Entre los imputados se encuentra su exesposo, quien recibió prisión preventiva. La jueza Sandra Arroyo Salgado constató que la víctima “recibió una patada voladora”.
Jefatura Militar de la Dirección General de Educación de la Armada.
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Gentileza Seis integrantes de la Armada fueron procesados por ejercer violencia institucional y de género contra una marina de 21 años durante un entrenamiento realizado en la base de Vicente López. Entre los acusados se encuentra su expareja, quien quedó detenido con prisión preventiva.
La joven voluntaria permaneció internada durante dos semanas en terapia intensiva en coma inducido por un cuadro de "status epiléptico con requerimiento de intubación orotraqueal" en tratamiento con sedación y antiepilépticos. En tanto, la Justicia determinó que el hecho no fue un accidente.
Según indicó el portal Fiscales.gob.ar, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, procesó a los superiores por el ataque físico y las lesiones que sufrió la víctima durante un adiestramiento "Antidisturbios dentro de Jurisdicción Naval" ocurrido el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López.
En este contexto, los fiscales federales Federico Iuspa y Mariela Labozzetta presentaron a la magistrada un dictamen para que se incorporen pruebas de violencia de género al expediente.
El exesposo recibió prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediante la alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Por ejemplo, se constató que el hombre le aplicó una patada voladora a la marinera.
Por su parte, la Justicia procesó -sin prisión preventiva- a los demás miembros de la fuerza por los ilícitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que en uno de los casos, se agregó la figura de lesiones culposas por ser la persona que ejercía la supervisión directa.
Arroyo Salgado les prohibió a los involucrados mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea telefónico, físico o virtual. En tanto, libró de oficio al Ministerio de Defensa y al titular de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado de la Nación para que se tome conocimiento de los graves hechos informados.