19 de febrero de 2018 - 00:00

El gobierno de Mendoza quiere crear un registro de personas del colectivo LGBTIQ

El Registro Único de Diversidad Sexual apunta a tomar datos de su realidad socioeconómica para generar políticas públicas. Opiniones

El gobierno de la provincia anunció que implementará un Registro Único de Diversidad Sexual (RUD) en el que incluirá personas del colectivo LGBTIQ con la intención de brindar asistencia en necesidades particulares que tengan. En definitiva la idea es conocerlos más profundamente para orientar acciones y políticas públicas.

"Vamos a profundizar las acciones en estos aspectos y avanzar con la implementación de las fichas RUD, que nos va a permitir realizar un registro que nunca antes se había hecho en la provincia para contar con datos concretos vinculados a las necesidades de la comunidad LGBTIQ", destacó la coordinadora de Diversidad, Fernanda Urquiza.

El colectivo -de acuerdo a la sigla con la que se identifica- incluye lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (no identificados con ninguna tipología).

Será implementado por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a través de la Dirección de Género y Diversidad y buscará obtener datos psicosociales.

Las fichas de registro fueron diseñadas en base a las formuladas por el Registro Único de Casos (RUC) que se aplica en la provincia para casos de violencia de género.

"En particular y entre los aspectos más importantes, las fichas RUD nos van a permitir conocer indicadores vinculados a los distintos tipos de discriminación, sus motivos y ámbitos en los que se manifiesta, además de los datos sobre vivienda, trabajo, educación y salud", resaltó la coordinadora.

Aval con reservas

Para Fernando Aguayo, activista en sexualidad y educador sexual en la Universidad Nacional de Cuyo es una buena iniciativa para cuantificar, tener datos concretos sobre situaciones específicas.

"En un sentido operativo me parece bien que se quiera tener datos estadísticos sobre violencia hacia personas de esta comunidad como actos hirientes o vulneración del cuerpo", manifestó.

Consideró que es una especie de observatorio pero que hay que tener en cuenta cómo se recabe la información. Esto porque la gente no siempre dice la verdad por temor a la discriminación, algo que se ha visto en otros relevamientos y por lo cual luego muestran un panorama inverosímil.

“Tampoco se tiene que olvidar que esto permite ver efectos y no son políticas que atiendan causas, porque por ejemplo la homofobia está vinculada a una sociedad machista, todavía despiden a la gente de sus trabajos por ser LGTB o te atienden de mala manera en sectores de la salud pública”, resaltó.

Por otra parte agregó que en definitiva “esta bueno para cuantificar situaciones concretas de la realidad vinculados a hechos de violencia pero también hay que tener  delicadeza al medir y al interpretar esos instrumentos cuantificados”.

Además hizo referencia a las posibles  acciones en el plano epidemiológico y destacó que de acuerdo a datos a nivel nacionales quienes aparecen con mayores riesgos son heterosexuales con prácticas homosexuales y no miembros d e la comunidad en cuestión que están más concientizados sobre la necesidad de cuidarse.

Mandy Gómez de Mendoza LGTB también consideró que puede ser una buena herramienta con reparos.

Entiende que tener un registro es necesario para la implementación de políticas pero que según la perspectiva de quien es registrado, también puede ser visto como un mecanismo de persecución.

Además señaló que de acuerdo a la información disponible hasta ahora, se da a entender que se va a empezar a recabar información desde cero cuando en realidad ya hay bastantes datos disponibles. Dijo que la organización los aportó cuando estuvo trabajando con el área de Diversidad, mientras que cuestionó que no se incluya a las organizaciones y en particular al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) que lleva un registro de las denuncias.

En cuanto a la generación de políticas públicas señaló: "actualmente hay políticas anteriores que no se cumplen, una de ellas es la ley de Educación Sexual Integral que en Mendoza ha tenido muchos problemas para aplicarse, va a cumplir 12 años y todavía hay escuelas donde no se ha implementado".

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