La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para definir el futuro del DNU 70/2023. Si el decreto es derogado, recuperarían vigencia distintas normas sobre alquileres, medicina prepaga y tierras rurales.
Diputados convocó a una sesión especial para el próximo 15 de octubre para definir el futuro del DNU 70.
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La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial fija para el próximo 15 de octubre con el propósito de resolver la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Se trata del megadecreto de 366 artículos impulsado por la administración de Javier Milei que modifica o disuelve una serie de regulaciones, leyes e instituciones.
Luego de que el Senado rechazara la medida en marzo de 2024, un pronunciamiento en contra por parte de la Cámara baja significaría la derogación definitiva del megadecreto. El detonante clave que impulsó esta nueva iniciativa fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que restableció el artículo 154 del decreto, el cual había dejado sin efecto los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
De derogarse el DNU, las siguientes leyes recuperarían su vigencia legal:
Ley de Alquileres: se produciría el retorno automático del marco regulatorio anterior. Esto implicaría reestablecer la obligatoriedad de contratos con una duración mínima de tres años y un esquema de actualizaciones semestrales calculadas bajo el índice Casa Propia.
Medicina prepaga: quedarían restablecidos los controles estatales sobre las cuotas de las empresas del sector. Las compañías de medicina privada deberían volver a solicitar autorización previa al Estado para aplicar cualquier tipo de incremento en sus aranceles.
Régimen de empresas del Estado: quedaría sin efecto el mandato de transformar las empresas y sociedades estatales en sociedades anónimas para su posterior privatización. Volverían a regir las estructuras jurídicas previas, como Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. A su vez, se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
Privatización de Aerolíneas Argentinas: perdería efecto la autorización legal para ceder el paquete accionario de la compañía a sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, lo que complejizaría proyectos de traspaso o privatización que el Gobierno impulse por esa vía.
Política de cielos abiertos: se pondría en revisión la liberalización del transporte aéreo comercial de pasajeros y carga, pudiendo revertirse las condiciones operativas en los mercados doméstico e internacional según eventuales fallos judiciales o cautelares.
Ley de Abastecimiento: el Estado recuperaría las facultades para intervenir en el mercado, fijando precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones calificadas de desabastecimiento o especulación.
Ley de Góndolas: reinstauraría la obligación para los supermercados de reservar porcentajes de espacio en sus estanterías para productos comercializados por pequeñas y medianas empresas y garantizar transparencia en la exhibición de precios.
Ley de Compre Nacional: restablecería el régimen de preferencias a favor de bienes y servicios de origen argentino en licitaciones y contrataciones del sector público.
Comercio exterior: Reinstauraría el registro obligatorio para importadores y exportadores, restituyendo al Poder Ejecutivo la potestad de disponer restricciones económicas sobre las operaciones de exportación e importación.
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): se restablecerían las funciones del organismo regulador del mercado yerbatero, cuya disolución generó un amplio impacto político en provincias productoras como Misiones.
Ley de Tierras: retornaría la vigencia de las restricciones y topes a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Servicios de internet satelital: la derogación colocaría en un limbo jurídico la desregulación del sector que permitió el desembarco y expansión de proveedores globales como Starlink.
