Mendoza Real Estate Summit: qué medidas impulsan los municipios para atraer inversiones inmobiliarias

El Summit reunió a intendentes de tres municipios de Mendoza para debatir sobre inversión privada, planificación urbana y el rol del Estado en el desarrollo provincial.

El Mendoza Real Estate Summit 2026 se realizó este martes 17 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza, con la participación de referentes del sector inmobiliario, empresarios y funcionarios. Durante el encuentro se analizaron las perspectivas de inversión, los desafíos para el desarrollo urbano y las condiciones necesarias para impulsar nuevos proyectos en la provincia.

Uno de los paneles, titulado “Menos trabas, más obra: cómo los municipios y la Provincia van a destrabar los proyectos para el crecimiento real”, reunió a los intendentes Ulpiano Suarez, Esteban Allasino, Marcos Calvente y Diego Costarelli, con la moderación de Marcelo De Blasis. Los funcionarios expusieron las medidas para agilizar permisos, reducir costos y atraer inversiones, pero también señalaron que la disponibilidad de agua, cloacas e infraestructura es uno de los principales límites para el crecimiento inmobiliario.

Los permisos municipales y los incentivos fiscales estuvieron entre los temas abordados durante el Mendoza Real Estate Summit 2026.

Los permisos municipales y los incentivos fiscales estuvieron entre los temas abordados durante el Mendoza Real Estate Summit 2026.

Los trámites y los permisos para construir en los municipios

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, explicó que el municipio implementó un sistema de declaración jurada para que los profesionales puedan asumir la responsabilidad técnica de los proyectos y comenzar las obras sin esperar la revisión completa de los planos. La medida se apoya en el trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos y mantiene controles municipales sobre aspectos como los retiros, las afectaciones de los terrenos y la adecuación a la zonificación.

El objetivo es agilizar un procedimiento que, bajo el esquema tradicional de revisión integral, tiene un plazo promedio de 91,3 días. Allasino señaló que el municipio también cuenta con un visualizador digital que permite consultar la información urbanística de cada lote y resolver buena parte de las dudas antes de presentar la documentación.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, explicó cómo funciona el sistema de declaración jurada para agilizar la aprobación de proyectos y los permisos de construcción.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, explicó cómo funciona el sistema de declaración jurada para agilizar la aprobación de proyectos y los permisos de construcción.

“El 99% de esas dudas se las pueden sacar ingresando al visualizador”, sostuvo el intendente. Para los desarrollos inmobiliarios que no utilizan el régimen de declaración jurada, indicó que los trámites pueden resolverse en menos de 90 días, siempre que la documentación esté completa.

Entre los problemas más frecuentes en las presentaciones, Allasino mencionó los errores en los rótulos de los planos y las diferencias entre las exigencias municipales y las reglamentaciones de algunos barrios privados. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia plataformas interoperables y documentación unificada, para que los desarrolladores no deban presentar la misma información ante distintas reparticiones.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, describió un mecanismo de acompañamiento temprano a los desarrolladores. El municipio cuenta con un área específica para seguir las grandes inversiones y toma contacto con los emprendedores antes de que formalicen la presentación de toda la documentación técnica. De esa manera, los equipos municipales pueden revisar los proyectos mientras todavía están en elaboración.

Para un emprendimiento de aproximadamente 40 departamentos, Calvente estimó que el proceso puede completarse en tres o cuatro semanas, desde que la documentación alcanza el nivel técnico necesario hasta la aprobación y el permiso para iniciar la obra.

“En tres semanas, cuatro semanas, podés tener un proyecto inmobiliario de esas características ya aprobado y con el permiso de inicio de obra”, afirmó. No obstante, advirtió que la principal dificultad para el sector ya no está necesariamente en los tiempos de los municipios, sino en las factibilidades de los servicios.

El jefe comunal señaló que las restricciones para obtener autorizaciones de agua y cloacas condicionan el avance de los proyectos, incluso cuando ya cuentan con la aprobación municipal. Por eso, propuso conformar una mesa de trabajo que permita coordinar una respuesta para el área metropolitana y resolver las necesidades de infraestructura sanitaria.

También respaldó el código unificado impulsado por la Provincia y recordó que Guaymallén ya aprobó por ordenanza rótulos homogéneos para la presentación de planos. Además, consideró conveniente avanzar hacia protocolos de inspección comunes para los distintos municipios.

En Godoy Cruz, el intendente Diego Costarelli puso el foco en la digitalización de los procedimientos administrativos. Explicó que el municipio trabaja desde hace años en la presentación digital de planos y que ahora avanza, junto con el Conicet, en el entrenamiento de un agente de inteligencia artificial que permita detectar y corregir errores en la documentación técnica.

La herramienta apunta a reducir los tiempos de revisión y agilizar las habilitaciones. Costarelli aseguró que, una vez cumplidos todos los requisitos, el permiso para comenzar a construir puede obtenerse en un plazo máximo de 20 días.

El intendente indicó que Godoy Cruz tiene actualmente más de 1.500 unidades habitacionales en construcción y vinculó ese nivel de actividad con la planificación urbana, el mantenimiento de la infraestructura y la participación del sector privado.

Los incentivos fiscales y las medidas para atraer inversiones

En el capítulo de los incentivos fiscales, Calvente destacó los resultados del programa Guaymallén Invierte con Vos, lanzado en mayo de 2025 e integrado, entre otras medidas, por el aforo cero para las nuevas construcciones.

Según detalló, antes de su implementación el municipio recibía entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados mensuales de documentación para obras nuevas. En junio, después de la puesta en marcha del programa, la cifra llegó a 40.000 metros cuadrados; en septiembre alcanzó los 25.000 y en diciembre, los 30.000.

El intendente sostuvo que entre el 70% y el 80% de esas presentaciones correspondieron a desarrollos inmobiliarios y el resto a proyectos comerciales. También indicó que el volumen de inversión estimado inicialmente en US$ 300 millones pasó a US$ 500 millones, en función de las iniciativas que se fueron incorporando.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, destacó los incentivos fiscales para atraer inversiones y señaló que la disponibilidad de agua y cloacas limita nuevos desarrollos.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, destacó los incentivos fiscales para atraer inversiones y señaló que la disponibilidad de agua y cloacas limita nuevos desarrollos.

A esa política se suma un proyecto que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante. Se trata de un régimen municipal de incentivo a las inversiones que contempla exenciones de tributos, aforos y tasas durante 20 años para emprendimientos superiores a US$ 4 millones.

Calvente consideró que la reducción de la carga económica en las primeras etapas de los proyectos puede impulsar nuevas obras y actividad. Sin embargo, advirtió que esos incentivos necesitan estar acompañados por infraestructura y servicios para que las inversiones puedan concretarse.

Costarelli, en tanto, defendió el equilibrio fiscal como criterio para administrar las tasas municipales. “Las tasas tienen que ser medibles en función de la calidad de la prestación de los servicios”, planteó. También remarcó la importancia de la coordinación con el Gobierno provincial y mencionó el impacto que puede tener la expansión del metrotranvía en la conectividad y el desarrollo urbano.

Allasino propuso incorporar instrumentos de economía urbana para orientar las inversiones y promover un crecimiento territorial más compacto. Entre las alternativas mencionó la captación de plusvalías cuando una modificación normativa permite obtener una renta extraordinaria, así como la creación de zonas de proyectos urbanos especiales y consorcios de articulación público-privada.

El intendente sostuvo que las políticas de incentivo no deberían aplicarse de manera generalizada, sino concentrarse en áreas donde exista una planificación definida y se pueda aprovechar la infraestructura disponible. Como ejemplo, mencionó el desarrollo de una plataforma logística e industrial cerca de la refinería, sobre tierras públicas y con participación de operadores del sector privado. En ese proyecto, explicó, se estableció un cargo municipal cero para las construcciones dentro del parque.

La infraestructura y el ordenamiento territorial

La disponibilidad de servicios apareció como una de las principales preocupaciones del panel. Calvente señaló que los municipios pueden agilizar expedientes y facilitar las inversiones, pero que la falta de factibilidad de agua y cloacas puede impedir el inicio de las obras. También destacó el papel de la infraestructura pública para acompañar el crecimiento de los departamentos.

En ese sentido, detalló que Guaymallén diseñó un plan bienal de 75 obras, elaborado a partir de las necesidades de los vecinos y de las zonas donde el municipio identifica oportunidades de desarrollo económico. La planificación contempla intervenciones en calles y avenidas vinculadas con los sectores inmobiliario, comercial y productivo.

“La obra pública es clave y necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también para propiciar el desarrollo económico de un municipio”, sostuvo. Según explicó, el plan se diseñó teniendo en cuenta las iniciativas que el sector privado acercó sobre los lugares donde proyecta desarrollar sus actividades.

En Godoy Cruz, Costarelli también se refirió a las tensiones que puede generar la construcción en altura en barrios residenciales consolidados. Ante la consulta sobre cómo compatibilizar la densificación con los reclamos de los vecinos, señaló que el municipio busca resolver esos conflictos mediante la presencia de inspectores y funcionarios en la calle, el cumplimiento de los horarios de obra y el control de los ruidos molestos.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, presentó los avances en digitalización de trámites y el trabajo con inteligencia artificial para reducir los tiempos de aprobación de planos.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, presentó los avances en digitalización de trámites y el trabajo con inteligencia artificial para reducir los tiempos de aprobación de planos.

El intendente consideró que las reglas claras y la cercanía con los vecinos permiten reducir la incertidumbre tanto para quienes ya viven en esos barrios como para los potenciales inversores. Reconoció que las tensiones pueden existir cuando se incorporan edificios de mayor altura en zonas tradicionalmente residenciales, aunque aseguró que Godoy Cruz no registra grandes inconvenientes en ese sentido.

En Luján de Cuyo, Allasino abordó el desafío de compatibilizar la expansión urbana con la preservación del Piedemonte y las zonas vitivinícolas. Explicó que el departamento tiene cerca de 5.000 kilómetros cuadrados y que el 85% de su superficie está considerada zona de reserva.

El municipio estableció áreas de reserva agrícola que abarcan sectores desde calle Brandsen hasta Ugarteche y otras zonas específicas en Vistalba y Las Compuertas. Allí, según detalló, la prioridad es preservar la actividad productiva y evitar la construcción de barrios, aunque se permiten determinados proyectos turísticos vinculados con las propiedades agrícolas.

Allasino también señaló que el crecimiento debe orientarse hacia sectores con infraestructura y conectividad. En particular, mencionó el corredor del metrotranvía como un área donde se busca promover una mayor densidad urbana. En cambio, advirtió sobre los problemas que genera la expansión hacia zonas sin agua, cloacas, escuelas ni otros servicios básicos.

Para las fincas que permanecen dentro de áreas de expansión urbana, planteó la necesidad de establecer mecanismos de preservación productiva que eviten que la carga impositiva incentive su loteo. También propuso que, cuando esas tierras se desarrollen y se beneficien de inversiones públicas, el Estado pueda captar parte de la plusvalía generada.

De esta manera, el debate incorporó otra dimensión del crecimiento inmobiliario: además de acelerar permisos y ofrecer beneficios fiscales, los municipios deben definir dónde se puede construir, qué áreas preservar y cómo financiar la infraestructura que requiere la expansión urbana.

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