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El 41 aniversario del golpe de Estado sorprendió a los chilenos con un agrio debate sobre un presunto pacto de silencio que ha dejado en la impunidad miles de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas que padecieron comunistas y dirigentes de izquierda durante los años de la dictadura.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha dicho que durante años un grupo grande de militares se ha cuidado de involucrar a otros oficiales en estos delitos de lesa humanidad.
“Si eso significa pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos”, dijo Muñoz.
Familiares de víctimas afirman que este pacto ha impedido adelantar un verdadero proceso de justicia que permita a Chile conocer la verdad de lo sucedido en esos años y a que ponga tras las rejas a un número indeterminado de victimarios que han muerto sin pagar por sus crímenes en una especie de “impunidad biológica”, que se extiende a testigos de los crímenes, quienes también han empezado a fallecer.
El debate ha reabierto las heridas que dejó la dictadura y ha enfrentado a víctimas y funcionarios del gobierno con comandantes del Ejército.
La justicia chilena, impulsada por familiares de las víctimas, mantiene abiertos 1.090 procesos por crímenes de lesa humanidad, a cargo de 32 jueces especiales desde 2000. Se espera que una decena de ellos sean fallados pronto.
Como coordinador de ese grupo, el magistrado Muñoz ha venido trabajando con el gobierno para obtener información de las Fuerzas Armadas sobre acusaciones concretas pero dice que se ha topado con “acciones formales para evitar respuestas formales. Hay una deficiente cooperación de las instituciones”, dijo.
Punta Peuco, un penal exclusivo para quienes fueron condenados por violación de derechos humanos, cuenta con poco más de 70 militares condenados por esos crímenes, un número reducido si se considera que el número oficial de víctimas del régimen militar sobrepasa las 40.000, de los cuales más de un millar siguen engrosando la lista de los denominados “detenidos-desaparecidos”.
Decenas de otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad no han ido a la cárcel porque sus penas, de tres a diez años, eran excarcelables.
El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, desestimó que existiera un pacto de silencio, y dijo que lo que sucede es que algunos militares “en condición de retiro y que por efecto de su defensa, y conforme a la ley que se los permite, pueden entregar, o no, los testimonios que ellos estimen convenientes”.
“Yo puedo dar fe que en el Ejército que me ha tocado comandar hoy día no existe un pacto de silencio”, dice Oviedo, mientras asegura que los militares han colaborado plenamente con la justicia y que los archivos institucionales han estado abiertos a los jueces.
La dictadura se inició el 11 de setiembre de 1973 cuando las Fuerzas Armadas lideradas por el general Augusto Pinochet, con el apoyo de buena parte del empresariado del país y de la administración del presidente estadounidense Richard Nixon, derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende. Un referéndum en 1988 obligó a Pinochet a celebrar unas elecciones que perdió el año entrante.
Diecisiete años después, en 2007, el juez Víctor Montiglio descubrió que muchos violadores de derechos humanos, procesados o condenados, nunca delataron a sus colegas de una temible unidad militar de la dictadura, la Brigada Lautaro, que entre 1976 y 1977 torturó y asesinó a decenas de líderes comunistas en un cuartel creado para tal efecto.
