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El agua, qué duda cabe, es un recurso vital para todos los mendocinos y en ese contexto los lagos constituyen un sustento fundamental para todos sus habitantes. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial -modificado en 2015- dejó un vacío legal que podría hacer que, por ejemplo, lagunas como El Sosneado (San Rafael) o Las Trancas (Lavalle), puedan pasar a propiedad privada.
Es por ello que a finales de junio el Senado aprobó un proyecto relacionado con la declaración de dominio público de los lagos - que por su dimensiones son lagunas- no navegables; se trata de una propuesta del senador Diego Costarelli (Cambiemos) que ahora aguarda el visto bueno de Diputados. El objetivo es preservar aquellos espejos de agua que con la nueva normativa quedaron desprotegidos.
"Es importante preservarlos para la provincia, ya que un lago no puede quedar en manos privadas. Todos aquellos que estén en territorios de la provincia deben ser públicos y lo mismo deberán hacer los municipios, a traves de ordenanzas, para las aguas que estén en su dominio", explicó el senador.
A partir de agosto de 2015 comenzó a regir un nuevo Código Civil unificado con el Comercial, a través de la Ley Nacional 26.994. Allí se enuncia que los lagos no navegables, cuando carecen de dueños son bienes privados del Estado. Este cambio es sustancial, ya que excluye a tales aguas del dominio público, y por ello las hace susceptible de adquisición por particulares, sea mediante compraventa, o incluso mediante la prescripción adquisitiva regulada por la norma antes mencionada.
El problema de fondo es que todos los lagos de Mendoza son no navegables y por lo tanto, todos estarían en riesgo de convertirse en bienes de privados, a menos que se los someta a una ley especial de protección que defienda y preserve ese recurso hídrico. Es por esta razón que Costarelli presentó un proyecto que brinda solución a este conflicto, ya que con la reforma del Código Cívil una importante cantidad de lagos no navegables, podrían ser adquiridos o reclamados por particulares.
Así, lo que se propone es que aquellas lagunas que no estén dentro de una reserva o que reciban alguna protección especial sean consideradas de dominio público provincial, es decir bienes inalienables, imprescriptibles, inembargables y no susceptibles de posesión particular.
"El proyecto legal que se propicia pretende asegurar que los lagos no navegables permanezcan en la titularidad del Estado y a partir de ello, pueda asegurarse su uso y goce por la comunidad toda, en indiscutible beneficio de la población de Mendoza", indicó.
Constitucionalmente, la potestad de afectar las aguas privadas estatales que adquieran la aptitud de satisfacer usos de interés general es provincial. "De este modo, sin desconocer los eventuales derechos individuales, consolida en el dominio público todo lago que corresponda a la titularidad del Estado, evitando apropiaciones", dijo Costarelli.
El sistema normativo argentino divide las aguas en públicas y privadas. Las públicas están bajo el dominio del Estado. En cuanto a las privadas, hay dos posibilidades, que sean de dominio privado del Estado o que pertenezcan a particulares.
En el Código Civil antiguo, vigente hasta el 31 de julio de 2015, los lagos navegables y sus lechos eran de dominio público en tanto que el nuevo Código, desde agosto de ese mismo año dice en su artículo 235 de dominialidad pública a "Toda agua que tenga o adquiera aptitud para satisfacer usos de interés general".
En tanto que el artículo 236 declara a los lagos no navegables que carecen de dueño, como bienes integrantes del dominio privado. Esto último, según Costarelli, acrecenta la inseguridad jurídica.
Vale agregar que el criterio de navegabilidad hasta 1968 fue que pudieran navegar por las aguas buques de más de 100 toneladas. Sin embargo, desde que este criterio fue derogado quedó un vacío legal respecto a su determinación como pertenecientes a uno u otro tipo. "Sin esta ley que proponemos estas aguas podrían pasar a particulares, siendo embargables, enajenables y prescriptibles", detalló Costarelli.
