Alejandro Iturbide celebró el fallo de la Corte mendocina que condenó a la monja Kumiko Kosaka por abusos a alumnos sordos. "Es el caso más complejo de mi carrera", admite.
El fiscal Alejandro Iturbide
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“Siento alivio y satisfacción, principalmente por las víctimas. Porque ellas son las que sufrieron. Venía esperando en silencio que se revirtiera esta injusticia. Era una injusticia tremenda que hayan decidido la absolución”. Tranquilo, meticuloso y metódico, el actual jefe de la UFI de Delitos Económicos y Ciberdelitos, Alejandro Iturbide, rompe el silencio con Los Andes.
Han transcurrido apenas algunas horas desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Mendoza que condenaba a la monja japonesa Kumiko Kosaka como partícipe de tres episodios de abuso sexual y como autora de otros cuatro hechos, cometidos contra chicos sordos y chicas sordas en el instituto Próvolo.
Iturbide, aún en su rol de jefe de la UFI de Delitos contra la Integridad Sexual, fue uno de los tres fiscales que tuvo el caso Próvolo en Mendoza, el más resonante de abuso sexual eclesiástico de la historia argentina y que dejó a dos curas y una monja condenados por los abusos a los niños y niñas que estudiaban y dormían en el lugar.
Kosaka se convirtió en la última condenada y fue a raíz de la revisión que hizo la Corte mendocina de la primera sentencia conocida en 2023 y donde un tribunal había absuelto a la monja japonesa.
“La sentencia de absolución nos acusaba a nosotros y a organismos del Ministerio Público Fiscal de tener visión de túnel y trabajar con un sesgo cognitivo de información en contra de las acusadas. Pero este fallo viene a corregir eso. Hay pasajes donde se trata con términos muy duros a la visión de las juezas. Esa visión de túnel y ese sesgo del que nos acusaban a nosotros, la Corte dice que los tienen ellas”, explica el fiscal, quien agrega que, incluso, la Corte habla de un sesgo caprichoso de parte de las magistradas y de que se apartó información valiosa.
"El caso Próvolo ha sido, sin dudas, uno de los más complejos de mi carrera. No recuerdo otro juicio abierto que empiece en 2021 y termine en 2023 con una audiencia preliminar que tomó casi un año. Tenía complejidad por donde lo miraras: múltiples víctimas, múltiples acusados, múltiples episodios, personas con distintas vulnerabilidades y, en el medio, la pandemia y tener que contactar a víctimas que estaban en otras provincias", sintetiza.
En octubre de 2023, el tribunal que había juzgado el segundo tramo del caso Próvolo -integrado por Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna- decidió absolvió a las cinco mujeres que se habían desempeñado en el Próvolo mientras ocurrieron los abusos y habían llegado al banquillo. Entre las imputadas, estaba Kumiko Kosaka.
Todas las mujeres estaban acusadas de haber tenido participación en los abusos cometidos por otros (quienes ya habían sido condenados en el primer juicio). Además, Kosaka estaba señalada como la autora de algunos ataques sexuales.
La absolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y por los representantes de las víctimas. Y este viernes, casi tres años después, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio vuelta aquella resolución y condenó a Kosaka.
La Corte mendocina consideró acreditada la responsabilidad de Kosaka en distintos episodios y estableció que la monja es responsable de siete hechos: tres participaciones en abusos sexuales cometidos por otro condenado en el primer juicio y cuatro episodios que fueron analizados en este segundo proceso, entre ellos abusos sexuales simples y uno gravemente ultrajante.
Pero, además, la sentencia del máximo tribunal cuestionó con dureza el modo en que el tribunal que había absuelto a las acusadas había analizado la prueba. En sus fundamentos, la Corte habló de una posible “visión fragmentada de la prueba” y consideró que esa mirada había llevado a una absolución que no correspondía.
“Este fallo coloca a las víctimas y a sus dichos en el lugar que realmente corresponde. Las pone primero y deja de lado lo accesorio, lo anecdótico”, destaca Iturbide, ponderando las características de quienes denunciaron los abusos ocurridos en el instituto Antonio Próvolo, donde estudiaban y residían niños y niñas sordos.
El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, cuando una primera víctima denunció los abusos. A partir de allí comenzó una investigación que reunió los testimonios de cerca de 20 exalumnos.
El primer juicio terminó con condenas contra los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, además del exjardinero Armando Gómez y el exmonaguillo Jorge Bordón. Corbacho recibió 45 años de prisión; Corradi, 42; Gómez, 18 y Bordón, 10.
El segundo proceso, en tanto, comenzó en mayo de 2021 y apuntaba a determinar qué responsabilidad les cabía a mujeres que trabajaban o cumplían funciones dentro del instituto. Entre ellas estaba Kosaka.
En octubre de 2023, las cinco mujeres que llegaron a esa instancia fueron absueltas. Y si bien ahora la Corte revirtió el fallo y condenó a Kosaka, confirmó las absoluciones para la monja Asunción Martínez, para la exrepresentante legal del Próvolo, Graciela Pascual y para otras dos extrabajadoras.
La falta de perspectiva en discapacidad fue una de las principales críticas al fallo que absolvía por igual a todas las acusadas hace tres años. Sin embargo, para Iturbide ese fue apenas uno de los cuestionamientos.
“Hubo una falta de perspectiva en discapacidad y también en las múltiples vulnerabilidades que estas personas tenían”, detalla.
Durante la investigación y el posterior juicio, la defensa de Kosaka cuestionó algunos aspectos de la investigación, entre ellos los relatos vinculados a supuestos frascos con fetos de abortos que deberían haber sido encontrados enterrados en el Próvolo (algo que no ocurrió) y la acreditada presencia del cura Corbacho en Mendoza al momento de algunos de los abusos denunciados.
“Los relatos de los frascos nunca fueron contundentes. Podrían haber sido una vivencia de una persona o varias personas sobre situaciones puntuales. Pero lo importante es que la Corte pone a las víctimas en la cúspide de lo que se está analizando; quiénes son, las discapacidades que tienen y lo que relataron. Esa es la columna vertebral del caso y de la condena”, aclara el fiscal.
Respecto de Corbacho, el fiscal sostiene que existían numerosos testimonios que lo ubicaban en el instituto, más allá de cuál fuera oficialmente su destino en determinado momento. De hecho, la propia Corte considera que resulta hasta absurdo poner en duda la presencia de Corbacho en el instituto cuando ya hay una condena (confirmada por las cortes de la Provincia y de la Nación) por los abusos que cometió en el Próvolo mendocino.
Ahora será un tribunal de grado el que deberá fijar la pena correspondiente a los siete delitos por los que fue condenada Kosaka. Según la escala penal mencionada en la causa, la pena podría ubicarse entre 7 y 50 años de prisión, de acuerdo con la combinación de delitos.
La defensa, en tanto, todavía puede intentar recurrir la decisión mediante un recurso de casación, que debería ser analizado por la propia Suprema Corte, aunque con otra conformación.
“Es lo más probable que ocurra, sobre todo con una defensa que ha sido tan aguerrida, usando artilugios existentes e inexistentes”, sostiene Iturbide.
