Pocas veces las celebraciones patrióticas tienen en cuenta la cronología y los pasos seguidos por los pueblos cuyanos para tramitar la crisis desatada con la formación del nuevo gobierno erigido en la capital virreinal el 25 de mayo de 1810. En general, los actos cívicos representan lo ocurrido en aquellos inquietantes días cuando vecinos conspicuos y los jefes de las milicias discutieron las razones que justificaron la destitución del virrey Cisneros y la formación de una Junta provisoria de gobierno a nombre de Fernando VII.
En rigor no se trataba de un asunto ajeno a la agenda de los cuyanos que, sin prensa mediante, seguían con atención la crisis desatada con la inaudita abdicación de los Borbones, y la entronización de José Bonaparte que había disparado la guerra en la metrópoli y promovido el debate público sobre la ilegitimidad del nuevo rey de España e Indias. Ese interrogante crucial había tenido resonancias en 1808 cuando el gobernador de Montevideo había declinado la obediencia al Virrey Liniers, y formado una junta de gobierno fiel al rey y a las autoridades erigidas en Cádiz instalando la primera fractura en el espacio virreinal. Tampoco desconocían lo que había ocurrido al año siguiente en las provincias altoperuanas cuando las juntas de gobierno fueron radicalmente reprimidas por el virrey del Perú, con la anuencia de su par de Buenos Aires, poniendo sobre el tapete que los funcionarios coloniales no serían concesivos con aquellos que pusieran en duda los derechos del Rey, la monarquía española y sus leyes, y menos aún dejaran de financiar la guerra contra el invasor francés.
De modo que cuando llegaron las noticias de lo resuelto por revolucionarios en Buenos Aires, los pueblos cuyanos se enfrentaron al dilema de seguir el mandato del gobernador intendente de Córdoba que ordenaba rechazar la iniciativa de los “insurrectos porteños” y movilizar la fuerza militar para frenar su avance en el interior, o seguir los pasos de la nueva autoridad erigida en Buenos Aires y elegir representantes para integrar el cuerpo colegiado que mantenía aún intacta la lealtad a Fernando VII.
Esa doble novedad fue discutida a lo largo del mes de junio poniendo de relieve la manera en que la crisis precipitó la proliferación de soberanías territoriales y la movilización popular. Ante la disyuntiva, el cabildo de San Luis exhibió cavilaciones y dudas en medio del accionar de los cabecillas del Ayuntamiento, y de líderes rurales con cargos en las milicias que afianzaron el control de poblaciones colindantes al baluarte cordobés. Pero la cautela de los puntanos sobrevivió hasta el 23 de junio cuando se conocieron los acontecimientos de Mendoza donde el “partido patriota” se había alzado con el triunfo.
En ese lapso, el clima político mendocino se había radicalizado a raíz de la febril actividad desplegada por el presbítero Lorenzo Guiraldes, y Manuel Corvalán, el flamante comandante de la frontera que contaba con galones por haber rechazado a los ingleses, cuyos protagonismos gravitaron en la reunión del Cabildo Abierto que votó a favor de la Junta porteña. Pero esa decisión debía ser acompañada con el control de las armas por lo que esa misma noche exigieron al Cabildo el remplazo del subdelegado de armas, el peninsular Faustino Ansay. El litigio no terminó allí porque días después un puñado de españoles peninsulares y americanos asaltaron el Cuartel y ocuparon el Fuerte instalando un paréntesis entre los partidarios y refractarios del nuevo poder. La mediación del cura párroco facilitó una salida transitoria al conflicto que restableció a Ansay en el cargo bajo la condición de no asistir al gobernador intendente de Córdoba en su plan de detener la fuerza militar que tenía como propósito afianzar la revolución en el interior. Pero el acuerdo sobrevivió hasta comienzos de julio cuando arribó a Mendoza Juan Morón, otro de sus memorables hijos que había luchado contra los ingleses, quien comandaba un contingente miliciano que clausuró la disidencia.
El móvil político o patriótico no fue el único motor de las decisiones soberanas de los pueblos cuyanos, sino que respondían también a intereses mercantiles por cuanto sus principales exportaciones (vinos, aguardientes y tejidos) convergían en Buenos Aires y su área de influencia que competían con bienes importados desde el año anterior. Así figuró en el acta firmada por el cabildo de Mendoza y el mismo argumento fue utilizado por los sanjuaninos luego de debates intensos en la ciudad y la villa de Jáchal donde los jueces pedáneos ratificaron al diputado electo para integrar la Junta erigida en la capital.
El éxito de la revolución en la corroída intendencia cordobesa tuvo su corolario de fuego en los dramáticos sucesos que pusieron fin a la empresa contrarrevolucionaria. A esa altura, la destitución de los funcionarios borbónicos había mostrado un recorrido irreversible. Así lo expuso el mismo Ansay en sus Memorias cuando aludió no sólo a la alianza urdida entre capitulares, vecinos preeminentes y el “bajo pueblo” que había inclinado la voluntad de las corporaciones urbanas a favor de la Junta porteña. También señaló el malogrado trayecto que lo condujo a Buenos Aires en el que no sólo había perdido sus bienes, sino que había percibido el declive de su posición que lo destinó a recorrer el territorio de los indios infieles para recalar en el miserable presidio de las Bruscas. Pero su destino fue menos dramático al que enfrentaron los cabecillas de la contrarrevolución en Córdoba, entre los que figuraba Santiago de Liniers, el otrora héroe de la reconquista, quienes fueron fusilados en Cabeza de Tigre el 26 de agosto de 1810. El suceso se difundió como reguero de pólvora por todas partes, y el mismo Ansay dejó testimonio de su impacto en los siguientes términos: “Todos quedamos absortos al oír tal novedad; pálidos, sin poder articular palabra, hasta que el comandante rompió diciendo: ¡Válgame Dios! ¿Qué trabajos son éstos? Ya no hay remedio, dijo el comandante; sentémonos a tomar alguna cosa; no nos queda otra cosa que encomendarnos a Dios”.
* La autora es historiadora del INCIHUSA-CONICET.
