Los hogares más pobres destinan casi 30% de sus ingresos a pagar la luz y el gas

En el marco de la audiencia pública que se desarrolló ayer, para analizar una propuesta de segmentación de los subsidios a la energía, la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Nación presentó un informe que muestra que el sector de la población de menores ingresos destina un 8,9% de ellos a pagar la luz y un 18,5% al consumo de gas. Esto significa que deben utilizar un 27,4% de su presupuesto mensual para afrontar el pago de estos servicios públicos.

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Como contraparte, con el esquema de subsidios vigente, el segmento de mayores ingresos sólo utiliza el 0,9% para pagar la energía eléctrica y un 2,2% el gas natural; lo que implica un 3,1% de lo que ganan cada mes. Esto, porque el gobierno nacional subsidia entre el 75% y el 80% del valor mayorista de la energía eléctrica y del gas, y lo hace en igual proporción para todos los hogares. De ahí que, en la práctica, incluso se destine un monto superior a financiar a quienes tienen mayor capacidad adquisitiva -porque, al resultarles accesibles, no cuidan demasiado el consumo- que a los de menores recursos.

El economista José Vargas señaló que estos porcentajes de afectación de los ingresos se explican porque el decil más bajo corresponde a quienes están por debajo de la línea de la pobreza y que, en ese sector, el consumo de energía suele ser más elevado que en el decil más alto, ya que quienes integran este último tienen la posibilidad de acceder a artefactos de consumo más eficiente.

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Por otra parte, en la audiencia, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, mencionó que hay sectores que, aun con la tarifa social, no pueden afrontar el pago de estos servicios y se endeudan por fuera del sistema bancario o solicitan planes de pago a las distribuidoras.

Los datos, del Ministerio de Economía de Nación, representan una media de todo el país, pero se debe tener en cuenta que Mendoza fue incluida el año pasado en el régimen de Zona Fría, por lo que las boletas del gas llegan con una bonificación del 30% o del 50% según el tipo de usuario, y que, en el caso de la energía eléctrica, la provincia otorga quitas a beneficiarios de la tarifa social, electrodependientes por cuestiones de salud, jubilados, riego agrícola, zonas de montaña, industrias electrointensivas y otros sectores vulnerables; lo que también puede generar diferencias con los datos promedio nacionales.

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Quita de subsidios

A partir de un análisis que muestra la inequidad de la asignación actual de los subsidios nacionales, el Ejecutivo propone una segmentación entre quienes tienen una alta capacidad de pago, que comenzarán a pagar la tarifa plena, sin reducciones, y quienes son beneficiarios de la tarifa social y los usuarios medios. Estos dos últimos grupos conservarían una quita, para asegurar que el pago de los servicios públicos no erosione los ingresos familiares. Por eso, se tomó el CVS (Coeficiente de Variación Salarial) como referencia para fijar un tope en los aumentos.

Para que un hogar pierda el subsidio, deberá estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) o en barrios que estén en el registro de urbanizaciones cerradas. Por otra parte, sus ocupantes deben tener ingresos superiores a 3,5 CBT de un hogar tipo 2 del Indec (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años), poseer tres más inmuebles registrados, ser dueños de tres o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años, y/o tener aviones o embarcaciones de lujo.

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Topes de aumentos

Por otra parte, el gobierno nacional estableció que, durante todo 2022, los aumentos en el gas y la electricidad no pueden superar el 21,27% para los beneficiarios de la tarifa social -el 40% del CVS en 2021, que fue de 53,4%- ni pueden estar por encima del 42,47% de suba anual para los usuarios medios (80% del CVS). Algunos hablan de que quienes pierdan el subsidio podrían tener incrementos entre el 200% y el 400%.

En el caso del gas, por tratarse de un servicio regulado desde Nación, ya se sabe que, como en marzo se aplicó un ajuste, por el concepto de Transporte y Distribución, los usuarios con tarifa social no tendrán un nuevo aumento este año. Mientras que los usuarios medios recibirán, a partir del 1 de junio, las facturas con una suba del 18%. De todos modos, esto tendrá un impacto bastante menor para los usuarios mendocinos por los beneficios de la Zona Fría.

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Con la electricidad, el cálculo es más complejo, porque el gobierno provincial tiene injerencia en la definición de un componente de la facturación, que se conoce como Valor Agregado de la Distribución (VAD). Por un lado, se desconoce si la provincia podrá seguir aplicando la segmentación que ya utiliza o deberá comenzar a aplicar los criterios que defina Nación. Y, por otro, porque no se ha podido medir el impacto que tendrá en la boleta.

De hecho, en el informe que la Subsecretaría de Planeamiento Energético presentó para la audiencia pública del miércoles -en donde se analizó la variación del precio estacional de la energía eléctrica (el martes se hizo lo mismo con el gas)- se tomaron como referencia facturas de usuarios del AMBA. En tanto para el resto del país, simplemente menciona que, “para el caso de las distribuidoras de jurisdicción provincial, el traslado del incremento en el PEST (Precio Estacional de la Energía Eléctrica) definido por la metodología resultará en un menor impacto en factura, en la medida que el componente del precio de la energía constituya un menor porcentaje de la tarifa”.

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Ante la inminencia de estas tres audiencias consecutivas, la presidenta del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Andrea Molina, viajó a Buenos Aires para intentar conseguir más información, pero no logró tener precisiones en este sentido.

La titular de la Asociación de Defensa al Consumidor Protectora, Romina Ríos, señaló que, desde diversas organizaciones han planteado que, si bien no consideran que se deba seguir subsidiando a todos los usuarios, se debería ir retirando estos beneficios de modo paulatino -y no a partir del 1 de junio-, porque las bases de datos que se han tomado de referencia son bastante inconsistentes y no están actualizadas. Esto puede generar que algunos usuarios se vean excluidos de modo erróneo y, si bien se plantea un mecanismo de reconsideración, los trámites de este tipo siempre han tomado varios meses, lo que puede causar un perjuicio importante.