La Asamblea por el Agua se opone a que se trate la Declaración de Impacto Ambiental de 250 proyectos mineros a la vez

A través de un comunicado que publicaron a principios de marzo y que volvieron a difundir, distintos grupos que integran diferentes Asambleas por el Agua señalaron que “Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura estamos en estado de alerta y movilización, ante el nuevo embate extractivista impulsado por el Gobierno Provincial de Alfredo Cornejo, y sus aliados políticos y empresariales, a partir de los anuncios de proyectos para modificar el Código de Procedimientos Minero, y la creación en Malargüe del “Distrito Minero Occidental”.

“Esta iniciativa se encuentra en estrecha sintonía con las políticas nacionales de desmantelamiento de la legislación ambiental vigente, y del llamado a los gobernadores a la firma del denominado Pacto de Mayo, cuyo punto número 6 señala la necesidad de avanzar en la “explotación de los recursos naturales de las provincias”.

“Para quienes defendemos el agua de Mendoza desde hace más de 20 años, no es sorpresa escuchar de boca de funcionarios estatales la entrega de nuestros bienes naturales comunes, poniendo en altísimo riesgo al agua, el territorio, y las economías regionales de nuestra provincia, amparándose en crisis económicas, sociales y laborales creadas por ellos mismos, tras años de malas gestiones”.

“Indigna que se utilice la gran sensibilidad social hacia el cuidado ambiental como argumento para desarrollar megaminería en Mendoza y se engañe a la población aludiendo a la búsqueda de sustentabilidad y protección del ambiente. ¿Acaso quieren convencernos de eso cuando los anuncios se realizan para inversores trasnacionales en la Feria Internacional de Minería en Canadá?”

“Rechazamos la búsqueda manifiesta de concentrar todo el poder en manos del Director de Minería, suprimiendo un órgano colegiado como el Consejo Minero y estableciendo al primero como única autoridad de aplicación del nuevo Código. No podemos olvidar que el designado para tal cargo es Jerónimo Shantal, quien no sólo no cumple con los requisitos mínimos del mismo - por ello también es necesaria la reforma - sino que además es quien impulsa la judicialización de defensores ambientales tras la enorme movilización popular que recuperó la ley 7722, en diciembre de 2019″.

“Repudiamos la creación del Distrito Minero Malargüe y la intención de enviar a la Legislatura Provincial un proyecto para aprobar en un solo paso la Declaración de Impacto Ambiental de más de 250 áreas mineras para la explotación de cobre en una superficie equivalente a más de la mitad del departamento de Malargüe (22.000 km2 sobre un total de 41.317 km2). No podemos tolerar que aquellos que deben gobernar para toda la provincia invisibilicen y desconozcan a los pobladores del territorio y sus economías regionales, como así también la existencia de comunidades originarias, que se verán severamente afectadas por la explotación megaminera. En contextos de cambio climático, retroceso de glaciares, pérdida de caudales de ríos y crisis hídricas permanentes la disputa por el agua se vuelve latente en estos proyectos: el agua para las mineras será el agua que falte para consumo humano y riego de los oasis agrícolas del sur mendocino”.

“Ante las enormes contradicciones manifestadas por los funcionarios, afirmamos que de ningún modo aceptaremos modificación ni violación alguna a las leyes ambientales hoy vigentes, tanto la 7722 en todos su articulado, como la Ley Provincial 5.961, la Ley Nacional 25.675 General del Ambiente y la Ley 26.639 de Glaciares. Reclamamos el pleno cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que contempla el acceso de los ciudadanos a la información y participación en cuestiones ambientales”.

“No aceptamos que Malargüe sea zona de sacrificio ni punta de lanza para el avance de otros proyectos megamineros como San Jorge y Paramillos. Acompañamos a quienes resisten dentro del territorio gritando con fuerza que en Malargüe, como en toda Mendoza, NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA”.

“Desde las Asambleas por el Agua de toda la provincia, sabemos que el agua une y atraviesa territorios, y que las cuencas de los ríos no conocen de límites políticos ni zonificación. Somos un pueblo consciente y defensor del agua para la vida, para la producción de alimentos y la agroecología, para los barrios, y para garantizar el derecho de habitar en un ambiente sano”.

Finalizan señalando que “Como en 2007, en 2015 y en 2019 tenemos 7722 razones y más para defender el agua pura. EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA. LA 7722 NO SE TOCA. MALARGÜE NO ES ZONA DE SACRIFICIO”.