Bullrich busca alcanzar un acuerdo político para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental, luego de que el proyecto oficialista no lograra hasta el momento consenso entre los distintos bloques del Senado.
Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación.
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La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, inició una ronda de reuniones con ministros provinciales de Salud y funcionarios nacionales. El objetivo del oficialismo es alcanzar consensos que permitan avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental.
El proyecto impulsado por el Gobierno se encuentra en el Senado y todavía no logró reunir el respaldo necesario entre los distintos bloques. Entre sus principales ejes aparecen la regulación de las internaciones involuntarias y la incorporación de las adicciones a las drogas dentro de las problemáticas vinculadas con la salud mental.
Bullrich mantuvo este lunes, junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, una serie de encuentros virtuales con autoridades sanitarias de distintas provincias. Participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
La ronda continuará este martes con reuniones con funcionarios de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones durante la mañana. Por la tarde será el turno de los ministros de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
La senadora oficialista defendió la necesidad de modificar una normativa que, según sostuvo, presenta “dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves”.
En ese sentido, Bullrich afirmó que “la salud mental no puede seguir esperando”. Además señaló que la reforma pretende “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.
El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Senado el 18 de abril. Posteriormente se realizaron reuniones informativas el 28 de abril y el 12 de mayo, pero el tratamiento quedó trabado ante la falta de un acuerdo entre los distintos bloques, que plantearon modificaciones a la iniciativa oficial.
Uno de los puntos que está bajo discusión es el mecanismo para disponer internaciones involuntarias. Entre las modificaciones que se analizan figura que la medida requiera la firma de dos profesionales, uno de ellos médico y, en lo posible, especialista en psiquiatría.
De esta manera, se modificaría el esquema previsto inicialmente por el Gobierno, que establecía que la decisión podía quedar exclusivamente en manos de un psiquiatra.
A su vez, se mantendría el criterio de que una internación involuntaria solo pueda concretarse “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. También se contempla ampliar, en situaciones excepcionales, el plazo de 48 horas para comunicar a la Justicia los fundamentos de la decisión.
Otra propuesta consiste en establecer un plan de egreso desde el momento del diagnóstico como requisito para la internación. Además, se analiza notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de salida.
La reforma también contempla cambios vinculados con el consumo problemático de sustancias en menores de edad. En particular, se analiza incorporar un artículo específico que establezca que esos casos deberán ser atendidos por equipos profesionales con formación en el área infanto-juvenil.
Otro de los puntos en discusión es mantener la prohibición de crear manicomios y de establecer internaciones crónicas por problemáticas de salud mental. Además, dentro de las modificaciones que se evalúan figura la eliminación de los artículos relacionados con la Ley 26.827, vinculada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
