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El gubernamental Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez y los progresistas de Unidas Podemos y Más País muestran distancia a raíz de la dura sentencia contra los líderes del fallido proceso de secesión catalán de 2017, una decisión que ya está condicionando las alianzas y el futuro político de España de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.
El conflicto de Cataluña es desde hace tiempo uno de los temas en los que discrepan el PSOE y Unidas Podemos, de ahí que Sánchez utilizó ese argumento para rechazar la entrada del líder morado Pablo Iglesias en un gobierno de coalición tras los comicios de 28 de abril.
Sin embargo, el reciente -y polémico- fallo del Tribunal Supremo, que condena a entre 9 y 13 años de prisión a los dirigentes independentistas que protagonizaron un intento fallido de secesión hace dos años, profundiza la brecha.
Después de que el presidente Sánchez exigiera en su primera reacción política "respetar y cumplir de forma íntegra la sentencia", -descartando indultar a los secesionistas, Iglesias aseguró que el líder del PSOE, y candidato a la reelección, ya tiene "una excusa estupenda" para ponerse de acuerdo con el conservador Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos.
"Primero se unen para aplaudir una condena que no resuelve nada. Luego profundizarán la reforma laboral, dejarán que los alquileres sigan subiendo y mantendrán los privilegios fiscales de los ricos", escribió en Twitter.
"Para el PSOE, Cataluña es la excusa para gobernar con PP y Cs (Ciudadanos) tras el 10N", añadió Iglesias haciendo referencia a la fecha de la repetición electoral, tras la cual Sánchez, probablemente, tendrá que buscar apoyos al margen de su partido para formar un nuevo gobierno, a menos que alcance la mayoría absoluta de los votos, algo que no augura ningún pronóstico.
Iglesias incluso se mostró sorprendido por la respuesta de Sánchez a la sentencias del "procés" alejando la posibilidad del indulto, cuando dirigentes de su propio partido fueron indultados tras pasar tres meses en prisión, en referencia al ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
Estos dos políticos socialistas fueron condados en 1998 por un secuestro de GAL, las brigadas parapoliciales a cardo de la "guerra sucia" contra los separatistas vascos de ETA.
Desde el PSOE, la vicepresidenta Carmen Calvo y la vocera parlamentaria socialista, Adriana Lastra, utilizaron la reacción de Iglesias para reforzar su postura contraria a un hipotético gobierno de coalición progresista. "Está a la vista que contemplamos de manera muy diferente lo que significa la división de poderes, lo que significa afrontar la situación de Cataluña dentro de la ley y de la política, del acuerdo y del diálogo", dijo Calvo.
"Nunca (Iglesias) se ha posicionado del lado del gobierno en el debate territorial. Vuelve a abandonar al gobierno", apuntó Lastra.
Iglesias, por su parte, aclaró que si compartiera gobierno con los socialistas, su posición sería de "lealtad" con Sánchez, aunque "habría tratado de convencerlo para defender "una posición más garantista".
La reacción de Sánchez a la sentencia también motivó críticas por parte del ex podemista Íñigo Errejón, líder de Más País, un partido progresista de reciente formación, que aspiraba a ser aliado parlamentario del PSOE incluso permitiendo que Sánchez gobierne en solitario.
Errejón acusó al socialista de tomar una "posición partidista" respecto al fallo contra los secesionistas, y le advirtió que "reaccionó tarde y con amenazas", con lo que, en su opinión corre el riesgo de caer en la "inacción" como el ex presidente conservador Mariano Rajoy.
"En Cataluña hay un problema político y solo puede resolverse con una solución política", aseguró Errejón, en línea con sus ex compañeros de Podemos, y distanciándose del PSOE en el asunto que amenaza con dominar la campaña.
"Esta crisis que tiene el Estado español está ligada directamente con la crisis política de Cataluña", remarcó el presidente catalán, Quim Torra, refiriéndose al bloqueo político que impidió la formación de un nuevo gobierno en España tras los comicios de abril y llevó al país a una repetición electoral.
La policía regional de Cataluña cargó contra grupos independentistas que lanzaron objetos contra agentes, en una manifestación a pocos metros de la Delegación del Gobierno español.