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Mendoza ha sido objeto, esta semana, de acuerdos con la Nación que generan muchas dudas de cumplimiento. Y es, posiblemente, la arrogancia de los funcionarios nacionales o la desesperación de los provinciales por convencer, lo que genera desconfianza de que los mismos sean realmente cumplidos.
Al inicio de la semana, y apenas reincorporado luego de sus vacaciones, el gobernador Pérez comunicó vía redes sociales que había firmado un convenio con el ministro De Vido para que Mendoza no aumente las tarifas eléctricas este año y a cambio la Nación girará 370 millones de pesos.
La alegría que mostraba el gobernador no se traducía en las distribuidoras, sobre todo las cooperativas, porque no creen que la Nación vaya a cumplir con su compromiso. La duda, razonable, se basa en que en 2014 la Nación se había comprometido a girar 200 millones y solo envió 50 millones. El resto fue puesto por las distribuidoras, que ya no pueden actualizar la porción de tarifa que remunera su servicio.
La señal, además, es muy clara. Después de haber anunciado “sintonía fina” apenas asumió su segundo mandato, la Presidenta no avanzó en la zona de Buenos Aires por miedo a protestas, pero algo avanzaron las provincias. Lo real es que aún seguimos subsidiando la energía en los barrios cerrados bonaerenses, en condiciones de desigualdad notables.
Si el año pasado no cumplieron, ¿quién garantiza que este año lo harán? En realidad, el gobierno nacional siempre sale con los tapones de punta cuando se duda y también lo hace cuando se le reclaman incumplimientos. No se puede dialogar porque intentan imponer sus razones como verdades absolutas que no admiten discusión.
Poco para la vitivinicultura
Después de varias reuniones, y con la intención de atemperar los ánimos de la movilización del jueves, el miércoles se firmaron unos cuantos papeles llenos de promesas, pero sin datos concretos para tratar de mostrar una actitud proactiva respecto de dar respuesta a la crisis de excedentes.
Los contenidos de lo firmado destacan un aporte de 50 millones de pesos por parte de la Nación, otros 50 millones puestos por Mendoza y 25 millones por San Juan para la constitución de un Fondo que tendría por objeto retirar excedentes. El ministro Costa no sabe cómo hacer para convencer a los productores de que el compromiso de la Nación es por 500 millones, pero los que estuvieron en el acto de la firma dicen que en ningún documento figura esa suma, aunque se conversó.
El compromiso sería ampliar los aportes nacionales “cuando sea necesario”, pero no está claro si todos comparten el mismo concepto de “necesidad”. Por otra parte, quieren poner en marcha un observatorio de precios para analizar los costos y márgenes de toda la cadena de valor.
Mientras tanto, no hay definiciones acerca del sistema de liberación de vinos (las provincias no tienen facultades para decidir al respecto), como también la fijación de cupo para elaboración de mostos de la presente cosecha.
Es razonable la desconfianza de los productores. Son puras promesas sin mecanismos claros que den certidumbre sobre el sistema operativo. Solo manotazos para anunciar algo pero ningún plan concreto, y mucho menos principios de soluciones a mediano plazo para corregir problemas estructurales.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes