Más de 100 familias aseguran que pagaron casas industrializadas que nunca recibieron. Denuncias penales y reclamos por cientos de miles de millones de pesos.
Denuncian que pagaron por casas que nunca les entregaron y reclaman cientos de miles de millones de pesos
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El sueño de la casa propia terminó convirtiéndose en una pesadilla para más de 100 familias de Mendoza. Según denuncian, pagaron durante meses -y en algunos casos durante años- por casas industrializadas que nunca les entregaron. Algunos incluso cancelaron el valor total de las construcciones, pero todavía esperan el inicio de la construcción en el sitio donde deberían estar sus hogares.
La situación, que ya había sido expuesta públicamente meses atrás, continúa sin una solución para las víctimas. Mientras se acumulan los reclamos y las presentaciones judiciales, los damnificados exigen respuestas, la devolución del dinero y que la Justicia avance en la investigación de lo que consideran una presunta estafa con viviendas prefabricadas.
En el frente penal, existe un expediente principal (P-62.809/25), que tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Exequiel Morando. A esa presentación se suman otras denuncias que, de acuerdo con los abogados de los denunciantes -Guillermina Scalco y Ariel Renna-, todavía no fueron unificadas. Por el momento, las personas denunciadas no están imputadas.
En paralelo, las víctimas impulsan acciones civiles por un monto que incluye cientos de miles de millones de pesos, de acuerdo con lo informado por los letrados. El reclamo apunta a obtener una respuesta por el dinero invertido y las obligaciones contractuales que, aseguran, nunca se cumplieron.
“Esta no es una pyme que está pasando un mal momento”, sostuvo Scalco a Los Andes.
Según explicó la abogada, las primeras contrataciones se remontan a 2022 y 2023. La propuesta consistía en adquirir una vivienda industrializada mediante un sistema de financiación que permitía pagar el inmueble en cuotas.
La operatoria, siempre de acuerdo con los testimonios de los damnificados, comenzaba con la exhibición de modelos de viviendas y la firma de un contrato en el que se establecía el precio de la construcción. El acuerdo contemplaba que, una vez abonado el 70% del valor de la casa, debía comenzar la obra, con un plazo de 90 días para la entrega.
Sin embargo, Scalco sostiene que, cuando los clientes alcanzaban ese porcentaje, se encontraban con nuevas condiciones.
“Al llegar al 70%, los hacían ir, les rompían el contrato original y armaban uno nuevo por un precio irrisorio por el 30% restante”, explicó la abogada.
Según su relato, esa instancia implicaba volver a firmar documentación con condiciones que los compradores no siempre comprendían en su totalidad.
“En un contrato de adhesión, estas cláusulas se entienden por totalmente abusivas. A quien firma le entregan el contrato armado ya”, señaló.
Frente a esas modificaciones, muchos clientes aceptaban las nuevas condiciones para no perder el dinero ya invertido. En definitiva, no querían quedarse sin la vivienda y sin los ahorros que ya habían destinado.
Mientras tanto, quienes continuaban pagando esperaban que llegara el momento de iniciar las obras. Pero, según las denuncias, cuando los compradores comenzaban a consultar por la construcción de las plateas -base sobre la que se levantarían las casas-, las respuestas se dilataban.
Les hablaban de listas de espera y de demoras. Los meses pasaban y los pagos continuaban, aunque las obras no comenzaban.
“Hay gente que ha pagado el 100% de la casa, pasó más de un año y no han construido nada”, describió la abogada, quien agregó que también hay familias que alcanzaron el 70% del valor pactado y decidieron dejar de pagar al advertir que las condiciones prometidas no se cumplían.
Entre los damnificados hay personas que sacaron préstamos, vendieron vehículos y comprometieron sus ahorros con la expectativa de dejar de alquilar y tener una casa propia.
También hay adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad que, según relataron las víctimas, destinaron parte de sus ingresos o pensiones al pago de las cuotas. De hecho, hay afectados de distintos puntos de Mendoza, quienes contrataron las viviendas para construirlas en sus propios terrenos.
Una de las presuntas víctimas contó a Los Andes que comenzó a pagar en 2022 y que tenía previsto terminar de abonar su casa en abril de 2026. En diciembre de 2025, según relató, se acercó para consultar si podían comenzar a construir la platea entre febrero y marzo, de manera que la vivienda pudiera estar terminada cuando completara el pago.
No encontró ninguna respuesta, por lo que decidió evaluar la rescisión del contrato.
“Mandé dos cartas documento y nunca me respondieron”, contó la mujer, y aseguró que, cuando planteó su intención de dar por terminado el vínculo contractual, le indicaron que debía afrontar una retención del 20% en concepto de gastos administrativos.
Según su testimonio, las respuestas que recibió no se tradujeron en una solución concreta. Ahora, además de reclamar por la vivienda que no recibió, intenta recuperar el dinero invertido.
Pese a no haber obtenido respuestas a sus comunicaciones formales, la denunciante fue intimada vía carta documento para que retirara declaraciones públicas que había realizado sobre el caso y contra los implicados.
Otras denunciantes, en tanto, describieron dificultades para comunicarse con sus interlocutores, llamadas que dejaron de ser respondidas y reclamos que quedaron sin una solución.
“Cuando íbamos a preguntar, nunca estaban los dueños. Pero para cobrar, siempre estaban”, resumió la mujer, quien indicó que, incluso, la firma promocionaba su actividad en los canales de televisión mendocinos.
De acuerdo con Scalco, los damnificados comenzaron a realizar presentaciones ante la Justicia y los organismos de Defensa del Consumidor cuando advirtieron que las viviendas no se construían pese a los pagos realizados.
La abogada señaló que la oficina donde funcionaba la empresa fue clausurada entre julio y agosto, aunque, según su relato, posteriormente la operatoria habría continuado desde otro espacio y bajo otra denominación.
Ante el incumplimiento sostenido, las familias damnificadas han acompañado sus denuncias con manifestaciones frente a la Casa de Gobierno para visibilizar el conflicto y reclamar respuestas.
El expediente P-62809/25 avanza en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza como investigación por un presunto delito de estafa, encuadrado en el artículo 172 del Código Penal. Se encuentra en la instancia de instrucción (investigación), al tiempo que los responsables de la firma no han sido imputados por el momento.
Scalco explicó que es clave que se acelere la instrucción de la causa, así como también que las otras denuncias contra la constructora de viviendas prefabricadas se acumulen y agrupen en un único expediente para analizar de manera conjunta los hechos denunciados y las similitudes entre los distintos casos.
En paralelo a la investigación penal, los damnificados iniciaron acciones civiles para intentar recuperar el dinero que aseguran haber perdido.
Según informó Scalco, el reclamo asciende a cientos de miles de millones de pesos. La abogada indicó que se convocó a una instancia de conciliación obligatoria, pero que la parte demandada no compareció.
Las acciones civiles avanzan por una vía distinta de la investigación penal, con el objetivo de reclamar por los perjuicios económicos que describen las familias.
“Hay gente que ha sacado préstamos, ha vendido autos’”, advirtió Scalco al describir el impacto económico de la situación denunciada.
En junio, consultados por Los Andes, desde la firma denunciada aclararon que no había incumplimientos, sino demoras, y responsabilizaron -en parte- a dos exvendedores de la firma por una presunta estafa.
"Ello condujo, a que la empresa se vea comprometida en algunos momentos desde el punto financiero y, por ende, se generó un aletargamiento en el cumplimiento de los contratos, más allá de que muchos de ellos a la fecha no han sido cancelados y por consiguiente, no corresponde su entrega como pretenden algunos adquirentes", detallaron en un comunicado.
Además, mencionaron la difícil situación económica nacional.
"La balanza de pagos de muchos adquirentes, a pago parcial de nuestro producto, no están cumpliendo. La empresa, como toda PYME, ha salido a enfrentar dicha situación y absorbe esos costos con el fin de poder cumplimentar lo acordado. Ello, aunado a la demora, muchas veces en la adquisición de las materias primas que se usan para la fabricación de nuestros productos, que consecutivamente ha provocado un retraso en la entrega de los kits de viviendas prefabricadas", resaltaron.
