La lucha contra la inflación atravesó en los últimos meses una meseta que se resiste a quebrarse. Después de haber logrado una desinflación de gran magnitud, con registros interanuales que supieron superar el 84% a comienzos de 2025, el ritmo de aumento de los precios quedó prácticamente estancado desde agosto de ese año, con registros que oscilaron entre el 31% y el 34% anual. Esa persistencia, que ya lleva catorce meses, resulta llamativa porque convive con una política monetaria marcadamente restrictiva, que debería favorecer una desaceleración más pronunciada.
Los datos del índice de precios al consumidor confirman esa dificultad para seguir bajando. En septiembre la inflación se ubicó en el 1,9% mensual, con un componente núcleo del 1,7%, de modo que el acumulado de los primeros nueve meses del año alcanzó el 23,6% y la medición interanual el 33,4%. El impulso del mes provino sobre todo del rubro de vivienda, agua, electricidad y gas, que aumentó un 3,1%, seguido por educación, con un 3%, mientras que entre las grandes categorías los precios estacionales treparon un 2,9% y los regulados un 2,3%.
El corazón del problema reside en la inercia de los servicios, que concentran buena parte de la inflación remanente por su fuerte componente de indexación. Esos rubros ajustan sus precios en función de la inflación pasada, de manera que el aumento de un mes se traslada casi automáticamente al siguiente, generando un piso difícil de perforar. A ello se suma un componente de inflación todavía contenida en algunas tarifas, cuya recomposición pendiente constituye una presión adicional que aún no terminó de manifestarse. El resultado es una desinflación que avanza con extrema lentitud y a un costo creciente en términos de actividad.
Frente a ese panorama, y con el objetivo de apuntalar la economía sin desarmar los pilares de su programa, la actual administración anunció un paquete de micromedidas expansivas. En el plano tributario, anticipó la suspensión de embargos de ARCA para las pymes hasta mayo de 2027, la ampliación del plan de dieciocho cuotas a deudas vencidas hasta octubre y el uso de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras. Además, propuso a las provincias adheridas al RIGI y al REOR eliminar el impuesto a los sellos, con una compensación nacional equivalente a la mitad de la recaudación que resignarían.
El estímulo al crédito ocupó un lugar central en esa estrategia de reactivación. Se dispuso la flexibilización del crédito en dólares, que ahora puede destinarse en una mayor proporción a empresas no exportadoras, y se anunciaron líneas de financiamiento con tasas más bajas para la industria automotriz. También se anunció un programa para impulsar el crédito hipotecario, con hasta dos billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad canalizados mediante depósitos bancarios para financiar, según la estimación oficial, alrededor de 17.000 créditos para primera vivienda, con una tasa máxima de UVA más 7,5%, en un intento por dinamizar el mercado inmobiliario.
El abanico de medidas incluyó, además, iniciativas orientadas a sostener la actividad en sectores específicos y a reducir costos para el sector privado. Entre ellas se cuentan el congelamiento del boleto de los colectivos nacionales hasta comienzos de 2027, mediante un aumento de los subsidios estatales, la eliminación de autorizaciones previas para que las pequeñas y medianas empresas accedan al mercado de capitales, y la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión privada sin gasto público directo. Se trata, en conjunto, de un paquete heterogéneo que busca generar alivio inmediato sin comprometer las cuentas públicas.
La principal virtud de esta estrategia es, también, su principal limitación, porque se trata de medidas que apuntan a dinamizar la actividad sin alterar los ejes centrales del programa económico. Al no modificar el ancla fiscal ni el rumbo monetario, su impacto agregado tiende a ser acotado, ya que operan sobre los márgenes antes que sobre los determinantes de fondo de la actividad. Varias de ellas, como las líneas de crédito para automóviles, dependerán de su implementación y del acceso efectivo de los potenciales beneficiarios para impulsar la demanda, mientras que otras podrían tardar en reflejarse en la economía real.
El balance de este cuadro deja una tensión que atraviesa a todo el programa, entre la necesidad de sostener la desinflación y la de reactivar una economía golpeada. La inflación estancada en torno al 33% revela que la parte más resistente de la baja de precios está anclada en la inercia de los servicios, y que quebrarla exigiría algo más que la combinación de instrumentos vigente. Mientras tanto, las micromedidas aportan un alivio bienvenido pero insuficiente, en la apuesta de que la actividad recupere impulso sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, que sigue siendo el activo más valioso de la gestión.
