Cuba prometió mayores garantías y facilidades al capital extranjero que haga negocios en la isla en la nueva ley de Inversiones que será aprobada este mes, la cual incluye flexibilidades impositivas.
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Cuba prometió mayores garantías y facilidades al capital extranjero que haga negocios en la isla en la nueva ley de Inversiones que será aprobada este mes, la cual incluye flexibilidades impositivas.
La nueva norma "trabaja en reforzar las garantías a los inversionistas", dijo al diario oficial Granma el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo.
La ley, que ya comenzó a ser debatida por los diputados en sesiones preliminares, "contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión", dijo.
La nueva legislación, cuyo texto no ha sido publicado, debe ser sometida al Parlamento este mes para su aprobación y sustituye a la vigente desde setiembre de 1995.
El gobierno espera que la nueva legislación amplíe la participación extranjera en empresas en Cuba. Actualmente, el Estado se reserva el 51% de la propiedad en las compañías mixtas.
Aunque desde 1995 están aprobadas legalmente inversiones de capital 100% extranjero, en la práctica se han ejecutado en asociación con el Estado, quien se reserva la mayoría del paquete accionario.
Al menos públicamente, sólo se conoce un caso de empresa 100% extranjera, una pequeña termoeléctrica en la isla de la Juventud, una ínsula al sur de La Habana.
"La nueva legislación tiene que (...) dejar escrito que bajo ninguna circunstancia se van a aplicar medidas nacionalizadoras al estilo de los años 60 y asegurar una repatriación del capital sin obstáculos", dijo Emilio Morales, presidente de Havanna Consulting Group, de Miami, en un análisis publicado este fin de semana.
En la década de los años 60, el entonces gobierno de Fidel Castro nacionalizó todas las inversiones extranjeras en Cuba, como parte del proyecto político comunista que impulsó.
Aunque en 1995, tras la desintegración soviética, Cuba se abrió nuevamente al capital extranjero, la ley en vigor asegura que las inversiones foráneas "no pueden ser expropiadas salvo que esa acción se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social declarados por el Gobierno", con una "indemnización".
