La imputación es por defraudación por suscripción engañosa de documento, a partir de seis cheques de Norton por $955 millones librados a días de su concurso.
Según la imputación firmada por el fiscal Alejandro Iturbide, los cheques por 955 millones de pesos fueron emitidos por Norton a nombre de la Cooperativa San Carlos un día antes de que la bodega se presentara en concurso de acreedores.
Foto:
La Justicia imputó a tres representantes de Bodega Norton y a un representante de Acindar Pymes SGR por el presunto delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, en una causa que tiene como eje una operatoria derivada de la venta de vino realizada por la Cooperativa San Carlos Sud Ltda.
La resolución fue firmada por el fiscal jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Alejandro Iturbide, quien sostiene que la investigación no cuestiona el negocio comercial original sino una serie de hechos posteriores que, según la fiscalía, configuraron una maniobra destinada a modificar la posición jurídica de las partes involucradas.
Como presuntos coautores fueron imputados el enólogo David Bonomi y Martín Shulz y Lorena Sánchez, identificados en el expediente como representantes de Bodega Norton S.A. En tanto, Carlos Moyano, de Acindar Pymes S.G.R., fue imputado como presunto partícipe primario.
De acuerdo con la imputación de Alejandro Iturbide, la operatoria comenzó en 2024, cuando la Cooperativa San Carlos Sud vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet por $503.250.000.
Para agilizar el pago, las partes acordaron financiar la operación mediante un crédito del Banco Santander Río. La cooperativa tomó el préstamo por reunir mejores condiciones crediticias como pyme, mientras que Norton asumía la obligación de cancelarlo íntegramente mediante una cesión de deuda. A su vez, Acindar Pymes S.G.R. actuó como garante del crédito frente al banco y recibió la cesión de la factura de venta del vino como garantía.
La imputación señala que esa primera etapa fue una operatoria comercial lícita y habitual. Sin embargo, sostiene que el escenario cambió cuando Norton incumplió el pago del préstamo, cuyo vencimiento operaba el 9 de septiembre de 2025. El 21 de octubre de ese año, la Cooperativa tomó conocimiento de que la deuda había sido cancelada por Acindar, lo que abrió una controversia sobre quién debía asumir finalmente esa obligación.
Mientras la Cooperativa sostiene que Acindar perdió la posibilidad de trasladarle la deuda por el vencimiento de los plazos legales, la sociedad de garantía entiende que la entidad vitivinícola era deudora solidaria. El fiscal aclara que esa discusión podrá dirimirse en sede civil y que la investigación penal se concentra en hechos posteriores.
Según la imputación, Norton decidió el 21 de octubre de 2025 presentarse en concurso preventivo y concretó esa presentación el 31 de octubre, fijando como fecha de cesación de pagos el 17 de septiembre. Sin que la Cooperativa conociera esa situación, entre el 21 y el 30 de octubre continuaron las negociaciones para refinanciar la deuda por la compra del vino y se acordó saldarla con la emisión de seis cheques que, en conjunto, sumaban $955 millones.
Para la fiscalía, ahí reside el núcleo de la maniobra: los seis títulos llevaban el nombre de la Cooperativa San Carlos Sud y no el de Acindar, lo que obligaba a la entidad vitivinícola a endosarlos antes de que llegaran a manos de la sociedad de garantía recíproca.
La resolución sostiene que ese endoso fue obtenido "mediante engaño, diálogos cordiales, recursos técnicos y persuasivos", atribuidos a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Norton. Agrega que Sánchez negociaba paralelamente con Carlos Moyano, representante de Acindar.
Según el fiscal Alejandro Iturbide, esa operatoria permitió que Acindar mejorara su posición como acreedor mediante un título ejecutivo, por fuera de los efectos del inminente concurso preventivo de Norton. La imputación afirma que la Cooperativa quedó obligada cambiariamente tras el endoso de los cheques y actualmente enfrenta un juicio ejecutivo promovido por Acindar.
La resolución sostiene que la investigación excede el simple libramiento de cheques para cancelar una deuda y que la confección de los documentos a nombre de la Cooperativa constituyó "el medio idóneo para incorporarla a la relación obligacional con otro grado de cobro preferente".
En ese sentido, agrega que los elementos reunidos permiten inferir, en esta etapa del proceso, "una actuación coordinada entre Norton y Acindar", orientada a mejorar la posición crediticia de la sociedad de garantía y generar una obligación cambiaria adicional para la Cooperativa, cuyo perjuicio no solo estaría dado por la deuda reclamada, sino también por el juicio ejecutivo iniciado en su contra y sus consecuencias patrimoniales.
Tras conocerse la imputación, el vicepresidente de la Cooperativa San Carlos Sud, Claudio Guisti habló con Los Andes y consideró que la decisión de la fiscalía modifica el escenario judicial que atravesaba la entidad.
"Estamos contentos y estamos viendo los pasos a seguir. Mañana tenemos reunión del consejo económico de la Cooperativa San Carlos Sud, donde vamos a analizar cómo avanzamos", señaló.
Guisti explicó que hasta ahora la cooperativa concentraba su estrategia en responder a las acciones judiciales derivadas del conflicto, pero entiende que la resolución abre una nueva etapa.
"Esto nos cambia un poco, porque hasta ahora veníamos defendiéndonos, pero esto cambia el panorama", afirmó.
El dirigente agregó que el caso no alcanza únicamente a la Cooperativa San Carlos Sud. "Hay muchos productores que están en la misma situación que nosotros", sostuvo.
Los Andes contactó a Norton por este hecho pero por ahora no obtuvo respuesta.
