidas de las personas, es decir la economía”.
“Si todo está bien, los ciudadanos no están mirando”, señaló en declaraciones transmitidas por G1, el portal en internet de la cadena Globo.
La reunión de ayer en el palacio presidencial de Planalto fue vista como un intento de planear un camino para avanzar y asegurar apoyo en el Congreso que será necesario para frenar un juicio. Se espera que en algún momento de la semana, el líder de la cámara baja Eduardo Cunha, enemigo de Rousseff, forme una comisión para comenzar el procedimiento judicial a la mandataria.
En un comunicado, el grupo estadounidense Eurasia Group, una consultoría de riesgos económicos y políticos, calculó que Rousseff no acabará su período de manera normal, el cual finaliza este año.
“Ahora pensamos que podría ocurrir para mayo y Rousseff no sobrevivirá”, según el comunicado.
Rousseff, quien ha dicho que no dimitirá, también está presionada por miembros de su propio Partido de los Trabajadores, que quieren que su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo en el gabinete e incorporando a otras personas a su elección, pero Lula está a la espera de que un juez de Sao Paulo determine si se le detiene por cargos de corrupción.
Las protestas del domingo agravaron la ya difícil situación de Rousseff, que además de la campaña de impugnación afronta una creciente investigación de fiscales federales sobre corrupción en la gigante petrolera estatal Petrobras, una pesquisa que se ha acercado a su círculo más cercano en las últimas semanas.
“El carácter pacífico de las manifestaciones de este domingo demuestra la madurez de un país que sabe cómo coexistir con opiniones diferentes y sabe cómo garantizar el respeto a sus leyes e instituciones”, afirmó la presidenta en un comunicado tras las protestas.
La marcha más multitudinaria se produjo en la capital económica del país, Sao Paulo, un bastión de descontento latente contra Rousseff y el Partido de los Trabajadores. La respetada encuestadora Datafolha estimó que unas 500.000 personas participaron en la manifestación y la policía estimó una participación de tres veces esa cifra.
En torno a un millón de personas participaron en la manifestación en Río de Janeiro, según sus organizadores.
Juez federal centralizará denuncias contra Lula
La juez brasileña que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por presunto lavado de dinero transfirió el caso al juez federal Sergio Moro que lleva el caso del megafraude en Petrobras.
La decisión fue tomada por el tribunal de primera instancia en San Pablo, de la magistrada Maria Priscila Hernandes Veiga, que había recibido una denuncia de la fiscalía contra Lula por "ocultación de patrimonio", una modalidad de lavado de dinero.
“Las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el ex presidente de la República Luiz Inacio Lula da Silva deben ser transferidas al 13er tribunal federal de Curitiba” del juez Sergio Moro, que lleva las causas relacionadas a la Operación Lava Jato (lavadero de autos), sobre una trama de sobornos en la petrolera estatal para financiar partidos políticos.
El caso en San Pablo estaba centrado en un apartamento del que el ex presidente e ícono de la izquierda brasileña niega ser propietario y que lo relacionaría supuestamente con una constructora implicada en el escándalo de Petrobras. Pero también está en la mira de Moro, que ordenó el allanamiento de la casa de Lula en el cinturón industrial de San Pablo hace diez días para llevarle a declarar forzosamente.
En aquella ocasión, los investigadores lo interrogaron sobre los presuntos “favores”" con los que poderosos grupos de la construcción implicados en el fraude lo habrían beneficiado.
“Es innegable el vínculo entre todos estos casos de la 'Operación Lavajato', así como lo es la vinculación de aquellos a este proceso, en que se imputa la práctica de crímenes a varias personas por la cesión del apartamento al ex presidente y su familia", dijo el comunicado de Veiga. AFP
