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La gobernadora Alicia Kirchner admitió ayer que la provincia "aún no puede pagar los sueldos en tiempo" y subrayó que carece de "los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal", al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Cruz.
Kirchner insistió en que recibió una provincia "quebrada" y que se ha visto afectada desde que asumió por "políticas del poder central, con una fuerte detracción de la actividad económica, la industria y las obras públicas".
Sin fondos
"No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo. No tenemos los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal", añadió, y dijo que no puede responder aún al reclamo de los trabajadores del Estado y jubilados porque "la alta variabilidad de los ingresos diarios nos impide esta certeza".
La gobernadora descartó un "achicamiento del Estado", aunque admitió que "sería lo más fácil para que a la provincia le cierren las cuentas, pero también sería lo más doloroso. Lo estamos viendo en todo el país, donde todos los días nos sorprenden con despidos masivos, donde la gente pasa a ser un sobrante descartable".
Kirchner enfatizó en "la defensa del empleo", en un "contexto de políticas nacionales que no consideran el desarrollo de la Patagonia", además de la baja de aportes por parte del Gobierno nacional, de baja de regalías de coparticipación, de quita de rembolsos por puertos patagónicos, del comercio y el sector empresarial, por lo que solicitó "la extensión de la emergencia comercial".
También reclamó por "los despidos en el complejo carbonífero", por el conflicto en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La “reincorporación de los 500 despedidos de YCRT ya”, se leía en carteles colocados en las bancas de los diputados del Frente para la Victoria.
“Quiero la normalización de la Caja de Servicios Sociales (CSS)”, dijo en otro pasaje de su discurso, mediante una ley que deberá debatir la Legislatura provincial.
Déficit en la caja social
Kirchner mencionó que la obra social provincial pasó en la última década de unos 60.000 afiliados a más de 122.000, y anunció el inicio de un trabajo con los municipios para que regularicen sus deudas en concepto de aportes con la CSS, en el orden de los 1.100 millones de pesos, y con la Caja de Previsión Social, de 3.160 millones, "casi 4.300 millones que no ingresan a las cajas, sin contar la deuda histórica".
La gobernadora inició su mensaje cuando una manifestación de estatales protestaba a las puertas de la Legislatura, e hizo una referencia al Acuerdo Social Santacruceño, además de homenajear al diputado nacional radical Héctor Roquel, quien murió el último martes y cuyos restos fueron sepultados ayer.
Intervienen a la empresa dueña de los hoteles de CFK
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la intervención judicial de la empresa Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, en la causa que los investiga por presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles para blanquear supuestas coimas con la obra pública.
La decisión fue tomada por un período inicial de seis meses y la interventora será Raquel Moyano, con facultades de “información, administración y recaudación”, según la resolución firmada ayer por el magistrado.
Además, y en otra resolución, el juez decretó la inhibición general de bienes para ocho empresas del detenido empresario Lázaro Báez, entre ellas "Austral Construcciones" y "Kak y Costilla SA". En esta causa fueron indagados la ex presidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y el detenido empresario Lázaro Báez, entre otros acusados.
La investigación gira en torno a contrataciones simuladas de plazas hoteleras por parte de la sociedad de la ex presidenta a empresarios beneficiados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista como parte de un circuito de cobro de sobornos.
Hotesur es la causa penal en la que se embargaron 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el banco Galicia y su dinero en cuentas en esa entidad.
Además, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.
También ya estaban designados veedores informantes para Hotesur SA y otras dos sociedades Valle Mitre SA e Idea SA. Pero ahora el magistrado entendió que en lo referido a Hotesur "las circunstancias han variado" y por ello resolvió dictar una medida más restrictiva, la intervención judicial.
Ercolini remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas aceptaron la renuncia de los directores titulares y suplentes y desde entonces el directorio se encuentra “acéfalo y vacante”.
Además de la intervención de Hotesur, el juez inhibió a las empresas de Báez y prohibió realizar movimientos accionarios y distribuir dividendos para “evitar que las personas imputadas se desprendan de las acciones que registren a su nombre o que obtengan ganancias sospechadas de provenir de medios ilícitos”.