Después del primer embate del Super Niño, numerosos caminos rurales quedaron intransitables y complicaron los traslados de las familias. En Mendoza, se estima que la población rural ronda los 380.000 habitantes y que la red de caminos de tierra, ripio y huellas vecinales es de unos 105.000 kilómetros. Ante la llegada de las lluvias y tormentas, el estado de esa infraestructura vuelve a estar en discusión.
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)
Los efectos de las lluvias en los caminos rurales de Mendoza.
Foto:
(Gentileza)Nueve horas de lluvia intensa, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, fueron suficientes para complicar la vida cotidiana de numerosas familias de Mendoza. Mientras los sectores urbanos intentaban recuperar la normalidad, en el campo muchas calles y callejones de tierra permanecían anegados y sin condiciones para circular.
El problema se repite cada vez que se registran precipitaciones abundantes. Los caminos que conectan viviendas, fincas y pequeños parajes se convierten en barreras para quienes necesitan salir a trabajar, realizar compras, llegar a un centro de salud o llevar a sus hijos a la escuela. En algunos sectores, las familias quedan prácticamente aisladas hasta que el agua escurre y el terreno vuelve a permitir el tránsito.
La situación no es nueva, pero cada temporal vuelve a ponerla en primer plano. Para quienes viven en la ruralidad, la dificultad para desplazarse después de una lluvia intensa parece haberse incorporado a las condiciones habituales de vida. Sin embargo, que se repita no significa que sea un problema menor.
La dimensión del desafío se entiende al observar la extensión de la red vial mendocina. Según la Dirección Provincial de Vialidad, bajo su jurisdicción hay alrededor de 12.000 kilómetros de caminos rurales. Gran parte de esa red es de suelo natural y los recursos disponibles dificultan garantizar su transitabilidad en toda su extensión.
Como referencia complementaria, un relevamiento de la red vial provincial utilizado para este análisis distribuye los caminos en aproximadamente 2.858 kilómetros pavimentados, 3.617 kilómetros de ripio mejorado y 5.971 kilómetros de tierra.
Pero la red provincial no comprende todos los trazados que utilizan a diario los habitantes del campo. A ella se suman calles vecinales, callejones de fincas y huellas destinadas a la actividad agrícola y ganadera, muchas de ellas bajo jurisdicción municipal.
Un cálculo de referencia incluido en el material de este relevamiento se estima que, si se contabilizan esos caminos terciarios y huellas de uso vecinal o productivo en las distintas zonas rurales de Mendoza, la extensión total podría superar los 105.000 kilómetros.
En la Zona Este, integrada por San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, esta infraestructura vincula fincas, bodegas, barrios periféricos, puestos ganaderos y localidades que, en algunos casos, se encuentran a considerable distancia unas de otras.
La mayoría de las calles y los callejones rurales depende de los municipios, aunque también existen trazados bajo jurisdicción provincial. Esa distribución implica que las tareas de mantenimiento y las respuestas frente a las lluvias deben contemplar las características de cada sector y la responsabilidad de los organismos correspondientes.
La población que depende de esta red de caminos también permite dimensionar el problema. Una estimación de referencia basada en tasas de ruralidad y datos censales sitúa en alrededor de 380.000 a 390.000 personas la población rural de Mendoza, cerca del 19% del total provincial.
Dentro de esa población se distinguen dos realidades. Por un lado, quienes viven en pequeños pueblos y localidades rurales; por otro, las familias que residen directamente en fincas, explotaciones agrícolas, puestos ganaderos y campos alejados de los centros urbanos.
Esta segunda situación vuelve más evidente la importancia de los caminos. En muchos casos, no existe una alternativa pavimentada para llegar hasta una ruta principal. Si el callejón se anega, el acceso a la vivienda puede quedar comprometido.
En la Zona Este, las estimaciones de referencia elaboradas a partir de la distribución territorial y las tasas de ruralidad ubican a General San Martín en unos 34.600 habitantes rurales; Rivadavia, alrededor de 19.000; Junín, unos 18.200; Santa Rosa, cerca de 10.600; y La Paz, aproximadamente 4.200.
Estos valores son cálculos orientativos por departamento y no deben confundirse con resultados censales oficiales desagregados según residencia rural. En conjunto, suman alrededor de 86.600 personas para los cinco departamentos.
En San Martín, el contraste entre el área urbana y el territorio productivo es marcado. Mientras el centro y sectores como Palmira cuentan con una amplia cobertura de calles pavimentadas, las fincas y bodegas dependen de numerosos callejones de tierra y ripio. El tránsito de camiones durante las épocas de cosecha agrega exigencias a esos caminos y obliga a realizar tareas periódicas de nivelación.
Junín, pese a ser el departamento de menor superficie de Mendoza, tiene una intensa actividad agrícola. En distritos como Philipps, Medrano y Algarrobo Grande conviven sectores residenciales con calles de tierra y caminos internos que conectan las explotaciones productivas. Las dificultades de circulación no aparecen solamente después de una tormenta: el estado de esas arterias también condiciona la vida cotidiana durante el resto del año.
En Rivadavia, la situación cambia según el sector. Los distritos agrícolas alejados de la ciudad cabecera conservan una extensa red de calles internas sin pavimentar. Hacia las áreas de El Carrizal y Vizcacheras, las huellas de tierra y ripio conectan zonas de actividad turística, explotaciones y sectores con escasa infraestructura urbana.
Santa Rosa tiene una configuración predominantemente rural y de secano. Fuera de los pequeños centros urbanos, los caminos ganaderos y las calles de tierra son parte habitual del paisaje. Allí, las distancias entre localidades y viviendas vuelven indispensable el mantenimiento de las vías vecinales.
En La Paz, los caminos y las huellas que se internan en el secano cumplen una función esencial para los puestos ganaderos dispersos. Son las vías que permiten a sus habitantes trasladarse, acceder a servicios de salud y educación y movilizar la producción. Cuando esas conexiones se interrumpen, las alternativas pueden ser escasas.
Aunque cada departamento tiene sus particularidades, los cinco comparten una misma dificultad: garantizar que los caminos de suelo natural sigan siendo transitables cuando las condiciones meteorológicas se vuelven adversas.
La situación adquiere otra dimensión frente a las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Este patrón climático puede favorecer un aumento de las precipitaciones en distintas regiones, aunque sus efectos no son uniformes y no permiten atribuir automáticamente cada tormenta a una misma causa.
En ese contexto, el estado de los caminos rurales merece atención. Las lluvias intensas pueden poner en evidencia problemas de drenaje, sectores bajos donde se acumula agua y trazados que pierden rápidamente su capacidad de circulación cuando el suelo se satura.
La solución no pasa necesariamente por pavimentar todos los caminos rurales. La extensión de la red y las diferencias entre las zonas productivas, los barrios periféricos y el secano hacen que las respuestas deban adaptarse a cada lugar. Sin embargo, existen medidas que pueden reducir las consecuencias de los temporales: consolidar los suelos, mantener las superficies, mejorar el escurrimiento del agua y detectar los sectores que quedan aislados de manera recurrente.
En octubre de 2025, el Gobierno de Mendoza informó que la Dirección Provincial de Vialidad había completado tareas de conservación en unos 7.000 kilómetros de caminos de suelo natural durante los 12 meses anteriores, además de enripiar 289 kilómetros de calles y carriles rurales. El dato muestra la escala de las tareas de mantenimiento, pero también la necesidad de sostenerlas de manera periódica.
También resulta importante identificar los caminos que funcionan como accesos indispensables para las familias, las escuelas y los servicios sanitarios. Priorizar esos trazados permitiría concentrar recursos en los puntos donde la interrupción del tránsito tiene consecuencias más directas sobre la población.
La recuperación de la circulación no siempre coincide con el final de las precipitaciones. Aunque el agua deje de caer, algunos caminos necesitan tiempo para secarse y recuperar condiciones mínimas de seguridad. Hasta entonces, las familias deben reorganizar sus actividades y esperar para retomar desplazamientos que, en otras circunstancias, forman parte de la rutina.
El temporal de esta semana volvió a mostrar esa fragilidad. En los sectores urbanos, las calles anegadas pueden dificultar el tránsito durante algunas horas; en el campo, una calle de tierra que no permite circular puede dejar a una familia sin conexión efectiva con los servicios y las localidades cercanas.
No se trata de eliminar todas las consecuencias de la lluvia, algo que no siempre es posible, sino de reducir la vulnerabilidad de quienes viven en esas zonas. La consolidación de los caminos, el drenaje y el mantenimiento periódico son parte de una respuesta que debe sostenerse más allá de cada emergencia.
La ruralidad supone distancias, pero no debería significar que una lluvia deje a los vecinos sin posibilidades de desplazarse. Con un escenario climático que obliga a prestar atención a las precipitaciones, la conectividad rural deja de ser una cuestión secundaria: es una condición necesaria para que las familias puedan estudiar, trabajar, producir y acceder a los servicios básicos.
