La Conferencia Industrial que se realizó esta semana dejó, entre sus conclusiones, la necesidad de bajar la carga impositiva para nivelar la cancha y atraer inversiones
La UIA presentó un análisis fiscal esta semana durante su Conferencia Industrial
Foto:
UIA
El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó diversos anuncios en su discurso durante la 32° Conferencia Industrial realizada en Buenos Aires. Entre las principales medidas fiscales, mencionó la postergación de ejecuciones y embargos por parte de ARCA hasta mayo del año que viene. Del mismo modo, se dará mayor plazo para los deudores fiscales con el fin de aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector privado.
Otra de las medidas anunciadas es la devolución de los reintegros de exportación que suelen demorar entre 6 y 9 meses con las dificultades que ello implica. Este saldo a favor podrá compensarse más rápidamente a cambio del pago de impuestos. En esta línea, el próximo objetivo del Gobierno nacional es que las provincias eliminen el impuesto a los sellos debido a que se trata de una de las tantas cargas que agregan costo a las empresas y a casi todas las transacciones comerciales.
Para incentivar a las provincias a que prescindan de ese impuesto, la Nación aportaría la mitad del dinero que van a perder sin dicha recaudación. Aunque muchos gobernadores podrían estar de acuerdo, otros no aceptarán la propuesta en un contexto general de baja de recaudación. Habrá que ver cómo actúan los gobernadores frente a un pedido tan concreto por parte de la Nación.
Más allá de esto, la propuesta mostró dos cosas. Por un lado, el beneplácito de los empresarios de que llegara finalmente un pequeño alivio fiscal debido al ahogo que presentan cada vez mayor cantidad de empresas, en especial las pequeñas y medianas (pymes). Por el otro, la sensación generalizada de que las medidas llegan tarde, cuando buena parte de las firmas se encuentran con graves problemas financieros y ejecuciones sobre la nuca si es que ya no sufrieron esa penalidad.
Los datos presentados por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en el cierre de la Conferencia muestran la difícil situación que atraviesa la industria: “Los últimos datos de nuestro Centro de Estudios muestran que la actividad industrial volvió a caer en septiembre y en lo que va del año acumula una baja de 2,8% respecto al mismo período de 2025”.
Agregó que hoy hay sectores que producen entre un 15% y un 20% por debajo de los niveles de 2022. En materia de empleo, desde agosto de 2023 hasta julio 2026 se perdieron casi 95.000 puestos de trabajo formales en la industria, con un promedio de 3.700 por mes en lo que va de este año.
Los empresarios presentes en el encuentro de la UIA, que se realizó el martes 3 de noviembre en el Golden Center de Buenos Aires, hicieron foco en la necesidad y en la urgencia de adherir a un pacto fiscal federal para la competitividad. “El desarrollo es un proceso acumulativo de construcción de capacidades y, si durante la transición las destruimos, también destruimos el futuro”, señaló Rappallini.
Entre otras patas, muchas provincias han comenzado a ofrecer incentivos impositivos con el fin de que mayor cantidad de empresas se radiquen en su territorio. El régimen que impulsa la Unión Industrial tiene el objetivo de acercar de forma gradual las condiciones de producción argentinas a las de los competidores regionales. “En definitiva nivelar la cancha para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones”, comentó el empresario.
La propuesta contempla reducir progresivamente los impuestos que afectan a la producción y promover nuevas inversiones. La tarea debe ser conjunta entre Nación, provincia y municipios. En un contexto desafiante para la industria, Rappallini fue claro: “Las pymes industriales intensivas en mano de obra no pueden esperar a que se complete una reforma integral de toda la economía”. En este marco, se solicitó tender un puente para atravesar la transición.
Entre los puntos que también se consideraron urgentes se encuentran: la disponibilidad de crédito a tasas razonables, la defensa por la competencia leal, la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal. Además: la implementación de la ley de modernización laboral, la infraestructura, la logística y la formación de recursos humanos.
El Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad contempla permitir que las contribuciones patronales puedan computarse a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias. También propone que el impuesto a los débitos y créditos bancarios pueda utilizarse como pago a cuenta de esos dos tributos.
Entre las medidas incluidas figuran la exclusión de los regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales y una alícuota única del 25% para Ganancias de sociedades. El esquema también contempla la amortización acelerada en Ganancias y una superamortización para inversiones estratégicas, el incremento de los reintegros para exportaciones industriales y el establecimiento de estabilidad fiscal por 30 años.
El planteo de la industria también apunta a modificar la carga tributaria que aplican provincias y municipios. En el caso de Ingresos Brutos, propone una reducción gradual de las alícuotas hasta alcanzar la exención para el sector industrial. Respecto de las tasas municipales, el documento plantea que tengan una correspondencia con los servicios efectivamente prestados y que su costo sea proporcional.
La famosa competitividad y competencia que se les exige a las empresas, ahora se daría vuelta hacia las provincias y las comunas, que han comenzado a ofrecer incentivos fiscales para atraer capitales. Sobre la base de esta problemática se encuentra el alto costo argentino que, según un estudio presentado por el Departamento Tributario de la UIA, la industria argentina soporta una presión fiscal formal del 56%, la más alta entre 30 países relevados.
En palabras de Mauricio Badaloni, miembro de la Comisión Directiva de la UIA, lo fundamental es poder bajar el costo argentino que, entre otras cosas, se da a partir de la altísima carga impositiva. “Por este motivo, muchas provincias y municipios han comenzado a competir con incentivos concretos para que las empresas se radiquen en su territorio”, explicó Badaloni.
Incluso, Mendoza lanzó un proyecto de ley a horas de los anuncios fiscales del ministro. “En consonancia con las nuevas medidas del Ministerio de Economía de Luis Caputo, se busca ampliar las herramientas disponibles para que las pymes puedan regularizar sus obligaciones tributarias, utilizar sus saldos a favor, utilizar sus saldos a favor y acceder a planes de pago más extensos”, expresó la Administración Tributaria Mendoza (ATM) a través de un comunicado.
El proyecto de ley que se enviará a la Legislatura tiene el objetivo de facilitar la regularización de las obligaciones de las pymes al tiempo que brindar herramientas para ordenar su situación fiscal. Entre las principales medidas, se suspenderá la aplicación de embargos a las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026 para las deudas posteriores al 1 de enero de 2025. La medida podrá extenderse por seis meses adicionales.
Asimismo, se ampliarán las posibilidades de regularización mediante planes de pago de hasta 18 cuotas, que permitirán incorporar deudas impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Otra de las novedades será la posibilidad de que las pymes utilicen los saldos a favor generados por retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales de esta.
El paquete contempla también una reducción de hasta el 50% de las multas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para los que regularicen antes de fin de año. A esto se suma la disminución de las tasas de interés aplicadas por ATM. La tasa de interés resarcitorio y punitorio. En línea con lo aportado por el Gobierno nacional, desde los sectores empresarios celebraron la medida.
Sin embargo, la competencia fiscal implica ir un poco más allá. Es decir, no solo alivianar la carga de las empresas que están en la cuerda floja o ya tienen una importante mora sino crear incentivos antes de que eso suceda. Es el caso de Neuquén que a partir del 2028 estableció una eliminación en los ingresos brutos así como beneficios impositivos en torno a la energía eléctrica.
Según contó Roberto Enríquez, de la Asociación Industrial de Neuquén (Adineu), dado el crecimiento exponencial de esa provincia, se han comenzado a trasladar esos ingresos a bajar los impuestos así como los costos energéticos; uno de los más relevantes en casi todas las estructuras. Por otra parte, sumó Enríquez, se ha comenzado a invertir en rutas para que la logística tenga un valor razonable ya que esto es lo que en conjunto se traduce en beneficios para las empresas y también para las provincias.
“Es un ganar-ganar y hay que visualizarlo para que se pueda extender”, comentó Enríquez. En este sentido, expresó que es un error pensar que los impuestos no se pueden bajar por un tema de caja. “Si se disminuyeran los impuestos entre un 15% y un 20% en los tres niveles de Gobierno, habría una importante repercusión de la inversión por parte de los privados”, comentó Enríquez. Y agregó que la mayoría de los empresarios son innovadores, quieren crecer, vienen de muchas peleas, se han salvado de casi todas y si tuvieran una rentabilidad más alta sería para reinvertir y crecer.
Algo similar se planteó en Santa Fe para este año que termina en donde los sectores productivos pueden descontar del pago de ingresos brutos el sueldo de nuevos empleados que amplíen la planta de trabajadores. Este Gobierno buscó así dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria a los contribuyentes, promover la actividad económica y fortalecer la producción y el empleo en todo el territorio provincial. Además, el sector industrial, comercial y hotelero pueden descontar hasta un 30 % del pago del mismo tributo, el importe abonado por energía eléctrica.
Mauricio Badaloni observó que lo más importante es bajar el costo argentino, tal como se expresó durante la Conferencia de la Unión Industrial. “Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y otros tributos encarecen la actividad formal y afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, comentó Badaloni. Sobre el impuesto de Sellos, consideró que el tributo desvirtúa los contratos y actualmente tiene un impacto perjudicial sobre el financiamiento bancario.
También advirtió que el impuesto penaliza principalmente a quienes desarrollan su actividad en blanco y genera incentivos para operar en la informalidad. “El 1,5% de Sellos es un costo que penaliza principalmente la actividad registrada”, subrayó Badaloni. Del mismo modo, Ingresos Brutos tiene un costo efectivo que se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización.
En esa línea, vinculó la suspensión de embargos con el problema de la informalidad. Según describió, cuando una empresa tiene sus cuentas bancarias embargadas, puede quedar sin disponibilidad de fondos incluso después de haber cumplido con sus obligaciones. Para Badaloni, estas situaciones empujan más a las empresas a salir del circuito formal o a pasar al monotributo, una problemática que el sector privado viene planteando desde hace tiempo.
El anuncio de Caputo y el proyecto de Ley de la ATM son solo un parte de una agenda planteada para reducir la presión fiscal. A esto se suma la devolución de los saldos técnicos del IVA, la devolución de los saldos técnicos de Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto de Sellos sobre los contratos; entre otros tributos que tiran la competitividad al piso.
En palabras de Silvio Zurzolo, presidente de la 32° Conferencia Industrial de la UIA, hoy, una empresa que quiere producir en la Argentina tiene que avanzar con una mochila demasiado pesada. Y enumeró: “Impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena, costos logísticos que nos alejan de los mercados, financiamiento que resulta difícil de conseguir para invertir, burocracia, incertidumbre y litigiosidad laboral”.
El referente de la industria expresó que cada una de esas cargas tiene una consecuencia y es una inversión que espera. Una máquina que no llega. Un proyecto que se achica. Un empleo que no se crea. Zurzolo opinó que no alcanza con políticas de un gobierno sino que es central poder crear un plan en el que “estemos todos sentados y que sean políticas de Estado”. De lo contrario, comentó, es muy difícil que un industrial pueda invertir cuando no sabe realmente cuándo van a cambiar las políticas de gobierno.
Alejandro Bestani, presidente de Industrias Alimenticias Inka y también referente del Movimiento Nacional Pyme, comentó que la industria cuenta con una alta capacidad ociosa que podría modificarse si hubiera posibilidad de retocar los costos laborales e impositivos. Es decir, poder “muñequear” un poco más con el fin de volver a generar crecimiento y empleo. “Para ello hay que decididamente cambiar los regímenes laborales e impositivos, para las pymes por lo menos”, advirtió Bestani.
El referente comentó que la ley de modernización laboral ha tenido pocos impactos concretos más allá de la reducción de la contingencia de despido y haber quitado las multas. “Tenemos un problema anterior que hace rato venimos relevando y que son cargas sociales tan altas que se favorece el empleo informal”, comentó Bestani. Desde su punto de vista, todo redunda en actividad en la necesidad de abrir una luz no solo en la industria con el costo sino en el consumidor con sus costos fijos para que pueda salir a consumir. Ahí se genera el apalancamiento.
El documento de la UIA aseguró en este sentido que las medidas del Pacto Fiscal Federal van a mejorar la competitividad internacional de la industria ya que habrá menores costos y precios más competitivos. La propuesta sostuvo que una reducción de la carga tributaria permitiría impulsar el crecimiento de la actividad, las exportaciones y el empleo, además de promover un incremento de la inversión y una mejora de la productividad.
