Uno de los espectáculos de más larga duración presenta a un conjunto vertiginoso de personajes cuya teatralidad aparece en millones de televisores la mayoría de las noches.
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Uno de los espectáculos de más larga duración presenta a un conjunto vertiginoso de personajes cuya teatralidad aparece en millones de televisores la mayoría de las noches.
El reparto de 594 personas, en constante cambio, incluye a sospechosos acusados de asesinato y narcotráfico, ex jugadores de fútbol entrados en años, un campeón de judo, una estrella de música country y una colección de hombres barbados que han asumido papeles de líderes de movimientos de mujeres. El reparto incluye, incluso, a un payaso a quien le dicen Gruñón.
Sin embargo, no se trata de actores. Son hombres y mujeres que sirven en la Legislatura nacional.
La democracia puede tener altibajos y se puede deformar en cualquier parte, pero, al Congreso brasileño, son pocas las cosas que se le parecen.
Mientras el país atraviesa por la peor agitación política en una generación, los legisladores que han estado organizando la destitución de la presidenta Dilma Rousseff han quedado, ahora, bajo un renovado escrutinio.
Más de la mitad de los legisladores del Congreso enfrentan acciones judiciales por casos en el tribunal de auditorías que implican contratos públicos y hasta delitos graves, como secuestro o asesinato, según Transparencia Brasil, una organización que monitorea la corrupción.
Los personajes que están bajo investigación incluyen al presidente del Senado y al nuevo presidente de la Cámara baja. Apenas este mes, expulsaron al anterior presidente, un cristiano evangélico, comentaristas de radio, dado a publicar versos bíblicos en Twitter, para que sea enjuiciado por cargos de haber ocultado unos 40 millones de dólares en sobornos, en cuentas bancarias en Suiza.
Muchos de los problemas de la Legislatura surgen de las generosas recompensas que se encuentran en el sistema partidistas de múltiples cabezas que hay en Brasil, una colección de docenas de organizaciones políticas, difíciles de manejar, y es frecuente que los nombres y programas dejen perplejos a los brasileños.
Está el Partido de la Mujer Brasileña, por ejemplo. Todos los legisladores que tiene en el Congreso son hombres. A uno de los que se unió al partido, el senador Hélio José da Silva Lima, lo acusaron de haber abusado sexualmente de su joven sobrina el año pasado, pero después se desistieron de los cargos.
La misma furia por la corrupción endémica y la mala gestión que ayudaron a sacar del poder a Rousseff, se ha dirigido, de tiempo atrás, contra la camarilla de políticos, en su mayoría hombres blancos cuya inclinación a los tratos por debajo del agua y el autoenriquecimiento, se ha convertido en parte de la sabiduría popular brasileña.
Con 28 partidos que tienen bancas, el Congreso brasileño es el más fracturado del mundo. La segunda legislatura, la de Indonesia tiene un tercio menos de partidos.
Los partidos tienden a usar palabras como “democrático”, “cristiano” y “republicano” en su nombre, aunque “laborista” les gana a todas. Entre ellos están el Partido Laborista de Brasil, el Partido Laborista de Brasil, el Partido Laborista Cristiano, el Partido Renovador Laborista Brasileño y el Partido Laborista Nacional. En aras de la diversidad, también están el Partido de la Causa de los Trabajadores y el de Rousseff, el otrora dominante Partido de los Trabajadores.
Las encuestas de opinión han mostrado que 70 % de los brasileños no puede recordar a qué partidos pertenecen los candidatos por los que vota, y que dos tercios del electorado no tienen preferencia por ningún partido.
Más importante, dicen los expertos, es que la mayoría de los partidos no abraza ninguna ideología, ni programa, y son simples vehículos de clientelismo y sobornos. En una gestión típica de cuatro años, uno de cada tres legisladores federales cambiará de partido, algunos en más de una ocasión, según un conteo que hizo Marcus André Melo, un politólogo en la Universidad Federal de Pernambuco.
Los legisladores brasileños están entre los mejor pagados del mundo, dicen académicos, y reciben generosos estipendios que van mucho más allá de los salarios mensuales. También reciben vivienda, atención de la salud y muchos empleados en forma gratuita, además de gozar de inmunidad contra las persecuciones. Solo la Corte Suprema, saturada de trabajo, los puede enjuiciar por cargos criminales, un proceso que puede llevarse años.
Aun cuando el presidente dirige a uno de los países más grandes del mundo, debe forjar coaliciones con hasta una docena de partidos para conseguir que se aprueben leyes en el Congreso. Es frecuente que el precio de la lealtad sea un cargo ministerial, o tres, dependiendo de cuántos votos puede aportar el partido.
En algunos casos, la cooperación implica un intercambio ilícito de dinero en efectivo. En el 2005, con el escándalo conocido como “mensalao”, o gran pago mensual, se reveló la generalización de tales arreglos. Para obtener votos en el Congreso, el partido del ex presidente Lula, el mentor de Rousseff y adalid del Partido de los Trabajadores, le había estado pagando un estipendio de 12.000 dólares mensuales a los legisladores obedientes.
El escándalo de sobornos más reciente -conocido como “Lava Jato”- ha resultado ser todavía más grande, con miles de millones de dólares de Petrobras, la compañía petrolera nacional, en sobornos para los partidos políticos. Más de 200 personas, desde magnates empresariales hasta dirigentes partidistas, han estado implicados en el escándalo y se espera que aumente la cantidad.
