Impacto a nivel internacional ha tenido el fallo judicial estadounidense que ordena a la Argentina a ceder la mayoría accionaria de la empresa YPF al Fondo Burford Capital.
El sacudón producido por la decisión judicial estadounidense justifica una recapacitación de la política y la justicia argentinas.
Qué puede hacer Argentina para no tener que pagar US$ 16 millones por el juicio de YPF
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Impacto a nivel internacional ha tenido el fallo judicial estadounidense que ordena a la Argentina a ceder la mayoría accionaria de la empresa YPF al Fondo Burford Capital.
La demorada decisión de la jueza Loretta Preska es el lamentable final del proceso iniciado como derivación de la estatización de la petrolera durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012. La pregonada nacionalización se llevó a cabo mediante la expropiación de acciones a la petrolera española Repsol.
Se trata de una resolución judicial que inevitablemente debía preverse. El resultado, que se encuentra en proceso de apelación por parte del gobierno de la Nación, es la consecuencia de la falta de una serie de acciones a lo largo de los años transcurridos desde aquella estatización.
Este fallo no sólo condena socialmente a los funcionarios que en su momento cometieron un atropello político, como fue hacerse de la mayoría accionaria de YPF sin medir consecuencias y basándose sólo en su fanatismo; también obliga a poner la mirada sobre la Justicia, ya que sus miembros no actuaron en todo este tiempo con la rapidez requerida para evitar la penosa situación económica que sigue acosando a nuestro país.
¿Debió resolver la justicia argentina? Hay opiniones a favor muy contundentes en ese aspecto, porque el caso “durmió” en todos estos años en un juzgado federal, el del doctor Ariel Lijo, que no actuó en lo que fue considerado como un fraude al Estado que de no haberse producido hubiese evitado, obviamente, la demanda en los tribunales de Estados Unidos que terminó comprando el fondo Burford, justamente denominado “buitre” por su manera de operar, como tantos otros consorcios.
Este desenlace, vale reiterar, es consecuencia de lo que en su momento constituyó una estrategia del gobierno kirchnerista, con el argumento de una suerte de repatriación de una empresa, a no dudarlo, emblemática cuando lo que evidentemente se buscaba era llevar a cabo un claro despojo con fines políticos que comprometió una vez más la imagen institucional del país.
Destacados juristas argentinos coinciden en que la operación aquella constituyó una confiscación detrás del argumento de soberanía argentina sobre el manejo del petróleo, postura que, en su estrategia de concentración de poder, esgrimió el fuerte oficialismo de entonces para levantar banderas de autoridad.
Entre las consideraciones, la condena sobre la Argentina obedece a la violación del estatuto de YPF en el momento de la estatización por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa línea de argumentación consolida la existencia de un accionar deliberado, aunque haya sido visto en alguna medida como una torpeza, porque salió de los cánones del derecho. En síntesis, como una “avivada” que resultó muy onerosa para el país.
Mientras se tramita la apelación bueno sería que el tremendo sacudón, que terminan pagando todos los habitantes del país, haga recapacitar a la dirigencia política en su conjunto, y también a la Justicia, sobre la tremenda importancia de combatir y desmontar la corrupción, para que nunca más un determinado sector político considere al patrimonio del país como propio.