Verónica López vive desde hace casi 21 años en un predio que funcionó como camping y que ahora debe ser desalojado para avanzar con la obra vial. Tiene tres hijos y una nieta de cuatro años. Desde Vialidad Provincial sostienen que la responsabilidad de brindar asistencia social le corresponde al municipio de San Martín.
Verónica López y su familia están al borde del desalojo por la expropiación del sitio donde viven y por donde debe pasar la Doble Vía del Este.
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(Gentileza)Verónica López tiene 21 años de historia en la casa que ahora debe abandonar. Llegó cuando el lugar estaba desocupado y una persona que se encargaba de cuidarlo se lo prestó porque ella no tenía dónde vivir. Desde entonces, fue organizando su vida allí, consiguió los servicios a su nombre y crió a sus hijos. Hoy, con el avance de la obra de la Doble Vía del Este, enfrenta un desalojo y no tiene adónde ir.
En la vivienda, ubicada en Buen Orden, San Martín, entre Ruta 50 y Ruta 7, conviven actualmente Verónica, tres de sus hijos y una nieta de cuatro años. Su hijo mayor, de 28 años, está separado y vive con ella junto a su pequeña hija. También están sus otros dos hijos, de 8, 10 y 13 años. La familia forma parte de una nueva situación social que aparece en el camino de la obra vial, donde la necesidad de liberar terrenos para los trabajos choca con la realidad de quienes llevan años viviendo en esos espacios.
La mujer asegura que no pretende quedarse con una propiedad que no le pertenece. Su reclamo es otro: conseguir un plazo razonable y alguna asistencia que le permita encontrar una vivienda antes de tener que abandonar el lugar.
“Yo no pido nada gratis, solamente que me dieran alguna posibilidad de acomodarme en algún lado con mis hijos o que me ayudaran con algo”, explicó. La alternativa de alquilar, por ahora, tampoco parece sencilla. Según contó, las garantías, los depósitos y los requisitos que le exigen superan sus posibilidades económicas.
Cuando Verónica llegó al predio, el lugar estaba desocupado. Según su relato, la persona que lo cuidaba se lo prestó porque ella no tenía dónde instalarse. No sabe con certeza cuál era la institución o asociación que había utilizado la casa anteriormente, aunque recuerda que el lugar había funcionado como camping.
Durante años, la vivienda no tuvo electricidad. Verónica gestionó la conexión a su nombre y también realizó trámites para regularizar el servicio de agua. Incluso pagó algunas deudas anteriores que le permitieron cancelar. Conserva las boletas que, según sostiene, acreditan esos servicios.
La casa que ocupa no es la única construcción del terreno. Había otra vivienda en la parte delantera, pero el techo se derrumbó por las filtraciones. La familia tenía previsto repararla, aunque la llegada de personal vinculado a la obra y la incertidumbre por el desalojo modificaron esos planes.
La situación también provocó que parte de la familia buscara otro lugar donde quedarse. Verónica contó que dos de sus hijas se fueron a vivir con sus respectivas suegras, preocupadas por la posibilidad de que sus hijos tuvieran que abandonar la casa de manera repentina.
Ella, en cambio, permanece allí porque no encuentra una alternativa.
El conflicto tomó una dimensión concreta cuando Verónica recibió una notificación judicial. Según relató, el 21 de septiembre fue citada a presentarse ante la Justicia y concurrió acompañada por un abogado.
Allí le explicaron que se analizaría la posibilidad de darle tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. Sin embargo, ese planteo fue rechazado y posteriormente recibió una comunicación en la que se le indicaba que debía desalojar el inmueble el 24 de octubre.
La situación tiene una particularidad: de acuerdo con lo que pudo averiguar junto a sus representantes legales, el juicio iniciado en 2025 se dirigió contra los propietarios del terreno, quienes, según le informaron, ya fallecieron. Verónica no es la titular de la propiedad y sostiene que nadie le comunicó oportunamente el inicio del proceso ni le explicó que debía prepararse para dejar la vivienda.
Según su testimonio, personal vinculado a Vialidad Provincial visitó el lugar en una o dos oportunidades. En una de esas visitas, una arquitecta y otros integrantes del equipo relevaron las características de la casa, los materiales utilizados y los servicios disponibles.
“Me dijeron que me iban a dar una vivienda para sacarme de acá”, recordó Verónica. Sin embargo, aquella conversación no se tradujo, hasta ahora, en una solución concreta. La mujer afirma que no recibió documentación de ese relevamiento ni una respuesta posterior sobre la supuesta asistencia habitacional.
Vialidad Provincial confirmó que cuenta con una sentencia firme que le permite avanzar con la expropiación del predio. También indicó que la resolución judicial se refiere a los propietarios legítimos del inmueble.
El organismo sostiene que no cuenta con un área de acción social para atender situaciones como la de Verónica y que la responsabilidad de buscar una salida habitacional corresponde a la Municipalidad de San Martín. Si el municipio no dispone de los recursos necesarios, se señaló que la comuna debería solicitar asistencia al Gobierno provincial.
Verónica asegura que ya recurrió a distintas dependencias en busca de una respuesta, pero que durante meses recibió explicaciones que trasladaban la responsabilidad de una oficina a otra.
Según su relato, desde algunos ámbitos le indicaron que, como se trataba de una obra provincial, debía ser la Provincia la que resolviera el problema. Desde Vialidad, en cambio, le señalaron que debía intervenir el área social del municipio.
La mujer considera que la principal falla fue la falta de una intervención anticipada. Si el proceso judicial había comenzado en 2025, sostiene, alguien podría haberle advertido que debía buscar otro lugar con suficiente tiempo para organizar una mudanza y conseguir una vivienda.
“Siempre pierden los más débiles”, resumió durante la entrevista.
El costo de una mudanza es otro obstáculo. Verónica calcula que un flete le costaría unos 150.000 pesos, a lo que debería sumar el alquiler, el depósito y las garantías que suelen exigir los propietarios. Con sus ingresos actuales, asegura que no puede afrontar todos esos gastos.
Su sustento proviene de la elaboración y venta de productos de repostería. Prepara tortas, prepizzas y pizzetas que comercializa entre clientes que la conocen desde hace años. Su hijo mayor también sale a vender parte de esa producción.
Con ese trabajo intenta sostener a la familia, pero no cuenta con ingresos suficientes para resolver de un día para otro la necesidad de una vivienda para todos.
La incertidumbre también afecta su salud. Verónica contó que atraviesa problemas de presión y que recientemente le detectaron alteraciones en los niveles de azúcar. Atribuye parte de su malestar al estrés que le provoca la situación y al temor de no saber dónde vivirán sus hijos.
La fecha indicada en la notificación judicial es el 24 de octubre. Según lo que le explicaron, ese día vence el plazo para abandonar voluntariamente el inmueble. Si no lo hace, deberá continuar el procedimiento judicial para que se autorice el desalojo forzoso.
Verónica insiste en que no pretende impedir la obra ni apropiarse de un terreno ajeno. Incluso mencionó que en el expediente existiría un depósito de 60.000 pesos correspondiente al terreno, pero aclaró que no lo reclama porque no es la propietaria.
Su pedido es más acotado: contar con un plazo que le permita conseguir un terreno o una vivienda y trasladar allí a su familia sin quedar en la calle.
“Yo no me niego a irme, porque no es mío”, afirmó. Lo que reclama es una respuesta antes de que se concrete el desalojo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que acompaña a las obras de infraestructura cuando avanzan sobre terrenos ocupados por familias que no son sus propietarias: cómo compatibilizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la ejecución de los trabajos con una respuesta social para quienes, después de muchos años en un lugar, no tienen recursos para resolver de inmediato dónde vivir.
En este caso, Vialidad sostiene que la sentencia está firme y que la asistencia debe canalizarse a través del municipio o del Gobierno provincial. Mientras tanto, Verónica López espera que alguna de esas instancias intervenga antes de que venza el plazo y tenga que dejar la casa en la que vivió durante más de dos décadas.
