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El juez instructor del caso de presunta corrupción que sacudió a la familia real española mantuvo ayer la imputación a la infanta Cristina, abriendo la vía para que sea juzgada, solo seis días después de la proclamación de su hermano, Felipe VI, como nuevo rey.
La imputación en diciembre de 2011 del esposo de Cristina, Iñaki Urdangarin, de 46 años, por presunta malversación, y después de la infanta, por delito fiscal y blanqueo, este enero, provocaron un escándalo que contribuyó a hundir la popularidad del rey Juan Carlos, antes del anuncio de su abdicación el 2 de junio.
Las consecuencias del denominado “caso Noos” son uno de los primeros problemas que debe enfrentar el nuevo monarca, Felipe VI, en el trono desde el 19 de junio.
Alejada, como su marido, de todas las actividades oficiales de la familia real desde hace dos años y medio, Cristina, de 49 años, no estuvo presente en la proclamación de su hermano menor.
Y ayer, la Casa del Rey se limitó a expresar su “pleno respeto a las decisiones judiciales”.
"Colaboró activamente"
Cerrando una investigación iniciada en 2010 que el ex jefe de la casa real Rafael Spottorno calificó de “martirio”, el juez José Castro, de Palma de Mallorca, decidió mantener imputados, entre una quincena de personas, a Urdangarin y Cristina. El magistrado considera que Cristina “colaboró activamente” con su esposo, sospechoso junto a un ex socio de haber malversado más de seis millones de euros de dinero público mediante el Instituto Noos, una sociedad sin ánimo de lucro, que presidió entre setiembre de 2003 y marzo de 2006.
“Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa”, escribió en su auto, de 167 páginas.
En su declaración el 8 de febrero, la infanta, que había aparecido serena y sonriente, afirmó no tener “nada que ver” con los negocios de Urdangarin y haber participado en Noos y en la empresa Aizoon, considerada por el juez como una pantalla para el blanqueo, porque su esposo se lo pidió y “confiaba” en él.
Tanto el fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, como el abogado de la infanta, Miquel Roca, anunciaron que recurrirán la decisión de Castro que, de confirmarse, sentaría por primera vez a un miembro de la familia más cercana al rey en el banquillo de los acusado.
“No hay indicio de delito”, aseguró Roca desde Barcelona. Cristina recibió la noticia, “pueden imaginarse, no con satisfacción”, declaró a los periodistas, pero “con la tranquilidad de saber que estamos confiados en que la audiencia va a restablecer la situación”.
Indignación ciudadana
En una España asfixiada por la crisis, que ve multiplicarse los escándalos de corrupción, la indignación ciudadana por este caso se había hecho patente en las manifestaciones improvisadas tras el anuncio de la abdicación de Juan Carlos, para pedir un referéndum entre monarquía y república.
Felipe VI, que como príncipe se había mantenido inmune al escándalo, prometió una monarquía “íntegra, honesta y transparente” en su discurso de proclamación.
Está ahora por ver qué impacto tendrá en su popularidad como rey esta nueva decisión judicial.
“Por supuesto que sí, algún daño le hace”, afirmaba su biógrafo José Apezarena. “Es verdad que desde el principio en este asunto (...) él se quitó del medio, pero es inevitable que la gente piense que es su hermana”, agregaba.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy no reaccionó a la decisión del magistrado, pero la satisfacción era evidente en las filas republicanas. “La justicia empieza a ser igual para todos, gracias a jueces como el juez Castro”, celebró en los pasillos del Congreso de los Diputados el líder de la coalición ecologista-comunista Cayo Lara.
Cristina de Borbón, arrastrada por el escándalo
Rubia y sonriente, tocada con una diadema de diamantes o vestida con traje chaqueta, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, dio durante mucho tiempo la imagen de una princesa moderna, que ahora se ve empañada por sus enredos judiciales.
En un nuevo capítulo de un escándalo que estalló en 2011 con la imputación de su esposo, Iñaki Urdangarin, por presunta malversación, el juez mantuvo la imputación a Cristina por “dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales”.
Una decisión que no es firme, pero que de confirmarse convertiría a Cristina en el primer miembro de la familia más cercana al rey que se sienta en el banquillo de los acusados. Interrogada por el magistrado el 8 de febrero, la infanta había optado por la “estrategia del amor”, afirmando tener una confianza ciega en su marido.
Siempre “ha vivido en su mundo. Se ha sentido hasta hace un poco intocable”, explicaba Abel Hernández, escritor especialista de la Corona española.
Cristina, de 49 años, “es una persona, como todos los miembros de la familia real, cordial, educada, agradable, habla muy directo, normal”, relata Ana Romero, corresponsal de El Mundo en la Casa Real.
Pero la imagen se rompió cuando el 29 de diciembre de 2011 el juez imputó a Urdangarin.
Con los meses, las sospechas se hicieron más amenazadoras. Tras haber escapado en la primavera boreal de 2013 a una primera imputación por tráfico de influencias, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia era imputada por delito fiscal y blanqueo.
Desde hace dos años y medio, la infanta y su esposo desaparecieron de las actividades oficiales de la familia. Y el 19 de junio, Cristina fue la gran ausente en la ceremonia de proclamación de su hermano.
