La salida del ahora exfuncionario mendocino se produce en un contexto de cuestionamientos al sistema de subsidios y al control estatal en el AMBA.
El Ministerio de Economía informó que la salida del funcionario se debió a “motivos personales”, en medio de versiones que vinculan su alejamiento a una denuncia por presuntas irregularidades en el sistema SUBE.
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Archivo / Los Andes La sorpresiva renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte de la Nación, presentada en la noche del miércoles, abrió un nuevo foco de atención sobre el funcionamiento del sistema de subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Oficialmente, desde el Ministerio de Economía se informó que la salida del funcionario mendocino obedeció a “motivos personales”, aunque en las horas posteriores trascendieron versiones que vinculan su alejamiento con una denuncia por presuntas irregularidades en el sistema de la tarjeta SUBE.
Los Andes intentó comunicarse con el ahora exfuncionario nacional para conocer su versión sobre la salida de la Secretaría de Transporte y las acusaciones vinculadas al esquema de subsidios en el AMBA, pero no obtuvo respuesta.
Pierrini había llegado al Gobierno de Javier Milei de la mano de Juan Pazo, extitular de ARCA, con quien compartía antecedentes en el sector asegurador. Antes de asumir en la función pública, se desempeñaba como presidente de Triunfo Seguros, una compañía con fuerte presencia en la región de Cuyo.
Tras la salida de Pierrini, el arquitecto Fernando Herrmann fue designado como nuevo secretario de Transporte. Proviene de la actividad privada y no cuenta con antecedentes previos en el área.
En paralelo, trascendió que Caputo, con aval de Karina Milei, avanzaría en un mayor control sobre el área aerocomercial, en un contexto de crecientes cuestionamientos por la situación de empresas como Flybondi.
La denuncia fue presentada por la Asociación Arco Social, que apuntó tanto contra el Ministerio de Economía como contra la Secretaría de Transporte por presuntas irregularidades en el esquema de subsidios.
En el escrito se sostiene que determinadas empresas habrían manipulado las validaciones de la tarjeta SUBE, trasladando viajes de tramos cortos a secciones tarifarias más largas, lo que incrementa automáticamente el monto de las compensaciones estatales percibidas, sin que existiera un aumento real de pasajeros transportados ni de kilómetros recorridos.
Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, señaló que en diciembre de 2025 existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte, sin que se hayan adoptado medidas correctivas o auditorías efectivas.
En ese sentido, remarcó una posible “responsabilidad por omisión funcional” de las autoridades encargadas de la supervisión y ejecución presupuestaria.
La Nación detalló que la empresa de colectivos La Nueva Metropol, propiedad de la familia Zbikoski, habría entregado boletos correspondientes a recorridos más largos a pasajeros que realizaban viajes cortos, con el consecuente impacto en el cálculo de los subsidios.
Desde la empresa desmintieron la acusación y atribuyeron la denuncia a una interna empresarial impulsada por el Grupo DOTA, uno de los principales actores del transporte urbano en el AMBA.
La Nueva Metropol sostuvo que no existió una maniobra fraudulenta y que las variaciones detectadas en las secciones tarifarias responden a cambios introducidos por la resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte, que modificó el esquema de cálculo de las compensaciones.
Esa norma buscó desplazar el eje del sistema desde variables de oferta, como kilómetros recorridos o consumo de combustible, hacia indicadores de demanda real, utilizando datos de la tarjeta SUBE y el índice de pasajeros por kilómetro (IPK).
Sin embargo, las cámaras empresarias denunciantes señalaron que los cambios en los registros mostraron patrones repetidos y estadísticamente significativos en varias líneas operadas por el Grupo Metropol, con caídas en las secciones cortas y aumentos casi equivalentes en las más largas.
Según estimaciones del sector, el impacto económico de estas maniobras podría rondar entre $2.000 y $3.000 millones mensuales.