La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso durante el fin de semana la intervención de un equipo interdisciplinario en la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín, luego de que se viralizaran fotografías y un video de contenido sexual pertenecientes a una docente del establecimiento.
El equipo, integrado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, tendrá a su cargo la intervención en la comunidad educativa, en el marco del protocolo activado para abordar la situación y dar respuesta a la crisis institucional generada por la difusión del material privado.
La medida se adoptó después de que el caso trascendiera los límites de la escuela y llegara a estudiantes de otros establecimientos del departamento. La circulación de los archivos había generado preocupación por la exposición de la docente afectada y por las consecuencias del episodio dentro de la comunidad escolar.
En cuanto a los responsables, se informó que fueron identificados tres alumnos, quienes serán sancionados por su participación en los hechos. No se precisaron, por el momento, las medidas disciplinarias que se aplicarán.
Por otra parte, la docente afectada podrá hacer uso de licencia, en el marco de las medidas previstas para atender su situación.
La causa sigue en la Justicia
En paralelo a la intervención educativa, continúa la investigación judicial iniciada a partir de la denuncia presentada por la docente el viernes anterior en la Oficina Fiscal de turno. En el expediente interviene también la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.
El caso se originó cuando un estudiante encontró abierta la cuenta de correo electrónico de la profesora en una computadora de la sala de informática, que la docente había tenido que utilizar en una jornada institucional. Desde allí accedió a su Drive, donde encontró las imágenes y el video, que luego fueron descargados y compartidos por WhatsApp.
La difusión, que inicialmente se había mantenido en grupos reducidos, se extendió durante la semana pasada y alcanzó a alumnos de distintas escuelas de San Martín.
Mientras las autoridades educativas trabajan para encauzar la situación dentro del establecimiento, la Justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan por el acceso a los archivos privados y su posterior distribución.