Los cuarteles lograron abrir una mesa de negociación con la Provincia y acordaron una agenda que incluye más combustible, equipos de comunicación y el cumplimiento de la Ley 7.679.
Bomberos voluntarios y Gobierno acordaron una agenda para destrabar los reclamos, pero aún no hay fondos definidos. (Gentileza)
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Representantes de los 21 cuarteles operativos de Bomberos Voluntarios de Mendoza participaron este viernes de una nueva mesa de diálogo con el Gobierno provincial. Se acordó avanzar por etapas sobre combustible, comunicaciones, equipamiento, capacitación y la situación de la Federación, mientras continúa pendiente una definición concreta sobre el financiamiento previsto por la Ley 7.679.
La reunión permitió ampliar a toda la provincia una mesa de trabajo que ya venía funcionando con encuentros sectoriales, particularmente con cuarteles del Gran Mendoza y la Zona Este. El Gobierno planteó que el objetivo es fortalecer la integración de los Bomberos Voluntarios al sistema provincial de emergencias y mantener reuniones mensuales para seguir los compromisos asumidos.
El encuentro fue encabezado por el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el director provincial de Defensa Civil, Daniel Burrieza. Según explicó Amat, fueron convocados los 21 cuarteles operativos para garantizar la representación de los distintos puntos de Mendoza.
Uno de los ejes centrales fue la operatividad cotidiana de los cuarteles, con reclamos vinculados al combustible, las comunicaciones, el equipamiento y la capacitación.
Combustible: el Gobierno dice que ya duplicó las partidas
El combustible aparece como uno de los reclamos que los bomberos vienen planteando para garantizar la salida de las unidades ante las emergencias.
Según la Provincia, recientemente se duplicaron las partidas destinadas a combustible. Al mismo tiempo, en la mesa se acordó trabajar sobre un esquema que permita determinar los cupos de cada cuartel mediante parámetros objetivos: cantidad de intervenciones mensuales, cantidad y características de los móviles, extensión territorial de cobertura y datos del Registro Único de Bomberos Voluntarios de Argentina (RUBA).
Es decir, el planteo no pasa solamente por aumentar el volumen de combustible disponible, sino también por establecer criterios que contemplen las distintas necesidades de los cuarteles.
Durante los encuentros también se incorporaron cuestiones vinculadas con ART, OSEP y las condiciones necesarias para sostener la operatividad de las asociaciones.
Otro de los puntos que aparece como uno de los avances más concretos es la integración de los Bomberos Voluntarios al sistema provincial de comunicaciones.
Actualmente ya funciona una frecuencia unificada para los desplazamientos operativos en el Gran Mendoza y la Zona Este. El Gobierno pretende extender el esquema al Valle de Uco y al Sur hasta completar la integración provincial.
A esto se suma la incorporación y configuración de 120 equipos TETRA, con el objetivo de alcanzar al 100% de los cuarteles operativos.
La medida busca mejorar la comunicación con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), conocer qué recursos están disponibles y permitir que ante una emergencia se puedan coordinar los desplazamientos de las unidades más cercanas y adecuadas.
En paralelo, la agenda acordada contempla la reparación, renovación e incorporación de equipos TETRA móviles y portátiles para aquellos cuarteles que todavía tienen dispositivos faltantes, deteriorados o sin renovar.
La capacitación también quedó incorporada formalmente a la agenda.
El Ministerio de Seguridad puso a disposición un cronograma específico para los Bomberos Voluntarios de toda la provincia y planteó que las temáticas podrán ampliarse de acuerdo con las necesidades que surjan de la mesa de trabajo.
De esta manera, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en recursos materiales y pasó a incluir también formación y coordinación operativa.
La Federación, otro de los puntos sensibles
La situación institucional de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios sigue siendo uno de los temas más delicados.
Los bomberos vienen reclamando que se concrete la intervención de la Federación. El expediente tramitado ante la Dirección de Personas Jurídicas cuenta con un dictamen jurídico del 22 de junio de 2026 que recomienda la intervención y el desplazamiento de las actuales autoridades.
Tras la reunión, el Gobierno manifestó su compromiso de avanzar sobre la situación y señaló que trabaja junto al Ministerio de Gobierno en una mesa interministerial destinada a ordenar y regularizar la situación institucional.
Por eso, la intervención todavía no puede darse por concretada: es uno de los puntos que deberá resolverse en las próximas etapas.
También se acordó modificar el sistema de certificados de operatividad para que sean emitidos con vigencia sobre el período en curso y no sobre períodos vencidos, como sucede actualmente.
El capítulo económico es probablemente el que concentra una de las mayores expectativas de los cuarteles.
Los representantes de los Bomberos Voluntarios reclamaron el cumplimiento integral de la Ley Provincial 7.679 y plantearon la necesidad de una partida extraordinaria para equipamiento y/o un subsidio excepcional que permita atender las situaciones más urgentes, especialmente en cuarteles que trabajan con vehículos y equipos de más de 25 años.
El Gobierno manifestó predisposición para gestionar esa asistencia, pero todavía no existen montos ni mecanismos concretos definidos.
Durante la reunión también se identificaron partidas del Presupuesto 2026 por $1.450 millones para la Dirección de Bomberos de la Policía: $1.125 millones destinados a la construcción del Cuartel Central y $300 millones para equipamiento.
A partir del porcentaje del 50% establecido por la Ley 7.679, los Bomberos Voluntarios plantearon que debería contemplarse un equivalente de $725 millones para los cuarteles voluntarios. Además, propusieron incorporar una partida específica para ellos en el Presupuesto Provincial 2027.
Pero, por ahora, esos $725 millones constituyen un planteo de los bomberos y no un desembolso acordado por la Provincia.
La agenda también contempla avanzar sobre otros beneficios establecidos por la Ley 7.679.
Entre ellos aparecen el cupo habitacional para Bomberos Voluntarios, que requiere articulación con el Instituto Provincial de la Vivienda, y las becas previstas por la normativa, que involucran a la Dirección General de Escuelas.
También se planteó simplificar y unificar los procedimientos administrativos relacionados con la donación y el comodato de bienes destinados a las asociaciones.
Las asociaciones valoraron la apertura de la mesa, aunque remarcaron que ahora los compromisos deberán traducirse en medidas concretas y verificables.
El Gobierno, por su parte, presentó el encuentro como la consolidación de un canal de diálogo permanente con los 21 cuarteles operativos.
La próxima reunión quedó prevista para dentro de aproximadamente un mes. La idea es evaluar los avances, definir responsables y plazos y continuar trabajando sobre los temas pendientes.
Así, la mesa consiguió algo que los bomberos venían reclamando: un ámbito formal y provincial de negociación. Ahora comienza la parte más difícil: convertir los compromisos en decisiones concretas, particularmente en materia de financiamiento, renovación de equipamiento y normalización institucional.
