Incluso, estos jóvenes y sus abogados vincularon el deceso de Alejandra al otorgamiento de la prisión domiciliaria para la monja japonesa Kumiko Kosaka (una de las imputadas por los hechos), medida ordenada en setiembre por la Primera Cámara del Crimen y que se había hecho efectiva menos de 24 horas antes del fallecimiento de Alejandra.
Así las cosas y en medio de tanto revuelo, esta mañana los propios denunciantes se convocaron en el Palacio Judicial, y en el tercer piso reclamaron masivamente al Estado que se les brinde la contención y acompañamiento psicológico necesario, al tiempo que solicitaron a la Justicia que revea la decisión de mantener la prisión domiciliaria a la monja.
La hermana de la joven muerta dijo que su hermana evitaba leer noticias sobre el Próvolo.
"Queremos Justicia, estamos muy preocupados permanentemente y todo el tiempo con ataques. Kumiko es muy peligrosa, le tenemos miedo también a (el cura, Nicola) Corradi y a (el también cura, Horacio) Corbacho (NdR: otros de los 2 imputados, en este caso como autores de los abusos). Mi amiga murió hace poquito, y sin poder declarar. ¿Quién va a declarar ahora?. En nuestras cabezas han quedado marcas que jamás vamos a borrar. Les pido que sean fuertes y que declaren", destacó mediante lengua de señas una de las jóvenes denunciantes ante los otros jóvenes. En simultáneo, una de las intérpretes oficiales iba pasando dichas declaraciones al lenguaje oral.
Quien también pidió la palabra durante la conferencia autoconvocada fue Lucila, hermana de la chica que falleció el viernes. La joven aclaró que su hermana no se suicidó y destacó que Alejandra evitaba todas las noticias y novedades referidas a la investigación judicial en el Próvolo "porque se ponía mal". De esta manera, y aún sin poder garantizarlo, la joven no responsabilizó directamente el deceso a la noticia de la prisión domiciliaria a la monja Kosaka.
También Lucila resaltó que su hermana abandonó la institución estando embarazada (hoy su hijo tiene 4 años), y ante la posibilidad de que el embarazo haya sido producto de los ataques sexuales perpetrado por alguno de los 5 varones imputados, la joven indicó que su hermana había reconocido a un vecino del barrio como el padre.
Reclamos La joven víctima que se dirigió a los presentes con la intervención de la intérprete reiteró la confianza plena -de ella y los demás denunciantes- para con los intérpretes oficiales que vienen desempeñándose en la causa hasta el momento, profesionales que desde hace meses están siendo recusados y cuestionados por la defensa de la monja. "¿Por qué los recusan?. Los necesitamos, nos cuesta mucho decir las cosas, y no queremos que venga cualquiera", indicó la joven en alusión a los profesionales del programa nacional Adajus. Estos últimos son los que han solicitado los abogados defensores de los imputados para que comiencen a intervenir, aunque ya han sido desacreditados por el testigo principal de la causa por abusos en La Plata (quien sostuvo que durante las audiencias en la ciudad bonaerense dichos intérpretes cambiaban intencionalmente palabras de los denunciantes).
Los denunciantes avalaron a los intérpretes locales y la Justicia ordenó que se reanuden las Cámaras Gesell.
En esta sintonía, la Justicia de Garantías avaló ayer el rol de los intérpretes locales al solicitar que se reanuden las cámaras Gesell para tomar testimonios a otros jóvenes que asistieron al instituto lujanino de la misma manera en que se venía trabajando. Siempre en el hall del tercer piso de Tribunales, hubo algunos momentos tensos y reproches cuando uno de los profesionales del área de Salud mental de la Provincia intentó defender su trabajo. Minutos antes, una de las madres del colectivo de sobrevivientes del Próvolo -Alejandra Berlanga- había denunciado formalmente la falta de asistencia.
"Queremos que el Ministerio Público explique por qué la monja tiene prisión domiciliaria, más teniendo en cuenta las consecuencias de esto en las víctimas. El Estado tiene que hacerse presente para contener y acompañar a las víctimas, y esto no se está haciendo como corresponde. Esto quedó visto el fin de semana", indicó Berlanga, quien agregó que la joven que murió sabía que había salido la monja y tenía intenciones de declarar.
Un psicólogo de Salud Mental intentó defender su accionar y fue abucheado con aplausos por las víctimas.
En ese momento, uno de los profesionales de Salud mental -identificado como Jorge Ortiz- pidió la palabra e intentó defender su proceder. "Hace un mes hemos empezado a trabajar, junto a la defensoría de Personas con Discapacidad, y hemos acompañado en equipo a las víctimas y familiares durante las audiencias, Estos encuentros nos sirven para corroborar quienes están recibiendo atención. Entiendo que todo lo que podemos hacer puede parecer poco, pero estamos intentando mejorar. Y hemos estado acá", destacó Ortiz, mientras que en ese momento los denunciantes interrumpieron sus explicaciones aplaudiendo disconformes con lo que estaba diciendo el especialista.
"Ustedes no asistieron a esta chica. Fueron al velorio recién el día después, pero no estuvieron allí. Le pedimos por favor que no mienta", lo cruzó Paola González, madre de otra de las víctimas.
"Estamos pidiendo que atienda a las personas. Y el apoyo que se da es el de 3 psicólogos para más de 20 familias desde el 23 de agosto. Lo que pedimos es asistencia y que el Estado responda ante las víctimas, no ante los micrófonos. La defensa sigue demorando la causa, y hay víctimas como Alejandra que hoy no pueden declarar", resumió el abogado querellante, Sergio Salinas (Xumek).
Una vez culminada la conferencia, un grupo de víctimas y los abogados se entrevistaron con el Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé. Dicha reunión fue solicitada teniendo en cuenta que en el otorgamiento de la prisión domiciliaria -firmado el jueves pasado-, el fiscal Gustavo Stroppiana mencionaba que se trataba de un pedido expreso del fiscal adjunto de la Procuración.
Durante más de una hora, Gullé les explicó a las víctimas que la resolución respondía al cumplimiento de la orden de la primera Cámara del Crimen; e incluso destacó que el Ministerio Público Fiscal -el que él comanda- no compartía dicha decisión. De hecho, Stroppiana ya había negado este beneficio teniendo en cuenta que las pericias psicológicas realizadas a Kosaka no lo recomendaban, y que además ya se habían rechazado a dos cuidadoras (también monjas). Por estos días analizan a una tercera religiosa propuesta por la defensa.
El Procurador General de la Corte explicó que la decisión de otorgarle la domiciliaria a Kosaka fue de la Primera Cámara del Crimen.
Mientras tanto, la monja imputada está en un domicilio particular desde el viernes -fue aprobado el examen socioambiental del lugar-, con tobillera electrónica y custodiada con personal del servicio penitenciario (aunque sin cuidador designado).
También durante la reunión Gullé se comprometió a hacer las gestiones correspondientes para garantizar la asistencia y contención social y psicológica a las víctimas.
Gustavo Stroppiana es el fiscal que instruye la causa y durante la mañana de hoy también se dirigió a las víctimas, familiares y abogados. "Es muy difícil tratar de decir en palabras lo que pasó este fin de semana. Es una tragedia terrible", destacó en alusión a la muerte de Alejandra.
El fiscal destacó que seguirán investigándose los episodios y repasó todas las negativas a la prisión domiciliaria a Kosaka que hubo antes de la ordenada por la Primera Cámara del Crimen. "Se la dejó detenida y, oportunamente la titular del Cuarto Juzgado de Garantías nos dio la derecha al validar la decisión. Luego esto fue a una cámara y determinó que siga detenida (cumpliendo la prisión preventiva), pero con la salvedad de domiciliaria. La Fiscalía y la querella nos oponemos, pero la manda de la cámara es que sea domiciliaria y lo ordena", resumió Stroppiana.
Respecto a los requisitos que se solicitan para hacer efectiva la domiciliaria -encuesta socio ambiental del lugar aprobada, pericias que declaren apta a la imputada y otras que hagan lo propio con el cuidador-, Stroppiana dijo que hace un mes los 3 dieron resultados negativos. No obstante, el segundo domicilio propuesto fue aprobado por la Fiscalía y aún están a la espera del “ok” de la tercera cuidadora propuesta.
"El compromiso es seguir avanzando con la causa, y es lo que vamos a hacer. Porque mientras tanto, corre el tiempo", sintetizó.