Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., rompió el silencio desde el Penal de Marcos Paz en una declaración indagatoria por la causa del fentanilo contaminado.
El empresario declaró durante tres horas y la indagatoria pasó a cuarto intermedio por fallas de conectividad.
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.
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Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., rompió el silencio desde el Penal de Marcos Paz en una declaración indagatoria por la causa del fentanilo contaminado.
El empresario, que se encuentra detenido desde agosto de 2025, declaró ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak e insistió en su inocencia absoluta y calificó la contaminación de los anestésicos como un "atentado" planificado para perjudicarlo.
La investigación judicial, que inicialmente contemplaba 20 fallecimientos, se ha expandido tras nuevas pericias a un total de 114 pacientes muertos y 49 personas con secuelas graves.
Durante su exposición virtual, García Furfaro argumentó que es técnicamente imposible que las bacterias multirresistentes detectadas ingresaran al proceso productivo sin una intervención humana deliberada.
Según el imputado, la maquinaria utilizada costó más de 3 millones de dólares y contaba con tres niveles de filtrado, superando los dos que exige la normativa vigente. "No hay posibilidad de que esta contaminación exista si no fue un atentado o sacaron los filtros intencionalmente", sentenció ante el tribunal.
El empresario apuntó directamente contra un excolaborador, Andrés Quinteros, a quien acusó de ser un "agente inorgánico de la SIDE" y de estar obsesionado con dañarlo tras un conflicto personal.
García Furfaro asegura haber aportado audios y pruebas que demostrarían que meses antes del incidente fue advertido sobre una "maldad" que planeaban hacerle con el fentanilo. Para los investigadores, sin embargo, esta teoría conspirativa carece de sustento probatorio y es vista como una maniobra distractiva.
La ronda de indagatorias, que incluyó a otros 13 procesados como la directora técnica Carolina Ansaldi y familiares del empresario, busca incorporar nuevos cargos por la muerte de las 94 víctimas adicionales detectadas recientemente.
De ser hallados culpables de adulteración de sustancias medicinales seguida de muerte, los imputados podrían enfrentar penas de 10 a 25 años de prisión.
Debido a la mala conectividad de internet en el complejo penitenciario, la declaración de García Furfaro no pudo completarse y el juez Kreplak dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para continuar con el interrogatorio.