La Provincia recibió $9.107 millones en lo que va de 2026 y asegura que las transferencias están al día, pero otro esquema ampliaría los recursos.
Un informe recalculó la distribución de una parte del impuesto que actualmente financia infraestructura y transporte.
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Un nuevo informe puso números al impacto que tendría para Mendoza una modificación en el reparto del Impuesto a los Combustibles. De acuerdo con una estimación de la consultora Galois, la Provincia habría recibido $31.590 millones adicionales entre enero y julio de 2026 si una parte de los recursos que actualmente tienen asignaciones específicas se hubiera distribuido mediante los criterios generales de la coparticipación federal.
El cálculo cobra relevancia en medio de la discusión entre las provincias y el Gobierno nacional por el destino de estos recursos, que volvió a tomar fuerza luego de conocerse que más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial) permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo.
El informe recoge además las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que una parte de esos fondos era administrada por el Ministerio de Economía como parte de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal.
En Mendoza, sin embargo, el gobierno de Alfredo Cornejo hace una diferenciación. Desde el Ejecutivo aseguran que la Provincia recibió hasta el momento todos los recursos que le corresponden por el Impuesto a los Combustibles bajo el esquema vigente.
Por eso, los $31.590 millones calculados por Galois no representan una deuda de Nación con Mendoza, sino el monto adicional que habría obtenido la Provincia bajo otro sistema de distribución.
La discusión, entonces, no está centrada en una falta de transferencia de los recursos que actualmente corresponden a Mendoza, sino en cómo se reparte el Impuesto a los Combustibles y qué destino tiene una parte de lo recaudado.
Según el informe de Galois, la recaudación acumulada del Impuesto a los Combustibles entre enero y julio de 2026 alcanzó los $3,839 billones. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, la consultora tomó para su ejercicio el 35,44% que actualmente se encuentra canalizado hacia diferentes fondos específicos.
Ese porcentaje equivale a $1,334 billones. Si se hubiera distribuido mediante los criterios generales de la coparticipación federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrían recibido en conjunto $784.290 millones adicionales durante los primeros siete meses del año. Para Mendoza, la estimación asciende a los mencionados $31.590 millones adicionales.
Buenos Aires aparece como la jurisdicción que más recursos habría sumado bajo ese esquema, con $166.359 millones. Le siguen Santa Fe, con $67.704 millones; Córdoba, con $67.266 millones; Chaco, con $37.792 millones; Entre Ríos, con $36.989 millones; y Tucumán, con $36.041 millones.
Mendoza se ubicaría luego con sus $31.590 millones, ligeramente por encima de Santiago del Estero, que habría recibido $31.298 millones, y Salta, con $29.037 millones. San Juan, por su parte, habría obtenido $25.608 millones.
El ejercicio realizado por Galois no contempla la totalidad de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, sino específicamente el 35,44% que actualmente tiene tres destinos determinados.
El principal corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, que recibe el 28,58%. A eso se suma un 4,31% destinado al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y otro 2,55% correspondiente a la compensación del transporte público.
El esquema completo establece que, después de la detracción del 1,9% destinada a ARCA, un 10,40% va al Tesoro Nacional y otro 10,40% se distribuye entre las provincias. Además, el 15,07% corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social.
Lo que hizo Galois fue calcular qué habría ocurrido si aquel 35,44% que actualmente financia infraestructura y transporte se hubiera distribuido utilizando los criterios generales de la coparticipación.
Frente a esta discusión, desde el Gobierno provincial remarcaron que Mendoza no tiene actualmente una deuda pendiente de Nación por las transferencias que le corresponden del Impuesto a los Combustibles.
Según datos aportados por el Ejecutivo, la Dirección Provincial de Vialidad recibió $5.831 millones durante 2024, cifra que prácticamente se duplicó durante 2025, cuando ingresaron $11.501 millones.
En lo que va de 2026, la Provincia ya recibió $9.107 millones y proyecta para el próximo semestre una cifra similar a la acumulada hasta el momento. Desde Casa de Gobierno explicaron además que los recursos provenientes del impuesto que llegan a Vialidad Provincial no están destinados exclusivamente a la construcción de nuevas obras.
Los fondos se utilizan para afrontar gastos como el mantenimiento de la flota, consumo de combustible, provisión de insumos y transporte de áridos, entre otros conceptos relacionados con el funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.
La distribución entre las vialidades provinciales se realiza mediante índices vinculados con la infraestructura vial de cada jurisdicción. Según los datos oficiales, Mendoza participa con el 4,3% de ese reparto, porcentaje que desde el Ejecutivo ubican dentro de un rango medio a medio-alto en comparación con el resto de las provincias.
La discusión sobre el esquema de distribución del Impuesto a los Combustibles no es nueva. Durante 2025, los gobernadores impulsaron un proyecto de ley para modificar el sistema vigente y aumentar la participación de las provincias.
La iniciativa proponía eliminar diferentes fondos y asignaciones específicas y llevar al 57,02% la participación provincial en el impuesto. De esa porción, un 25% debía repartirse en partes iguales entre las jurisdicciones y el 75% restante mediante los coeficientes establecidos por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
El proyecto consiguió un amplio respaldo en el Senado, donde fue aprobado por 56 votos contra uno. Sin embargo, al llegar a la Cámara de Diputados obtuvo 126 votos afirmativos y quedó a tres de los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que finalmente no se convirtió en ley.
El Gobierno mendocino acompañó aquel planteo y recuerda que el reclamo por la distribución de estos recursos fue respaldado por los 24 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
La discusión volvió a cobrar fuerza en los últimos días a raíz del destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), que forma parte del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
La nota técnica de Galois toma como punto de partida una investigación periodística que reveló que, al cierre de mayo, permanecían más de $1 billón en inversiones financieras dentro del sistema.
A eso se sumaron las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre la administración de una parte de esos recursos por parte del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
La controversia también tuvo una derivación en Mendoza. El exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos presentó un pedido ante la Fiscalía de Estado para que investigue cuánto dinero provincial se utilizó desde 2025 para intervenir rutas nacionales y determine si esa situación ocasionó un perjuicio patrimonial para Mendoza.
El planteo apunta a establecer por qué la Provincia debió destinar recursos propios a corredores bajo jurisdicción nacional mientras existían fondos nacionales específicamente afectados a infraestructura vial que presentaban una importante subejecución.
Como antecedente aparece el convenio celebrado durante 2025 entre Vialidad Nacional y Mendoza, mediante el cual la Provincia asumió intervenciones sobre aproximadamente 235 kilómetros de las rutas nacionales 7, 40 y 143.
Cobos solicitó que Fiscalía determine cuánto dinero provincial fue utilizado en esas obras y, si se establece la existencia de un perjuicio económico, avance con un reclamo ante el Estado nacional para obtener el reconocimiento y eventual reintegro de esos recursos.
Desde el Gobierno provincial también señalaron que se encuentran trabajando para recuperar lo invertido por Mendoza en rutas nacionales, al tiempo que mantienen ante Nación los reclamos por las obras correspondientes a esos corredores.
