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Unos 400 internos alojados en los penales de Mendoza están en condiciones de pedir la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, frente a la pandemia global de coronavirus. Si bien la Justicia Federal se ha expedido sobre la crisis carcelaria que ha generado el virus, desde la Corte provincial no se ha dictado una acordada al respecto, aunque la situación -se dice- está bajo control.
El 27 de marzo pasado, la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal del país- envió a todos los jueces de país con detenidos a cargo un listado de 1.280 presos que, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), están en condición de riesgo ante la pandemia del Covid-19.
Casación les pidió que aceleren los pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria para estos reclusos, todos con patologías preexistentes o edad avanzada, considerados dentro de los grupos de riesgo de contagio del coronavirus.
En cambio, la Justicia mendocina no se ha expedido sobre este asunto -que algunos consideran como "una bomba de tiempo"- con el fin de que los jueces unifiquen criterios.
Ayer el máximo tribunal mendocino en pleno firmó una acordada relacionada con el Covid-19, citando a la Organización Mundial de la Salud, en la que dicta “medidas complementarias en los servicios de administración de justicia” para lograr los “medios idóneos de protección y mayores garantías en defensa de todas las personas” y -en el contexto vigente- en relación a la salud de todos, además de indicar que el servicio de justicia debe ser “impostergable”.
Sin embargo, los supremos nada dicen en relación a domiciliarias y excarcelaciones de personas que estén en la categoría grupos de riesgo.
“Es un tema muy delicado. Imagínese si le dan domiciliaria a cualquiera. Si un tipo tiene una condena de 15 años no lo van a mandar a la casa porque se va a fugar. Los jueces tendrían que tener un criterio uniforme”, cuenta un abogado que obtuvo la domiciliaria para un procesado por abuso “obeso, diabético y con un ACV encima”.
"En términos generales, están otorgando domiciliarias a procesados y también a quienes les corresponde libertad condicional. Pero el criterio es dispar, según el juez. Hay que ver la situación de algunas personas que antes no estaban en los grupos de riesgo y ahora sí", explicó otro abogado que obtuvo cuatro domiciliarias en los últimos días.
El juez penal Sebastián Sarmiento, quien junto con la jueza Mariana Gardey son los únicos magistrado de turno para temas carcelarios, opinó que "por ahora" no es necesario que la Corte dicte una acordada en relación a las 5.000 personas privadas de libertad que hay en las cárceles locales. "Si hubieran criterios dispares, sería necesario; hoy sería hasta inoportuno", afirmó el magistrado.
Según explicó, hay un relevamiento del Servicio Penitenciario que sumó a 397 internos dentro del grupo de riesgo frente al coronavirus, es decir un 8% de la población total. Se trata de presos condenados y procesados, provinciales y federales, con alguna patología grave y mayores de 60 años.
De este total, unos 70 casos aproximadamente han pedido domiciliarias y están para resolverse. Si bien cuentan con informes médicos y psicológicos y otra documentación pertinente, los domicilios donde quedarán cumpliendo con la domiciliaria fueron chequeados por teléfono. Esto debe hacerse nuevamente pero con personal penitenciario que vaya a cada vivienda.
"Además, hemos resuelto unos 100 habeas corpus, que no están en este listado. Gente joven, sin ninguna patología, cuyos pedidos han sido rechazados y lo único que ha generado es pérdida de tiempo", apuntó Sarmiento.
EL juez sostuvo que, si el virus ingresara en una cárcel, “la situación sería similar a si ingresara en un villa inestable” y por eso la primera en referirse a la situación de los presos fue la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, Sarmiento sostuvo que los reclusos tienen conciencia de la enfermedad, no quieren presos nuevos y algunos usan barbijos.
