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Familiares de jóvenes que denuncian haber sido abusados sexualmente en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo (Carrodilla) se reunieron esta mañana con la vicegobernadora Laura Montero y le solicitaron una audiencia ampliada para que se garantice el seguimiento y la asistencia de todos los chicos que asistían al instituto y se han presentado a declarar.
Según indicaron Alejandra Berlanga y Julia Morcos -integrantes del Colectivo por la restitución de derechos a los sobrevivientes del Próvolo-, en muchos casos la asistencia es "paupérrima", y hay chicos que ni siquiera cuentan con el certificado de discapacidad correspondiente.
"Al día de hoy no todos los chicos que iban al Próvolo están escolarizados. Además, ya hicimos también una denuncia en la Justicia porque hay chicos a los que no se les está enseñando Lengua de Señas y eso dificulta la posibilidad de declarar", resumió Julia Morcos luego de la reunión.
Berlanga -quien además integra el grupo de Padres autoconvocados de chicos y jóvenes con discapacidad- indicó que si bien hay un comité que está trabajando con ellos, "no da respuestas a muchas de las necesidades".
"Necesitamos que haya un equipo interdisciplinario que trabaje de forma integral, y que vea en particular qué necesita cada familia, si el niño está yendo a la escuela y esas cosas", resumió la mujer.
Por su parte, la vicegobernadora recibió a los familiares en la Legislatura y coordinó junto a los padres una nueva reunión para el miércoles 28 de marzo. "Me parece bien que se analice y se haga un seguimiento caso por caso, porque cada uno tiene su propia problemática. Se ha hecho un abordaje y seguimiento de las víctimas que han ido a declarar, y hay un expediente con toda esa información y seguimiento", indicó Montero, quien destacó que lo solicitará para que esté a disposición en la próxima reunión.
"La predisposición está desde el primer día. Es un caso que shockeó a toda la provincia, y hemos tratado de dar respuestas desde el principio. Apenas pasó todo esto hicimos mesas de integración donde participaron y participan el Ministerio Público Fiscal, Salud, Desarrollo Social y Educación", resumió la vice mandataria.
Además, tanto los familiares como Montero celebraron y consideraron "algo lógico" la decisión de la Justicia de archivar las denuncias que la defensa de las 2 monjas imputadas (Kumiko Kosaka y Asunción Martínez) habían realizado contra los intérpretes por manipulación y falsedad de testimonios.
"Era una estrategia de la defensa para distraer sobre quiénes son los culpables. Están tratando de correr el eje del asunto, pero las personas sordas reconocen quiénes son sus agresores y respaldan a los intérpretes", manifestó Berlanga.
"No tenía mucho asidero. ¿Quién más que las víctimas podían legitimar a los intérpretes?. Además, (los denunciantes) se sintieron amenazados cuando la defensa hizo esta denuncia", indicó Montero sobre la decisión de archivar la presentación.
Esta tarde los familiares participarán de una charla sobre Derechos Humanos en la UTN junto a la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortinas. Y a las 19, como el 19 de cada mes, se concentrarán en la Peatonal y marcharán reclamando justicia.
Reclamo
Pasadas las 10 de hoy, una decena de familiares e integrantes del colectivo llegaron a la Legislatura y le entregaron a la vicegobernadora una nota formal solicitando que se haga el seguimiento y se les brinde la asistencia necesaria.
"Hoy vinimos algunos referentes, pero la fecha que hemos propuesto es el 28 de marzo. Más teniendo en cuenta que hay gente de Tunuyán, de Uspallata y de otros departamentos. Lo cierto es que ya hemos tenido algunas reuniones que no llegaron a materializarse en los hechos. Y en muchos casos estamos igual que al principio", denunció Morcos.
Además de recibirlos y del compromiso de volver a recibirlos el 28, Montero se refirió a la situación actual de la causa judicial y lo que se viene haciendo desde el punto de vista administrativo.
"Los problemas individuales son todos distintos, y me parece bien que se analice caso por caso. Desde el primer día estamos a disposición, apenas salió a la luz estuvimos 3 días seguidos en la comisaría 47 de Luján (donde también funciona la Oficina Fiscal 15) y pusimos a disposición de los chicos hasta los autos de la Legislatura. Poder llevar esto a juicio va a ser inédito, algo que no se pudo hacer en Italia, donde no tuvo proyección desde lo judicial", resumió la vicegobernadora.
"Imagínense la presión de la Iglesia, que sigue insistiendo en que es un instituto de excelencia y sale a denunciar un complot entre las personas sordas y el Gobierno. Lo que se ha vivido aquí es un horror, más allá de que la Iglesia diga que confabulamos. Por eso lo importante es ocuparnos ahora de la causa, nuestras puertas siempre han estado abiertas", acotó.
Y cerró: "la intención es que los chicos puedan recuperar y llevar una vida digna. Estamos en un aprendizaje cotidiano y hace falta un trabajo muy cercano para llegar a que los chicos logren reintegrarse y puedan tener una resignificación a futuro", sentenció.