Violencia de género: la Corte de Mendoza adhirió a un Sistema Integrado nacional de información sobre casos, víctimas y agresores

Violencia de género: la Corte de Mendoza adhirió a un Sistema Integrado nacional de información sobre casos, víctimas y agresores
Firma de Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca de la Suprema Corte de Justicia con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) de la Nación. Participaron los ministros Mario Adaro y Omar Palermo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta.

Reúne datos de intervenciones estatales vinculadas a casos de violencia por motivos de género para hacerla accesible, ya que hasta ahora se trabajaba de manera segmentada. Además, genera una evaluación de riesgo. Es la segunda en hacerlo, después de Tucumán. Otras acciones conjuntas.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJ) es la segunda del país en adherir al Sistema Integrado de Casos de Violencias por Motivos de Género.

Esta mañana, suscribió un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) de la Nación con el objetivo de establecer un marco institucional para coordinar acciones contra las violencias por motivos de género.

Esto implica, la participación en este sistema integrado que apunta a reunir información de intervenciones de diferentes organismos estatales para hacerla más accesible para quienes participen de él. Contiene datos sobre denuncias y otras acciones vinculadas a víctimas y agresores. Además, genera una evaluación de riesgo del caso.

“Este es un sistema que va a cambiar en el mediano plazo cualitativamente las intervenciones del Estado en cualquier situación de violencia de género”, explicó a Los Andes la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta.

“Este sistema lo que va a hacer es que cada organismo aporte la información de todas sus intervenciones vinculadas a situaciones de violencia por motivos de género, es decir por ejemplo, las policías, todas las denuncias policiales se van a integrar con un sistema del Ministerio de Seguridad de Nación, y también van a estar incluidas acá, que todos los programas a los que acceden las mujeres en situación de violencia también están acá, todas las intervenciones judiciales, estén en un sistema que que va a hacer dos cosas: una es que cualquier persona, por ejemplo, un policía que está tomando una declaración en algún lugar del país, o un miembro del Poder Judicial por ejemplo de Mendoza, va a poder tener la información vinculada a las situaciones de esa mujer que hayan existido y de ese agresor”, detalló.

Tal el caso de denuncias previas o de un agresor que ya haya sido denunciado antes y poder saber qué medidas se tomaron al respecto.

“Este sistema tienen una alerta de riesgo, lo que quiere decir que cuando vos intervengas en cualquier caso el propio sistema, por ciertas coordenadas, va a decir si es un caso de riesgo alto, de riesgo medio, entonces también va a permitir a quien intervenga, sea quien sea porque puede ser alguien de Salud, de un Poder Judicial, de una Policía, alguien de una área de Género de un municipio, tener en el momento la información y la evaluación del riesgo”, agregó la ministra.

Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. (La Voz / Archivo)

Dijo que como beneficio la gente podrá ver que con este sistema las intervenciones del Estado van a ser mucho más eficientes porque van a contar con toda la información del caso.

“Hasta ahora había una fragmentación de la información, como si el Estado interviniera como si fuesen archipiélagos, separados, sin comunicación entre ellos, por eso lo que hacía una provincia no se comunicaba con otra, lo que hacía un poder no se comunicaba con otro, lo que hacía la policía no llegaban a conocerlo por ejemplo, los áreas de Género, por eso, este sistema lo que busca es que haya una comunicación entre todas las áreas de los Estados, que intervienen en los casos en donde hay una situación de violencia por motivos de género”, señaló.

Acciones conjuntas

El acuerdo apunta a establecer un marco general de cooperación entre el MMGyD y la SCJ Mendoza, en el cual ambas partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta o en cooperación programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad, y prevención y atención de situaciones de violencia por razones de género, en función de las capacidades y competencias propias, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés.

Así, Gómez Alcorta y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, suscribieron el acuerdo con el máximo tribunal de la provincia de Mendoza, representado por los ministros Omar Palermo y Mario Adaro.

Ya han firmado este acuerdo los Poderes Ejecutivos de 17 provincias.

“Es importante que el Poder Judicial establezca vínculos con los sectores vulnerables y que haga lugar a los reclamos feministas. En ese sentido, este convenio de colaboración de datos, de registros, va en línea con lo que venimos haciendo en Mendoza en materia de género”, afirmó el ministro Omar Palermo.

En el mismo sentido, el ministro Mario Adaro, aseguró: “Estamos en un proceso de deconstrucción social y tenemos la necesidad de abordar el ciclo de la violencia desde todos los actores sociales. En un país tan diverso, tan profundo, tan diferente, tan distanciado un sistema de información federal permite ubicar a esta problemática en el centro de nuestra agenda”.

La firma incluye un Convenio Marco Tripartito de Asistencia y Cooperación Recíproca entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El objetivo es establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, quienes en la órbita de sus respectivas competencias implementarán actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones, intercambios de información, realización de estudios, investigación y trabajos a fin de promover la igualdad y la prevención de las violencias contra las mujeres y LGBTI+, personas privadas de su libertad, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y con problemáticas de salud mental, personas que residen en barrios populares, entre otros colectivos en situación de vulnerabilidad; así como para la promoción de la memoria, la verdad y la justicia en relación a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

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