La fiscalía de Roma pidió que el exintegrante del RIM 22 sea enviado a juicio por homicidios cometidos en San Juan entre 1976 y 1977. Malatto vive en Italia desde que escapó de la Argentina en 2011. Entre las víctimas por las que se investiga su responsabilidad figuran Marie Anne Erize y una pareja mendocina que vivía en San Martín.
Carlos Luis Malatto integró la plana mayor del RIM 22 y formó parte de los grupos de tareas que operaron en San Juan y luego tuvo destino en Mendoza.
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(Imágenes de archivo)
Alfredo Leroux y Marta Saroff, en San Martín, Mendoza, con su hija Eva, poco tiempo antes de ser asesinados.
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(Archivo)La causa judicial contra Carlos Luis Malatto, el exmilitar argentino acusado de participar en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, entró en una etapa decisiva en Roma. Después de años de demoras, la fiscalía italiana solicitó que sea enviado a juicio por ocho homicidios cometidos en San Juan entre 1976 y 1977, cuando integraba el aparato represivo del Ejército.
El proceso busca establecer la responsabilidad del exintegrante del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), quien tiene 77 años y reside en Italia desde 2011, cuando abandonó la Argentina antes del inicio de un juicio oral en el que debía responder por los crímenes que se le atribuían.
El avance más reciente se produjo el 30 de septiembre, cuando el fiscal Stefano Opilio presentó los fundamentos de la acusación ante la jueza de instrucción Marisa Mosetti. El 13 de octubre, el diario italiano Corriere della Sera publicó detalles de la audiencia, entre ellos los argumentos de la fiscalía para sostener la responsabilidad penal del exmilitar.
La siguiente fecha relevante será el 4 de noviembre, cuando está previsto que intervengan los representantes legales de las víctimas. Después expondrá la defensa y la jueza deberá resolver si dispone la apertura del juicio.
La acusación sostiene que Malatto tuvo participación en una estructura que secuestraba, torturaba y asesinaba a personas consideradas opositoras políticas. Los hechos se inscriben en el terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura y en el contexto de coordinación represiva regional conocido como Plan Cóndor.
La historia judicial de Malatto comenzó en la Argentina, donde fue investigado por su actuación durante la dictadura en San Juan. Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, integró la plana mayor del RIM 22 y formó parte de los grupos de tareas que operaron en esa provincia.
Las investigaciones argentinas lo vincularon con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidios. La Secretaría de Derechos Humanos llegó a presentarse como querellante en seis causas en las que estaba imputado.
En 2011 fue detenido, pero recuperó la libertad antes de que comenzara el debate oral. Tras esa decisión judicial, abandonó el país y se instaló en Italia. Desde entonces permanece fuera del alcance de los tribunales argentinos.
La Justicia argentina solicitó su extradición, pero Italia rechazó el pedido en 2014. Ese resultado obligó a las víctimas y a sus familiares a buscar otra vía para evitar que la salida del país se convirtiera en una forma de impunidad: impulsar la investigación y el eventual juzgamiento en territorio italiano.
La causa avanzó con la participación de organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos y representantes del Estado argentino. En septiembre de 2023, la fiscalía italiana cerró la etapa de investigación y consideró que existían elementos para avanzar hacia la instancia de elevación a juicio.
El expediente, sin embargo, sufrió postergaciones. Las dificultades procesales y las demoras prolongaron durante años la espera de las familias, que ahora se encuentran ante una nueva posibilidad de que los hechos sean examinados en un debate judicial.
Entre los hechos investigados se encuentran los relacionados con Marie Anne Erize, la joven de 24 años que había trabajado como modelo. Fue secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 y permanece desaparecida. Su caso integra las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia.
También se encuentra bajo investigación el asesinato de Alfredo Leroux y la desaparición de su esposa Marta Saroff. Era una pareja mendocina que vivía en San Martín y que fue perseguida durante la dictadura.
Saroff había trabajado en el Banco Los Andes y participado en tareas de alfabetización en barrios populares. La pareja tenía dos hijos. Ante la persecución, ambos decidieron dejarlos al cuidado de sus abuelos y trasladarse a San Juan.
El 20 de noviembre de 1976, Alfredo fue ejecutado por el Ejército y, presumiblemente ese mismo día, Marta fue secuestrada. La familia quedó atravesada por dos hechos que se inscriben en la represión ilegal y que forman parte de las investigaciones sobre la actuación de las fuerzas militares en la región.
La causa contra Malatto no se limita a estos nombres. La acusación italiana comprende ocho homicidios y busca determinar qué responsabilidad tuvo el exmilitar en los hechos. En la Argentina, las investigaciones sobre su actuación abarcaron un universo mayor de víctimas y distintas causas judiciales.
Durante la audiencia del 30 de septiembre, el fiscal Opilio sostuvo que Malatto no actuaba en un escenario de guerra convencional. La existencia de un supuesto conflicto bélico, argumentó, no justificaba los procedimientos represivos utilizados contra personas consideradas enemigas del régimen.
La fiscalía describió el funcionamiento de los grupos de tareas: la identificación de las personas perseguidas, los secuestros, los traslados a centros clandestinos de detención, las torturas para obtener información y, finalmente, los asesinatos o desapariciones.
En la reconstrucción presentada por la acusación, Malatto habría actuado junto con otros integrantes del aparato represivo, entre ellos su superior en el Ejército, Jorge Olivera. Los testimonios incorporados al expediente señalan que ambos eran reconocidos por sobrevivientes y personas que habían estado detenidas.
Uno de los episodios mencionados durante la audiencia fue la muerte de José Ángel Alberto Carvajal. Según la acusación, el joven murió como consecuencia de las palizas y torturas sufridas durante su detención. La fiscalía sostuvo que después se intentó presentar el hecho como un suicidio y que se habría presionado al médico forense para que respaldara esa versión.
Opilio afirmó que Malatto conocía las circunstancias reales de la muerte y que sabía que no se había tratado de un suicidio.
Estos señalamientos forman parte de los argumentos de la fiscalía y deberán ser considerados en el proceso judicial. La defensa todavía tiene su oportunidad de exponer sus objeciones y responder a las imputaciones.
El caso también se vincula con el Plan Cóndor, el sistema de coordinación entre las dictaduras sudamericanas que permitió perseguir a opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. Esa cooperación entre aparatos de inteligencia y fuerzas represivas facilitó secuestros, traslados clandestinos, torturas y asesinatos.
Durante la audiencia, la representación del Estado italiano recordó documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos sobre una conversación entre el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura argentina, el almirante César Augusto Guzzetti, y el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.
Según lo expuesto, Guzzetti anticipó una intensificación de la lucha contra la denominada subversión. Kissinger respondió que debían actuar con rapidez y regresar cuanto antes a la legalidad. La referencia fue incorporada para contextualizar la tolerancia internacional hacia la escalada represiva en América del Sur.
La causa contra Malatto forma parte de los procesos que buscan juzgar fuera de la Argentina a responsables de crímenes de la dictadura que se refugiaron en otros países. Italia ya intervino en otras investigaciones relacionadas con el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor.
El proceso italiano se convirtió en una alternativa judicial después de que fracasara el intento argentino de extraditar a Malatto. La participación de la Asociación 24 de Marzo, de familiares de las víctimas y de sobrevivientes fue clave para sostener la investigación y promover su avance.
Víctor “Gorrión” Carbajal, sobreviviente del terrorismo de Estado y querellante, destacó públicamente la importancia de que el procedimiento haya alcanzado una instancia concreta. Para los familiares, el paso del tiempo constituye una preocupación adicional: muchas víctimas y testigos envejecieron o murieron sin conocer una resolución judicial.
El 4 de noviembre será el turno de los abogados de las víctimas, entre ellos Arturo Salerni, quienes ampliarán los argumentos para que Malatto sea enviado a juicio. Luego intervendrá la defensa.
La jueza Marisa Mosetti deberá resolver si corresponde abrir el debate oral. Si lo dispone, se abrirá una nueva etapa para examinar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del exmilitar.
Quince años después de su salida de la Argentina, la causa vuelve a poner en primer plano los hechos atribuidos a Malatto durante la dictadura. Para las familias de los desaparecidos, la expectativa es que la distancia y el tiempo no impidan establecer judicialmente qué ocurrió con sus seres queridos y quiénes fueron responsables.
