16 de noviembre de 2026 - 17:56

Qué cambios en el RIGI fijó el decreto del Gobierno nacional: modificación con las empresas extranjeras

La normativa flexibilizó las condiciones para sumar socios, reorganizar compañías y computar dólares destinados a financiar grandes desarrollos.

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con cambios que buscan ampliar la participación de empresas radicadas en Argentina, facilitar reorganizaciones societarias y precisar las condiciones para cumplir los compromisos de inversión. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Uno de los principales ajustes redefine quiénes pueden ser considerados proveedores locales de los proyectos adheridos al régimen. A partir de ahora, para las personas jurídicas alcanzará con que estén constituidas y tengan domicilio en el país, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen del capital.

La modificación también alcanza a los plazos de inversión de los proyectos de exportación estratégica, los cambios en la composición de las sociedades y el cómputo de divisas provenientes de aportes de accionistas o de financiamiento externo.

Qué cambia para los proveedores locales

Hasta ahora, la reglamentación contemplaba condiciones que podían limitar la calificación de empresas con participación de capital extranjero. Con el nuevo criterio, una sociedad constituida y radicada en Argentina podrá ser considerada proveedora local aunque sus accionistas sean extranjeros.

De esta manera, la modificación distingue entre el origen del capital de la empresa proveedora y el origen de los productos que entrega. Para las personas humanas, se mantiene como referencia el domicilio fiscal en el país.

El director ejecutivo de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin), Diego Cons, le comentó a Los Andes que están analizando el decreto, pero que desde la entidad, "siendo consecuentes con el trabajo sectorial sostenido, insistimos con lo planteado oportunamente en la Mesa Federal, que no es otra cosa que aumentar las oportunidades y participación para proveedores de bienes y servicios argentinos con una visión federal y respetando anillos".

Sumó que esto va en línea con lo planteado también por la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) en Rosario -durante la primera ronda de negocios RIGI-, donde se mencionó que el desafío es que los proveedores y la industria argentina sean actores relevantes en el proceso de desarrollo de la minería.

El nuevo decreto redefine los requisitos para que empresas radicadas en el país sean proveedoras locales del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones).

El nuevo decreto redefine los requisitos para que empresas radicadas en el país sean proveedoras locales del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones).

Un plazo común para los grandes proyectos de exportación

El decreto también introduce precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. En estos casos, establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables.

La modificación apunta a diferenciar esa exigencia general de los compromisos de inversión correspondientes a cada etapa del proyecto. Según los fundamentos de la medida, así se busca evitar superposiciones o interpretaciones contradictorias entre los distintos hitos temporales.

El cambio no elimina las obligaciones de inversión previstas para las etapas individuales, sino que ordena su relación con la meta total que debe cumplir cada proyecto.

Cambios de socios y reorganizaciones sin perder los beneficios

Otro capítulo de la reforma está vinculado con la estructura societaria de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las empresas constituidas para desarrollar las inversiones incluidas en el RIGI.

La nueva reglamentación establece que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no afectará los derechos y beneficios obtenidos por el proyecto. Sin embargo, el monto pagado por esa compra no podrá computarse como inversión en activos computables para alcanzar los mínimos exigidos por el régimen.

También se habilita la cesión de participaciones y el ingreso de nuevos integrantes en estructuras asociativas, como las uniones transitorias de empresas. Estas operaciones deberán notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción.

El organismo tendrá 30 días corridos para formular observaciones. Además, el nuevo integrante deberá asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes. Según la reglamentación, el socio que se retire continuará respondiendo solidariamente por las obligaciones generadas hasta ese momento.

La norma incorpora, a su vez, la posibilidad de transferir integralmente los activos y obligaciones de una sucursal dedicada a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada para continuar el proyecto. La operación requiere autorización y permitirá mantener la fecha de adhesión original y los derechos del régimen, sin que se considere una nueva incorporación al RIGI.

La autorización no reemplaza los consentimientos de terceros que puedan ser necesarios para transferir concesiones, permisos u otros derechos.

Cómo se modifica el acceso a las divisas

El último eje de la reforma corresponde al mercado cambiario. El decreto adecua las condiciones para computar las divisas ingresadas y liquidadas en el país por los proyectos adheridos al RIGI.

Hasta ahora, el esquema contemplaba principalmente los fondos ingresados directamente por el vehículo del proyecto. Con la modificación, también podrán contabilizarse los dólares provenientes de aportes de accionistas o socios no residentes y de endeudamiento externo, siempre que sean liquidados por los accionistas o integrantes de la estructura empresarial.

Para que esos fondos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al proyecto y contar con registros contables que permitan seguir su recorrido y verificar su aplicación.

La norma también establece que el Banco Central podrá condicionar el acceso al mercado de cambios para las empresas que hayan recibido el beneficio vinculado con los cobros de exportaciones. En esos casos, podrá exigir que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que se demanden.

Con estos ajustes, el Ejecutivo busca dar mayor flexibilidad a la estructura financiera y societaria de los proyectos, además de ampliar las posibilidades de participación de empresas radicadas en el país en las inversiones alcanzadas por el régimen.

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