Un juez de EEUU ordenó el decomiso del avión venezolano retenido en Ezeiza

La Justicia de Estados Unidos ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano de Emtrasur, retenido en Ezeiza desde junio pasado. El juez federal Randolph Moss enviará un oficio al ministerio de Justicia para que resuelva el juez Villena.

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La defensa del Emtrasur, represada por el equipo de Maximiliano Rusconi, no se presentó al juicio que se estaba realizando en Estados Unidos.

Según informó Clarín, la aeronave de origen iraní está bajo la custodia de los alguaciles estadounidenses desde hace meses.

Los tripulantes, que estaba conformada por ciudadanos venezolanos e iraníes, regresaron a sus países, pero siguen siendo investigados por presuntos lazos con grupos terroristas islámicos.

“Se ordena además la confiscación de la propiedad demandada (Aeronave Boeing 747-300 con número de cola YV-3531 y número de serie de fabricante 23413) a los Estados Unidos de América y que ningún derecho, título o interés en la propiedad existirá en ninguna otra parte”, cita la resolución del juez Moss.

En octubre del año pasado, la Corte de Columbia había iniciado el proceso de decomiso de la aeronave por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas.

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Cronológica del caso

La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países.

Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.

El 8 de junio, dos días después de su llegada a Buenos Aires, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar.

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Desde ese día, el avión está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Ante el escándalo, el Gobierno argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.