La constructora brasileña Andrade Gutierrez admitió la existencia de un cártel para conseguir las obras de estadios del Mundial de fútbol 2014, en una nueva revelación sobre el alcance de la corrupción en la mayor economía latinoamericana.
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La constructora brasileña Andrade Gutierrez admitió la existencia de un cártel para conseguir las obras de estadios del Mundial de fútbol 2014, en una nueva revelación sobre el alcance de la corrupción en la mayor economía latinoamericana.
"Hay indicios de que por lo menos cinco licitaciones relacionadas con obras de estadios de la Copa del Mundo fueron objeto de cártel, entre ellas el Arena Pernambuco, en Recife, y el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro", precisó hoy en un comunicado el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Andrade Gutierrez firmó hoy un acuerdo con el Cade para colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción de las eventuales multas que debería pagar, como parte de un proceso derivado de la "Operación Lava Jato" (Lavadero de autos), la investigación que reveló una monumental red de corrupción enquistada en Petrobras.
El Cade señaló que la confesión aportó indicios que involucran a otras empresas, como Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS, todas ligadas igualmente al fraude en la petrolera estatal.
El arreglo para eliminar la competencia en las licitaciones de las obras comenzó en octubre de 2007 y se extendió hasta 2011, "momento en el que fueron definidos todos los estadios en sus respectivas sedes", señaló el organismo.
En 2013 millones de brasileños salieron a las calles para manifestar contra las millonarias inversiones públicas en la organización del Mundial, en detrimento de sectores más necesitados como la educación, la salud y los transportes.
La renovación del mítico estado de maracaná Maracaná costó casi 600 millones de dólares, el doble de lo presupuestado inicialmente.
Cuando la Fifa atribuyó en 2007 el Mundial a Brasil, el entonces presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió que las obras se financiarían en totalidad con capitales privados.
Pero la falta de entusiasmo de los inversores obligó a los poderes públicos a cargar la cuenta sobre los contribuyentes brasileños.
