El juez Fernando Luis Lavenas decretó la quiebra de Carsa S.A., la firma chaqueña encargada de operar la histórica marca Musimundo, dejando sin efecto de manera abrupta el concurso preventivo abierto apenas unas semanas antes, el 17 de julio de ese mismo año.
Según detalló el magistrado, la continuidad del proceso ya no resultaba viable ante la existencia de múltiples "hechos reveladores del estado de cesación de pagos".
La crisis de Carsa no es un fenómeno reciente. La firma ya había recurrido a una convocatoria de acreedores en junio de 2018, ocasión en la que declaró un pasivo de 900 millones de pesos. Sin embargo, en esta oportunidad las cifras alcanzaron dimensiones colosales: la deuda concursal acumulada rondaba los $63.500 millones.
A nivel del sistema financiero tradicional, los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes a julio de 2026 ya encendían alarmas rojas.
La compañía registraba una deuda de $2.242 millones con entidades bancarias, donde el Banco de la Nación Argentina figuraba como el acreedor principal con un reclamo de $1.404,6 millones (tras haber registrado pasivos por cerca de $1.549 millones en mayo).
Lo seguían en volumen de acreencias el Banco Macro ($326,8 millones), el Banco de Comercio ($298,9 millones) y el Nuevo Banco del Chaco ($205 millones). La gravedad del escenario financiero se reflejó en que la mayoría de estas entidades de primera línea la habían clasificado en la alarmante situación 4 de la escala crediticia, sumando además atrasos de pago significativos.
Cierre de locales, despidos y negociaciones fallidas
La sentencia judicial fue el corolario de un acelerado deterioro operativo que se hizo evidente en las semanas previas. En medio de un contexto macroeconómico afectado por la caída del consumo, el avance de las ventas por internet y su propia crisis interna, Musimundo cerró de forma imprevista 20 sucursales localizadas en el nordeste de la Argentina, afectando a locales en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.
Si bien desde el entorno de la empresa se argumentó que se trataba de una eliminación de puntos de venta duplicados para aliviar la estructura, la medida provocó la pérdida de más de 100 puestos de trabajo.
La última carta que jugó la empresa para salvarse de la quiebra fue la venta de su red comercial. Carsa aprobó un plan de reestructuración que incluía la transferencia de 45 locales.
Entre las alternativas, se entabló una mesa de diálogo formal para vender la marca a los propietarios de On City, la cadena de retail surgida tras el cambio de imagen de la antigua Electrónica Megatone. No obstante, las negociaciones se frustraron por completo y la caída de la transacción selló el destino de la empresa.