Nuestro sistema presidencialista necesita de un marco mínimo de consenso que evite un conflicto entre los dos poderes políticos del Estado. No es del todo aceptable que el Ejecutivo gobierne mediante decretos y la aplicación de vetos a las medidas que dispone el Legislativo. Pero más anómala puede resultar la atribución legislativa de aplicar disposiciones que le competen a aquél encontrándose en pleno uso de sus facultades.
ATN a las provincias, 143 afirmativos, 90 negativos: aprobado en Diputados.
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Diputados Recientemente, en este mismo espacio de opinión, nos referíamos al conflictivo escenario institucional actual del país, que tiene como partícipes al gobierno nacional, y su escasa representación parlamentaria, y al kirchnerismo, con número suficiente de miembros para influir en las decisiones de ambas cámaras del Congreso.
Esa tensión, sosteníamos y reiteramos ahora, conduce a una suerte de deriva forzada po r una oposición que mayoritariamente busca apuntar lisa y llanamente a las medidas de equilibrio fiscal que impuso el gobierno desde el comienzo de su gestión, mientras desde las bancas del oficialismo tropiezan con el impedimento que significa su escasa representación.
Esta última falencia se acentúa, como ocurre por estos días, cuando el espacio libertario no puede garantizar el respaldo político obtenido al comienzo de parte de sectores aliados que le permitieron su Gobierno contar con el marco legal apropiado para implementar medidas que ahora ve caer.
En medio de estas turbulencias, en un discurso ante empresarios el presidente Javier Milei dijo, con su habitual fervor, que los legisladores “escupen en la cara de los argentinos”, refiriéndose a los aumentos de sus dietas y a los resultados adversos a los intereses del Gobierno surgidos del Congreso Y acotó que éste se encuentra “sometido por el kirchnerismo”, pretendiendo argumentar que muchos de los que en su momento avalaron las medidas de su elaboración ahora se someten a la principal fuerza de oposición.
En primer lugar, queda en evidencia que el kirchnerismo, a dos meses de las elecciones legislativas nacionales, busca obtener rédito político apuntando su apoyo a los sectores de la sociedad demandantes de mejoras salariales y laborales. Sin embargo, no es menor que, por ser minoría y por falta de manejo en la negociación política, el oficialismo haya quedado a merced de los intereses de gobernadores y sectores minoritarios que ahora le dan la espalda.
En ese contexto, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el oficialismo en general deben entender que los poderes del Estado ejercen su labor conforme lo marca la Constitución Nacional. Más allá del fervor actual de uno y otro lado de la escena partidaria, tanto el Ejecutivo como el Legislativo actúan conforme los cánones institucionales. Los supuestos excesos en las medidas que se toman desde el Congreso o que éste rechaza obedecen, principalmente, a la falta de predisposición al diálogo y búsqueda de entendimiento de las partes.
No obstante, este último aspecto es el que debe preocupar. Porque nuestro sistema presidencialista necesita de un marco mínimo de consenso que evite un conflicto entre los dos poderes políticos del Estado. No es del todo aceptable que el Ejecutivo gobierne mediante decretos y la aplicación de vetos a las medidas que dispone el Legislativo. Pero más anómala puede resultar la atribución legislativa de aplicar disposiciones que le competen a aquél encontrándose en pleno uso de sus facultades.
En otros años de elecciones el Congreso prácticamente se llamó a silencio. En cambio, en esta oportunidad se ha convertido en un campo de batalla sin mucho sustento. Tarea para la ciudadanía: tratar de entender el desaguisado.