La Provincia descarta una nueva suba este año, mientras crece el aporte para sostener el servicio y seis de cada diez viajes tienen beneficios.
El Gobierno descarta otro aumento en 2026. Subsidios, costo por kilómetro, recaudación de SUBE y beneficios explican cómo se financia.
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El gobierno de Alfredo Cornejo no prevé aplicar un nuevo aumento en el boleto del transporte público durante lo que resta de 2026, pese al incremento que registraron algunos de los principales componentes del sistema. La decisión oficial es mantener la tarifa plana en $1.680 y sostener el esquema de aportes provinciales con el que se financia buena parte del servicio.
La definición fue dada a Los Andes por el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, quien aseguró que actualmente se mantiene dentro de los parámetros previstos la relación entre lo que aporta el Estado provincial y lo que ingresa por el pago de los pasajeros.
"No tenemos previsto por lo que resta del año modificaciones en la tarifa", señaló el funcionario. Según explicó, Transporte monitorea permanentemente la evolución del combustible, los acuerdos salariales, el precio de las unidades nuevas, los repuestos y los neumáticos, entre otros componentes que determinan cuánto cuesta mantener funcionando el servicio.
La última actualización se produjo el 13 de julio, cuando el boleto urbano pasó de $1.400 a $1.680, una suba del 20%. La decisión de mantener ese valor hasta fin de año se produce mientras creció el aporte que realiza la Provincia para sostener el transporte.
Actualmente, el Ejecutivo destina alrededor de $860 millones por día, contra los $800 millones diarios que informaba en abril. La diferencia es de $60 millones, equivalente a un incremento del 7,5% en cinco meses. Borrego atribuyó esa variación principalmente a las actualizaciones salariales y al incremento del combustible.
En abril, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, había explicado que la Provincia destinaba unos $800 millones por día hábil al sistema y que los mayores costos derivados del gasoil, salarios y otras variables eran reconocidos periódicamente por el Estado. Las empresas cobran de acuerdo con los kilómetros efectivamente recorridos y las transferencias se devengan diariamente y se pagan semanalmente.
El costo por kilómetro es uno de los principales parámetros utilizados para determinar cuánto debe recibir cada operador y no necesariamente es idéntico para todas las empresas y servicios. Según Borrego, actualmente el valor promedio se ubica en $3.973 por kilómetro.
La última modificación general se produjo el 1° de marzo y desde entonces no hubo una nueva actualización integral, aunque durante el año se compensaron las variaciones correspondientes a las paritarias y al gasoil.
Ese promedio convive con los estudios de costos que realiza el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) para determinar los valores correspondientes al sistema. A fines de 2025, el organismo había calculado para el servicio urbano un Costo Kilómetro Promedio Ponderado de $4.081,95, frente a los $2.866 que regían anteriormente.
Las empresas, a su vez, presentan sus propios estudios de costos de acuerdo con las características de los recorridos, las unidades utilizadas, los kilómetros realizados y los distintos componentes de la prestación. Por eso, el costo reconocido puede variar entre operadores y servicios.
El mecanismo resulta relevante porque el financiamiento provincial no se determina por la cantidad de pasajeros transportados. El Estado remunera a las empresas sobre la base de los kilómetros efectivamente recorridos, mientras que la recaudación tarifaria constituye otra de las fuentes de financiamiento del sistema.
El Presupuesto provincial reservó para este año $292.000 millones para el Fondo Compensador del Transporte, que comprende tanto el servicio del Gran Mendoza como los recorridos de media y larga distancia del resto de la provincia.
De acuerdo con los datos actuales de Transporte, esos recursos permiten cubrir aproximadamente el 65% del costo del sistema, mientras que el 35% restante corresponde al aporte realizado por los usuarios a través de la tarifa.
La relación presenta una diferencia respecto de las estimaciones realizadas al comenzar el año. En abril, el Gobierno hablaba de una cobertura estatal superior al 70%.
Transporte calcula que hasta ahora se ejecutó entre el 70% y el 75% de los recursos previstos para el Fondo Compensador. Si se toman esos porcentajes sobre los $292.000 millones presupuestados, representan entre $204.400 millones y $219.000 millones.
El cálculo original debió convivir durante el año con variaciones que no estaban previstas cuando se elaboró el Presupuesto. Borrego indicó que el combustible aumentó más de 30% entre febrero y mayo y representa alrededor del 15% del costo del transporte. El componente salarial, en tanto, concentra casi el 40% y registró una variación superior al 20%.
La tarifa plana de $1.680 tampoco refleja lo que paga la totalidad de los pasajeros. Más del 60% de las transacciones realizadas en Mendoza tiene algún tipo de beneficio y solamente alrededor del 40% abona el valor completo.
Dentro del primer grupo aparecen las gratuidades del 100% para docentes, celadores, mayores de 70 años y personas con discapacidad, además de descuentos para estudiantes y otros segmentos del sistema.
Actualmente se registran entre 700.000 y 750.000 transacciones durante un día hábil. Según Transporte, el nivel de utilización se mantuvo relativamente estable respecto de los primeros meses de 2026 y el cierre de 2025.
La recaudación canalizada mediante SUBE supera los $12.000 millones mensuales. El sistema cobra una comisión del 4,5%, aunque una compensación nacional cubre aproximadamente tres puntos, por lo que el costo efectivo para Mendoza se ubica en torno al 1,5%.
La expansión de SUBE también permitió incorporar progresivamente zonas que anteriormente utilizaban otros mecanismos de pago. En la Zona Este, donde comenzó a implementarse en mayo, la recaudación ronda los $2.500 millones mensuales y Transporte calcula una mejora cercana al 5%. En Lavalle ingresan unos $500 millones por mes y la mejora estimada se encuentra entre el 5% y el 8%.
Uno de los últimos cambios aplicados por Transporte fue la eliminación del descuento del 17% que tenían los viajes realizados durante las denominadas horas valle. La medida había sido implementada de manera experimental para intentar distribuir mejor la demanda.
El sistema mendocino tiene tres picos marcados durante los días hábiles: entre las 6 y las 7, entre las 12 y las 13 y entre las 17 y las 18. Como la cantidad de colectivos y frecuencias debe estar preparada para responder a esos momentos, durante las franjas intermedias queda capacidad disponible.
El descuento buscaba que aquellos pasajeros que tuvieran flexibilidad modificaran sus horarios. Sin embargo, después de más de un año de aplicación, Transporte detectó que el movimiento hacia las horas valle no superó el 5% respecto de la situación previa. Ante ese escenario, Borrego confesó que esa medida "no dio el resultado esperado".
Una de las explicaciones oficiales es la rigidez de los horarios laborales y educativos. Estos últimos representan más del 35% de la demanda del transporte público y tienen pocas posibilidades de desplazarse hacia otras franjas.
Los recursos que se destinaban a financiar ese descuento permanecen dentro del Fondo Compensador y pueden ser utilizados para otras políticas tarifarias. Entre ellas, Transporte menciona la extensión del beneficio del usuario frecuente a distintas zonas a medida que avanza la implementación de SUBE.
El Gobierno continuará siguiendo durante los próximos meses la evolución del combustible, salarios y otros componentes del sistema. Si esas variables se apartan de las previsiones, una de las alternativas disponibles es modificar la tarifa. Sin embargo, con la estructura actual de costos y financiamiento, Transporte sostiene que no tiene previsto aplicar otro aumento del boleto antes de finalizar 2026.
