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Con respecto al principal instrumento que tenemos para equilibrar los excedentes vínicos a fin de que esto contribuya a mantener la rentabilidad de los productores primarios vitivinícolas, creemos fundamentalmente que, desde su creación, en el año 1994, mediante la Ley 6.216, se ha desvirtuado, a través de los años, el espíritu de la misma, es decir, el sentido y objetivo del Acuerdo Mendoza-San Juan.
En primer lugar, la ley menciona a los “establecimientos vitivinícolas inscriptos en el INV”, como los que tienen que cumplir con el porcentaje destinado a mosto, no así los productores primarios, a los que no se les impone en la citada ley cumplir con esta obligación.
Sin embargo, en la realidad, el “uso y costumbre” es que los establecimientos trasladen al productor esta obligación. Por otro lado, son los únicos que no tienen excepciones o “incentivos”.
Así, muchos productores que han reconvertido sufren el castigo de tener que hacer mosto con varietales finos.
Como contrapartida a esto, se implementó un mecanismo de “incentivos” a las exportaciones, entre otros, (Art. 2º - inc. C- Decreto 1.468 del 4-10-2002), mediante el cual los establecimientos que exporten van a estar exceptuados de hacer mosto, de acuerdo al volumen exportado.
Esto no constituiría un mal mecanismo en el momento en que se instauró, pero lo cierto es que en los últimos años las exportaciones de blanco escurrido han sido prácticamente nulas, no así la de los varietales finos, pero éstos no son excedentarios. Pero desde hace unos años este mecanismo no está funcionando para impactar directamente sobre los excedentes de blanco escurrido.
Como ejemplo podemos citar lo que ocurrió en la cosecha 2015, cuando se determinó que se debía hacer el 35% de mosto por el impresionante volumen de excedentes de blanco escurrido, y en realidad la “contribución” para reducir el volumen del mismo fue de 19,41%, pues así quedó el “cumplimiento” de Mendoza:
Elaboración de mosto: 19,41%
Incentivo por export: 10,00%
Incumplimiento: 5,00%
Total: 34,41%
Si coincidimos en que no hubo prácticamente exportaciones de blanco escurrido, ese 10% no contribuyó a quitar excedentes, porque su composición fue de vinos varietales finos, que no son excedentarios.
Debería implementarse un sistema más equitativo, de manera que el porcentaje destinado a mosto recaiga sobre todos por igual, así el impacto sería proporcionalmente menor, y según el cual las excepciones (mal llamadas “incentivos”) sean relacionadas única y directamente con la disminución del volumen de los vinos que son excedentarios.
Con respecto al “incumplimiento por no hacer mosto, debemos poner la mirada en que, hay bodegas que incumplen sabiendo que después van a tener algún tipo de ‘perdón’ en el pago de la Contribución Obligatoria”.
En efecto, como ejemplo citamos la sanción por parte de la Legislatura provincial de la Ley 8.022, el 10-03-2009, en la cual se establece la “Implementación de acuerdos de pago para la cancelación de las contribuciones obligatorias impagas por los períodos: años 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 -2003 - 2004 y 2005 “, invocando el Art. 3º de la Ley 7.148, por la cuál se establecen quitas y condonaciones del 50%.
Quiere decir que a los que incumplieron, en algunos casos durante 8 años se los termina premiando con quitas del 50%.
Deberían implementarse medidas más duras al respecto, sobre todo con la desnaturalización y destilación inmediata del volumen de vinos que no debieron hacerse y si existe algún impedimento legal al respecto, adecuar la legislación para que se cumplan las penas impuestas y no se siga perjudicando a la mayoría de productores primarios.
Con referencia a los cupos que tienen asignados los establecimientos elaboradores de mosto, cuyo 30% se distribuye “a terceros establecimientos a su elección” y el 70% remanente es distribuido por la Comisión Asignadora de Cupos; éste mecanismo hace que sirva, en definitiva, para no hacer mosto. No se entiende la razón de generar estos cupos, cuando en realidad el establecimiento elaborador de mosto realiza más del porcentaje establecido por ley, porque es su negocio, simple y llanamente.
En resumen, no deberían implementarse mecanismos que no impacten directamente en la absorción de los excedentes de blanco escurrido. De otra manera, este excedente garantiza que no solamente los precios de éste sean bajísimos, sino que bajen también los precios de los varietales finos, que no son excedentarios.
Por esto no debe crearse una falsa y mal intencionada división entre las uvas comunes y las varietales finas, hablando “de las uvas que no tienen mercado y las que sí lo tienen”. Si bien las uvas comunes, con las que se elabora el blanco escurrido, tienen cada vez menos mercados, no se debe soslayar que, mientras no resolvamos el excedente de blanco escurrido, perjudicamos a muchísimos productores que han reconvertido a varietales finos y beneficiamos a un sector de la industria, al cual el sobrante de escurrido le asegura materia prima barata y a pagar a los plazos más agobiantes y leoninos, comparándolos con cualquier otra actividad económica del país.
El problema es de la estructura vitivinícola en general, y así, en conjunto, se debe solucionar.
Por todo lo expuesto es que debe implementarse un fuerte proceso de reconversión voluntaria a uvas varietales finas. Como esta acción debería hacerse en su mayoría con fondos nacionales y públicos, habrá que asegurar la eficiencia del citado proceso, con fuertes acciones para que no se siga implantando este tipo de uvas, y esto se logra con una prohibición de implantación de variedades con las que se elaboran los vinos excedentarios.
Para sostener esta afirmación me remito a las declaraciones del actual presidente del INV (Los Andes 13-2-16): “En los últimos 15 años se plantaron 6.800 hectáreas de uva cereza”. También esto debe hacerse con las uvas tintoreras, que sirven para “inventar vinos tintos”, castigar al que reconvirtió y engañar al consumidor.
En síntesis, las reformas que es necesario realizar, deben ser para el bien común de toda la vitivinicultura y no para proteger los intereses de unos pocos, que se benefician con los precios bajos, un financiamiento gratuito, etc., generando el abandono de fincas, desempleo y marginación en las áreas rurales y problemas sociales que después quedan a cargo del Estado.