A través de un fallo judicial, el Gobierno de Mendoza avanzó en la recuperación de una vivienda perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
A través de una resolución del Tribunal de Gestión Asociada de Paz Primero, el Gobierno provincial logró la restitución del inmueble tras la revocación administrativa de la adjudicación.
El IPV logró recuperar una vivienda a pesar de haber sido adjudicada.
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A través de un fallo judicial, el Gobierno de Mendoza avanzó en la recuperación de una vivienda perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La resolución fue dictada el 8 de octubre de 2026 por el Tribunal de Gestión Asociada de Paz Primero, que hizo lugar a la demanda interpuesta por el IPV contra los beneficiarios cuya adjudicación había sido dejada sin efecto previamente.
En su sentencia, el tribunal estimó cumplidos los requisitos legales para disponer la restitución de la propiedad. Entre los antecedentes evaluados por la justicia se destacan la resolución administrativa que revocó la adjudicación del inmueble, las notificaciones correspondientes y el pedido formal de devolución elevado por el organismo provincial.
El proceso culminó con la entrega de las llaves de la propiedad, lo que permitió al IPV retomar la posesión efectiva del inmueble y avanzar en la gestión de su patrimonio habitacional.
El caso constituye una aplicación concreta del instrumento legal incorporado por la Ley 9715 y sienta un antecedente para la actuación del organismo en futuros procesos de recuperación de viviendas.
El caso constituye una aplicación concreta del instrumento legal incorporado por la Ley 9715 y sienta un antecedente para la actuación del organismo en futuros procesos de recuperación de viviendas.
La vivienda fue recuperada debido a que la adjudicación original a los beneficiarios fue revocada y dejada sin efecto mediante una resolución administrativa del IPV. Sin embargo, no trascendieron los motivos o causas específicas (como mora en los pagos, falta de ocupación u otros incumplimientos) que provocaron que el IPV tomara la decisión administrativa de dejar sin efecto la adjudicación.
