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Con casi 40 años entre viñedos, Eduardo Córdoba es el actual presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza. En entrevista con Los Andes, el productor e ingeniero agrónomo comentó cuáles son las dificultades que encuentra el eslabón más débil de la cadena y cuáles son los pedidos concretos que el sector hace al Estado para mejorar la rentabilidad y disminuir los costos del productor primario.
-¿Cómo viene la vendimia 2018?
-Como lo anunció el INV, tendremos un incremento promedio del 20% en volumen en comparación al año pasado, con una vendimia que rondará en Argentina los 22 millones de quintales de uva.
-Y, ¿en calidad?
-Tenemos una cosecha de calidad excepcional. Durante 2017 y los primeros tres meses de 2018 tuvimos una vendimia muy tranquila en lo que respecta a clima. No hemos tenido muchas lluvias, sequía, ni piedras. Por lo tanto, la sanidad de los viñedos en general es muy buena.
Además, el vigor de los brotes que están apareciendo también es óptimo, lo cual permitirá hacer una muy buena poda para el próximo año.
Por todos estos motivos y al encontrarnos ante una cosecha muy buena en cantidad, es que necesitamos que la decisión en cuanto al porcentaje de mosto (Acuerdo Mendoza-San Juan) que están analizando los gobiernos, sea el correcto.
-¿Cuál es la problemática en este aspecto?
-Los productores necesitamos que entre los Ejecutivos lleguen a un acuerdo y que el porcentaje sea el correcto técnicamente en base a los meses de stock que tenemos. Es por ello que desde la Asociación consideramos que debería enviarse entre el 25% y 27% de la producción a este destino. De este modo, lograremos tener disponibilidad de vino y meses de despacho que garantizarán el precio de la uva.
-En base a ello, ¿cómo se está moviendo el mercado de uvas?
-Los precios de la uva se van definiendo. Hasta el momento se está hablando de valores similares al año pasado y en algunos casos, un poco más altos que en la vendimia 2017.
Para un Chardonnay, por ejemplo, se está hablando de precios que van de $ 10 a $ 12 el kilo. Para un Malbec del Este se están pagando $ 17 el kilo, y para uno de Valle de Uco, por encima de los $ 26. En tanto, la uva Ancelotta de San Martín se está pagando a $ 18 pesos y en otras zonas un poco más.
Para el caso de las mezclas, la gran producción del Este se está comercializando a $ 4,5 el kilo y en algunos casos a $ 5, mientras que para el Syrah se están pagando $ 12 y para el Tempranillo $ 11 el kilo.
-¿La forma de pago sigue siendo un inconveniente?
-La forma de pago es terrible. Lo que sucede es que el productor deja la uva al bodeguero y en ese momento no se cierra el trato en cuanto a valor. El precio, por lo general, se termina definiendo al final de la cosecha. En ese momento, la bodega es la que tiene el poder, porque la materia prima ya está dentro de su establecimiento. Por ello, el precio que se acuerda de palabra a comienzo de la cosecha muchas veces termina siendo más bajo.
Otro problema es que por lo general la bodega paga al productor el 10% o el 15% de forma anticipada, y el resto lo estira en 8 ó 10 cuotas, con el primer pago en junio. Con ese mecanismo siempre estamos detrás de la inflación. El productor permanentemente paga precios nuevos con ingresos viejos.
-¿Qué alternativas hay para revertir ese problema?
-Desde la Asociación hemos hablado con el INV y con el Gobierno para ver la forma de que ellos intermedien y nos ayuden a establecer un contrato de compra/venta de uva o elaboración de vino, en la que se especifique el precio y la forma de pago.
-¿Por qué en un contrato entre privados deberían entrar el Gobierno y el INV?
-Pedimos el apoyo del Instituto en la difusión de datos e información de cosecha, de manera sectorizada y detallada, por zona y variedad. Con esto logramos tener un mayor poder de negociación y es útil para poder definir la cantidad de uva de cada vendimia.
Del lado del Gobierno, consideramos que el Estado debería fortalecer al eslabón más débil de la cadena. Nosotros en el campo generamos trabajo, brindamos vivienda, comida, generamos riqueza y, sobre todo, ayudamos a que la gente se quede en el campo y no migre a la Ciudad.
En este esfuerzo por sobrevivir necesitamos mejores precios para poder solventar los costos. Para ello, pedimos que el Estado de alguna manera intervenga para que las condiciones de pago y valores queden fijas cuando se entrega la materia prima.
-¿En qué están trabajando desde la Asociación?
-Además de esto, estamos buscando establecer acuerdos de mediano y largo plazo entre productores y bodegas, a 4 o 5 años. Este mecanismo dará certeza al elaborador y a la bodega.